La Contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen Vega Fournier emitió una opinión cualificada sobre las operaciones del Programa Federal de Donación de Propiedad Excedente de la Administración de Servicios Generales (ASG), tras identificar deficiencias relacionadas con la elegibilidad de un donatario, tardanzas en inspecciones requeridas y la inoperancia de la Junta Asesora del Programa.
El Programa Federal de Donación de Propiedad Excedente permite que bienes federales que ya no son necesarios para agencias del gobierno federal sean transferidos a municipios, agencias gubernamentales, instituciones educativas, organizaciones sin fines de lucro y otras entidades elegibles, para fortalecer sus servicios y operaciones.
La auditoría de cumplimiento cubrió el período del 1 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2025 y examinó el cumplimiento de los procesos relacionados con la evaluación de donatarios, la entrega de propiedad federal excedente y las inspecciones requeridas para garantizar el uso adecuado de los bienes donados.
“Los procesos establecidos para la administración de la propiedad pública deben cumplirse rigurosamente para garantizar la transparencia, la equidad y el uso efectivo de los recursos disponibles para las entidades que sirven a la ciudadanía”, expresó la Contralora Vega Fournier.
Entre los hallazgos de la auditoría, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) identificó que la ASG entregó una propiedad valorada en $46,785 a una entidad cuya certificación de elegibilidad para participar del Programa había expirado. La transferencia fue aprobada ocho días después de vencida la elegibilidad y la propiedad fue entregada 23 días después de dicho vencimiento. La actualización de la certificación ocurrió 149 días después de la entrega del bien.
Además, se detectaron tardanzas de 35 y 114 días en la realización de inspecciones para corroborar que dos entidades hubieran puesto en uso la propiedad donada dentro del término de un año requerido por la reglamentación federal.
La auditoría también reveló que la Junta Asesora del Programa no celebró reuniones ordinarias ni extraordinarias durante el período auditado. Este organismo tiene la responsabilidad de promover el programa, recomendar mejoras reglamentarias y representar los intereses de las entidades participantes.
Según el informe, estas situaciones pueden propiciar la distribución de bienes a entidades que no mantienen actualizada su elegibilidad, limitar la capacidad de detectar oportunamente propiedades que no están siendo utilizadas conforme a los requisitos establecidos y afectar la promoción y desarrollo efectivo del Programa.
Como resultado de los hallazgos, la OCPR recomendó a la administradora y principal oficial de compras de la ASG fortalecer los controles para asegurar que la elegibilidad de los donatarios esté vigente antes de aprobar y entregar propiedad excedente, realizar oportunamente las inspecciones requeridas y garantizar el funcionamiento de la Junta Asesora conforme a la Ley Núm. 28 y la reglamentación aplicable.
En sus comentarios al borrador del informe, la ASG sostuvo que uno de los señalamientos relacionados con las inspecciones se realizó conforme a la normativa aplicable. Sin embargo, la OCPR mantuvo el hallazgo al concluir que la Ley Núm. 28 requiere verificar el uso de la propiedad dentro del período establecido y documentar adecuadamente dichas revisiones.
Durante el período auditado, la ASG recibió autorización para distribuir 1,126 unidades de propiedad federal excedente con un costo de adquisición ascendente a
$1.84 millones.
El informe está disponible en la página electrónica de la Oficina de la Contralora, www.ocpr.gov.pr.
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