Cuestionados los poderes de los profesionales de permisos

Por Luis Joel Méndez González | Centro de Periodismo Investigativo

Mientras la gobernadora Jenniffer González Colón impulsa una reforma que ampliaría los poderes de los profesionales facultados a emitir permisos, las vistas públicas y ponencias sobre el nuevo Código de Planificación y Permisos han puesto sobre la mesa múltiples fallas en el desempeño de estos funcionarios que acredita la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), incluyendo incumplimientos con requisitos de documentos o la emisión de permisos sin estar debidamente acreditados.

Los Profesionales Autorizados y los Inspectores Autorizados se crearon mediante la ley de permisos de 2009 con la función de evaluar y expedir permisos para el desarrollo y uso de terrenos. El Proyecto de Administración 114 propuesto por la Gobernadora amplía esa función, hace nuevas definiciones y les delega funciones adjudicativas que ahora realizan varias agencias gubernamentales fuera de la OGPe, como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Instituto de Cultura Puertorriqueña.

Según el Colectivo Interdisciplinario de Profesionales, que integra a profesionales de las Ciencias Sociales: “El modelo [bajo el nuevo Código] descansa fuertemente en la delegación de funciones hacia una nueva categoría de actores: los ‘profesionales del sistema de permisos’”.

“Esta fragmentación de roles aparenta sofisticación técnica, pero plantea interrogantes sobre coherencia, supervisión y conflictos de interés”, añade en su ponencia presentada ante la Asamblea Legislativa.

El Colectivo indica que este nuevo modelo “otorga todo el peso de la validación al profesional licenciado, reduciendo el rol del Estado de ente evaluador a ente fiscalizador posterior”.

“La fiscalización posterior [que es la que, según el proyecto, ejercerán las agencias de Gobierno] no sustituye la prevención cuando se trata de decisiones con impactos permanentes sobre el territorio. Un profesional siempre está a la disposición de su cliente; el Estado debe estar al servicio del país”, menciona el grupo.

Los Profesionales Autorizados son agrimensores, agrónomos, arquitectos, ingenieros, geólogos y planificadores y otros profesionales de la construcción, todos licenciados, que obtengan la autorización de la OGPe para evaluar y conceder o denegar permisos. Mientras que los Inspectores Autorizados, certificados por OGPe, inspeccionan y expiden certificaciones y documentos para la construcción de obras, desarrollo de terrenos, permisos de uso y operación de negocios.

No son empleados de la OGPe ni de la Junta de Planificación. Son figuras que intervienen en el proceso de obtención de un permiso que busca una persona o una compañía.

Actualmente, cerca de 150 Inspectores y Profesionales Autorizados están registrados en el portal de la OGPe, aunque no todos están activos.

El Proyecto de Administración 114 propone un Código de Ética que regularía a estos profesionales. Sin embargo, no establece los procedimientos para evaluar su desempeño y cumplimiento ni para investigar o sancionar a estos profesionales de los permisos, sino que los delega al Reglamento de Regulación Profesional. El Reglamento vigenteencomienda a la OGPe la imposición de multas y sanciones. Sin embargo, esa agencia se eliminaría con el Código propuesto.

Las facultades adjudicativas que el Proyecto de Administración le concedería a estos profesionales de permisos van en contra de las recomendaciones de organizaciones que exigen mayores controles y la imposición de rigurosas penalidades ante las fallas, ilegalidades y omisiones de estos profesionales, que incluso han sido detectadas por la Oficina del Inspector General y la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), halló el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Por ejemplo, aunque el Centro Unido de Detallistas (CUD) cree que la figura del Profesional Autorizado tiene el propósito de acelerar la obtención de los permisos, no cree en la capacidad del Gobierno de regularla y, por eso, le preocupa la delegación de mayores funciones, entre ellas adjudicativas.

“Esta promesa de promulgación de reglamentación en regulación de la conducta de estos profesionales ha sido un compromiso hecho en los pasados años y no ha sido cumplido. La medida, debe disponer de un término de estricto cumplimiento e improrrogable para su consecución. Esta reglamentación debe tener las penalidades aplicables ante inobservancias”, señaló el presidente del CUD, Ramón Barquín III en su ponencia.

“La figura del Profesional Autorizado y el Inspector Autorizado están carentes de una adecuada fiscalización, lo que ha generado problemas ya que estos profesionales han aprobado permisos que no cumplen con los requisitos aplicables a la operación. Esta situación se agrava cuando observamos la amplitud de facultades que se ha otorgado [en el proyecto de ley] a estos profesionales”, añadió Barquín.

En una columna de opinión publicada recientemente en el periódico El Nuevo Día, el ingeniero y ecólogo Carl Axel Soderberg recordó que en el caso de la masacre ambiental cometida en la Bahía Jobos, en Salinas, la Junta de Planificación (JP) concluyó que se permitió mediante la emisión de permisos fatulos otorgados por un Profesional Autorizado, a quien se le puso una multa de $25,000 y se le revocó la licencia por solo dos años.

El CPI preguntó a la Junta de Planificación cuántos Profesionales e Inspectores Autorizados han sido multados desde 2009, cuando se aprobó la ley vigente, a cuántos se les ha revocado la licencia y a cuánto ascienden las multas y cuánto se ha recobrado, pero al cierre de esta edición la información no fue entregada.

En su ponencia ante la Legislatura, la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste propuso varias recomendaciones, entre ellas, que el “profesional autorizado deberá responder con la revocación de su licencia profesional (e.g., planificador, ingeniero, arquitecto)” en caso de incumplimiento.

El planificador ambiental y miembro de la Coalición, Luis Jorge Rivera Herrera, recomendó además que el proponente de la obra esté obligado a responder, en caso de fraude o incumplimiento, demoliendo “cualquier estructura ilegal y restaurar el predio a su condición natural de no haber estado edificada o pavimentada anteriormente”. De igual forma, sugirió que se le restituya al Gobierno “todos los gastos de las acciones de cumplimiento y fiscalización, más una penalidad equivalente a un por ciento determinado del costo o valor total de la obra”.

“De esta manera, se estaría adoptando un mecanismo real que sirva de disuasivo al incumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables”, sugirió Rivera Herrera.

El proyecto propuesto dispone que “la responsabilidad civil del que diseña o construye, establecido en el Código Civil de Puerto Rico y el Capítulo de Certificación de Planos, no se extenderá a los Profesionales Acreditados”, lo que significa que no serán responsables por cualquier defecto de construcción o diseño en la obra.

También, en el propuesto Código de Planificación y Permisos, se eliminó una oración de la ley vigente que excluye a estos profesionales de permisos de la inmunidad que se les concede a los oficiales, agentes o empleados de la OGPe y que expresamente disponía: “Los profesionales autorizados no estarán cobijados bajo esta disposición y responderán individualmente en cualquier acto judicial que se origine contra el Estado”.

Aunque no se les incluyó entre quienes gozarán de inmunidad de aprobarse el Código, un abogado experto en derecho ambiental, otro en derecho administrativo y un planificador consultados por el CPI coincidieron en que debería mantenerse la disposición expresa para que no haya margen de duda de que son responsables por actos u omisiones negligentes o culposos que pueden llevar a una autorización de permiso que no procede.

El Proyecto de Administración 114 se encuentra ante la consideración de la Cámara de Representantes (Proyecto de la Cámara 1213) y el Senado (Proyecto del Senado 1183). En la Cámara, la Comisión Especial para Atender la Reforma de Permisos ha realizado siete vistas públicas, mientras que la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado ha tenido cuatro audiencias sobre esta medida, que tiene más de 800 páginas. Entre ambos cuerpos, han recibido cerca de 50 ponencias escritas.

Contundentes señalamientos

Un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) publicado en 2023 reveló la ausencia de auditorías a los Permisos de Construcción otorgados por la OGPe, los profesionales de permisos y los municipios autónomos. En 2021, en un periodo de 10 meses, “se otorgaron 5,424 permisos de construcción”, menciona el informe. La JP “certificó a la OIG que para ese periodo solo se auditó un permiso”. La JP es la agencia obligada a auditar esos permisos.

El informe reveló también que ingenieros y arquitectos que no estaban autorizados por la OGPe como Profesionales Autorizados, otorgaron Permisos de Construcción. Esa misma queja trascendió en las vistas públicas. La OIG también encontró que algunos de estos profesionales ejercieron tareas conflictivas al figurar como “proyectistas en permisos que autorizaron”. Los proyectistas son ingenieros o arquitectos licenciados que confeccionan y certifican los planos y documentos necesarios para obras y permisos.

Por su parte, la Oficina del Contralor también encontró deficiencias en el otorgamiento de permisos a manos del Profesional Autorizado. Entre los hallazgos de la OCPR está el otorgamiento de permisos “por profesionales sin autoridad para ello y sin todos los documentos requeridos”. Por ejemplo, no tener evidencia de titularidad o arrendamiento y falta de autorización del dueño del proyecto para un Permiso de Uso Residencial. En otro caso, el profesional carecía de evidencia de que el proyectista, los especialistas y el inspector designados estuvieran licenciados y colegiados por sus respectivos gremios profesionales.

“Las situaciones comentadas pueden propiciar que se impugne y se cuestione la validez de los permisos otorgados y colocar a la OGPe en una posición desventajosa en caso de reclamaciones de parte de las personas o entidades que puedan verse afectadas por el otorgamiento de dichos permisos”, señaló la Oficina del Contralor en su auditoría.

El Contralor encontró, además, que los profesionales se apartaron de las disposiciones legales y reglamentarias al otorgar permisos, aparte de no haber sido evaluados por la OGPe, alegando que la Oficina de Regulación Profesional “no cuenta con suficiente personal para atender los referidos”. También, identificó retrasos en la investigación de casos sometidos entre 2012 y 2016 ante su División de Querellas por supuestos incumplimientos en la solicitud y otorgación de permisos.

Cuatro categorías de profesionales de permisos

Bajo el propuesto Código de Planificación y Permisos de la Gobernadora, los Profesionales Autorizados podrán evaluar y adjudicar trámites como los de Permisos Únicos, Permisos de Construcción Consolidados, Permisos Únicos Incidentales y Determinaciones de Cumplimiento Ambiental por Exclusión Categórica.

“Esto es extraordinario, pues dichos permisos pueden incluir movimientos de terrenos, corte de árboles, desmontes, impactos en especies, en vecindarios, en el bienestar vecinal y otros”, advirtió el abogado ambiental y profesor retirado de la Clínica Ambiental de la Escuela de Derecho del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Río Piedras (UPR), Pedro Saadé Lloréns, en un escrito con comentarios sobre la medida, para la cual solicita que se celebren más vistas públicas.

En la propuesta reforma de permisos, se habla de cuatro tipos de profesionales que trabajarían con la expedición de permisos y adjudicaciones: el Profesional Autorizado, el Profesional Cualificado, el Inspector Autorizado y los Profesionales Licenciados. La diferencia entre estas cuatro figuras es que atenderían trámites distintos dentro del sistema de permisos. Además, el servicio del Profesional Cualificado no tiene que ser prestado por un Profesional Licenciado como sería un arquitecto, agrónomo, agrimensor o un ingeniero.

En el código propuesto, estos profesionales de permisos podrían ser asignados por la Oficina Central de Permisos, que sustituiría a la OGPe, para atender solicitudes de servicios de manera aleatoria. También, mantiene de la ley vigente que puedan ser contratados directamente por una entidad o persona que necesite un permiso.

En su ponencia enviada al Senado, Saadé Lloréns señaló que la reestructuración que propone el propuesto Código, en el que se concentra el poder de reglamentación y permisos en el DDEC, “viene acompañada además por un ampliado e importantísimo traspaso de funciones públicas a los Profesionales Acreditados”. Entre esos nuevos poderes, destacó “certificar que un proyecto no tendrá impactos significativos y, por ende, no hacer necesaria la preparación y notificación de una Declaración de Impacto Ambiental”.

A juicio del licenciado, “esto representa una pérdida mayor que debe estar en manos de funcionarios públicos, no de entes privados contratados por los privados que precisamente se beneficiarían de las decisiones de los primeros”, por lo que no recomienda la aprobación del Código propuesto. “Como si fuera poco, la aludida reestructuración incluye traspasar las funciones de cuido y custodia de las costas —incluyendo las autorizaciones o concesiones en Bienes Públicos costeros— al DDEC o a los Profesionales también”.

El planificador y director de la organización ¡Planifiquemos!, David Carrasquillo Medrano, se mostró preocupado porque el proyecto disminuye la rendición de cuentas de estos profesionales de permisos, en particular, le preocupa la falta de fiscalización de esta figura que es contratada por los propios solicitantes de permisos.

El Sierra Club también expresó públicamente preocupación por las facultades que el Proyecto de Administración le concede a estos profesionales de permisos. “Las medidas permiten que profesionales contratados directamente por desarrolladores, empresas o solicitantes ejerzan funciones de evaluación, certificación y recomendación dentro del sistema de permisos”, señaló la organización.

“Esto genera preocupación porque quienes son contratados por la parte interesada en obtener un permiso podrían tener un incentivo económico para favorecer la aprobación del proyecto. Muchas personas entienden que las funciones de evaluación y adjudicación deben permanecer principalmente en manos de funcionarios públicos sujetos a fiscalización”, añadió el Sierra Club.

La presidenta del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, Olga Angueira Andraca, alertó en su ponencia que la medida abre la puerta a que Profesionales Cualificados que “carecen de la licencia profesional o el grado de responsabilidad ética exigido para la validación de documentos oficiales” tomen decisiones en nombre de las agencias. A diferencia del Profesional Autorizado o un Inspector Autorizado, un Profesional Cualificado no tiene que tener una licencia profesional, como la arquitectura por ejemplo, que se arriesgan si hay un incumplimiento en sus deberes y puede ser un disuasivo de incurrir en acciones irregulares o negligentes.

“Delegar en el sector privado la determinación de asuntos relacionados con impactos a hábitats naturales implica trasladar una responsabilidad inherente del Estado a actores que responden, en última instancia, a intereses particulares. Si bien los Profesionales Licenciados poseen el conocimiento técnico, su intervención no debe sustituir la función fiscalizadora y evaluadora de las agencias gubernamentales concernidas”, agregó Angueira Andraca.

Según la propuesta de ley, los Profesionales Cualificados podrían expedir Certificaciones de Solicitudes de Permiso Único Incidental, de Capacidad de Infraestructura y hasta una Determinación de No Impacto Ambiental, “eximiendo así al interesado de tener que presentar una Declaración de Impacto Ambiental”, sostuvo Saadé Lloréns.

“Debe rechazarse categóricamente que profesionales contratados privadamente puedan tener poderes tan extraordinarios como estos”, expresó el abogado.

La Coordinadora Unitaria de los Trabajadores del Estado así como el Colegio de Ingenieros y Agrimensores coincidieron en sus ponencias en la necesidad de ajustar las definiciones de los profesionales de permisos para que sean licenciados en su área de peritaje y respondan al Estado y no a los solicitantes de permisos.

El Código de Planificación y Permisos propone además la creación de un Panel de Fiscalización y Cumplimiento que sancionaría a los profesionales de permisos en caso de acciones contrarias a la ley de ser aprobada.

Por ejemplo, el panel podría revocar la acreditación del profesional de permisos “en casos de incumplimiento grave y reiterado”. Estas sanciones podrán ser notificadas a sus respectivos gremios profesionales. El Código también daría paso a la imposición de multas y cárcel en caso de que se someta información incorrecta, falsa o se omita información necesaria para obtener una recomendación, licencia, permiso o autorización. Sin embargo, únicamente cuando haya sido “a propósito y con conocimiento de su falsedad o con grave menosprecio de la verdad”.

Posibles conflictos de interés

El proyecto daría paso a que cualquier municipio o agencia gubernamental pueda contratar como profesionales de permisos a exempleados inmediatamente después de finalizar sus labores. La Ley de Ética Gubernamental prohíbe que un exfuncionario sea contratado por la dependencia en que trabajó los primeros dos años tras la terminación de su empleo o asesorando ante esa misma agencia. “La contratación directa no constituirá, por sí sola, un conflicto de intereses ni afectará la validez del trámite”, establece.

El director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis A. Pérez Vargas, advirtió en su ponencia que la medida “no define lo que es un conflicto de intereses en virtud de los asuntos relacionados con la evaluación y concesión de permisos”.

“El marco ético vigente pretende, ante todo, evitar que un funcionario pueda beneficiarse indebidamente de la información confidencial, el conocimiento interno o las relaciones que adquirió mientras ejercía funciones públicas. Cuando se permite que una agencia contrate como Profesional Acreditado a su propio ex empleado inmediatamente después de su salida, se desvirtúa este objetivo fundamental”, expresó Pérez Vargas.

El Director de la OEG dijo que “eximir a los Profesionales Acreditados crea una categoría privilegiada de ex servidores públicos que, a diferencia de otros, podría  reincorporarse inmediatamente en su agencia de origen. Esta desigualdad normativa transgrede el principio de igualdad ante la ley y genera un precedente peligroso para futuras excepciones que erosionen progresivamente la estructura de salvaguardas éticas”.

La propuesta de Rivera Schatz

Dos días antes de que fuera presentado el proyecto de ley que daría paso al Código de Planificación y Permisos, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz sometió el Proyecto del Senado 1173, una versión distinta y menos abarcadora con relación a los profesionales que trabajan en los trámites de permisos.

Entre los cambios a la ley vigente, se encuentra la sustitución del Permiso Único para operar ciertos negocios por la Declaración de Uso, lo que eliminaría las inspecciones previas como requisito. En el sistema de permisos actual, las inspecciones pueden ser llevadas a cabo por Inspectores Autorizados, mientras que los permisos pueden ser aprobados por los Profesionales Autorizados.

Para la Declaración de Uso, que es un formulario electrónico, requerirá que el solicitante presente evidencia fotográfica y documental de que está en cumplimiento con los requisitos exigidos para el negocio propuesto. Estas declaraciones se evaluarán a base del posible impacto del negocio en su entorno inmediato, comunidad e infraestructura existente.

“El ciudadano notifica. El Estado registra. La fiscalización opera después, no antes”, lee la medida de Rivera Schatz.

Wilma Maldonado Arrigoitía colaboró en esta historia.