La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, presidida por el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, celebró hoy la quinta vista pública sobre las medidas dirigidas a reformar el sistema de permisos en Puerto Rico, como parte de la evaluación del Proyecto del Senado 1173, presentado por Rivera Schatz, y el Proyecto del Senado 1183 de la gobernadora Jenniffer González Colón.
La vista pública dio continuidad al proceso de evaluación legislativa que el Alto Cuerpo ha desarrollado durante las pasadas semanas, recibiendo insumo de municipios, agencias gubernamentales y organizaciones sobre el alcance de las medidas y el impacto que tendrían sobre la planificación territorial, la autonomía municipal y la estructura del sistema de permisos.
Durante los trabajos, Rivera Schatz reiteró que la intención del Senado es lograr una reforma que permita agilizar procesos sin debilitar mecanismos de fiscalización ni comprometer la protección ambiental, la seguridad pública o el funcionamiento adecuado de las entidades gubernamentales. Asimismo, reiteró reservas sobre disposiciones del Proyecto del Senado 1183 relacionadas con la creación de nuevas estructuras, reorganización gubernamental y concentración de facultades decisionales; así como con el tiempo que esto podría conllevar para su implementación.
“Un proyecto extenso de 800 páginas que tiene muchas implementaciones y enmiendas, y el otro proyecto lo que procura es ir a la mecánica diaria para de inmediato procurar agilidad en lo que se pueda. Es una consideración quizá más práctica para movernos”, expresó el presidente senatorial al comparar el alcance del P. del S. 1173 con la estructura amplia contenida en el P. del S. 1183.
Del mismo modo, Rivera Schatz cuestionó la complejidad operacional y el tiempo que podría tomar implementar la estructura propuesta en el P. del S. 1183. “El Proyecto del Senado 1183 deroga 14 leyes, procura armonizar 29, crea una estructura vertical de varias capas en distintos departamentos y zonas geoeconómicas, establece juntas, oficinas y reorganiza la instrumentalidad pública para darle agilidad a los permisos”, señaló.
Asimismo, Rivera Schatz planteó preocupaciones sobre el costo y el tiempo necesario para implantar una reorganización gubernamental de esa magnitud. “Pasaría más de un año desde que se establezca formalmente la estructura hasta que comience a operar”, expresó el líder senatorial al cuestionar cuánto tiempo tomaría al Gobierno de Puerto Rico poner en funcionamiento el modelo propuesto mediante el P. del S. 1183.
En su comparecencia, el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, expresó respaldo a varios objetivos contenidos en el Proyecto del Senado 1183 relacionados con uniformidad, coordinación administrativa y modernización tecnológica. El secretario del DRNA enfatizó que cualquier reforma al sistema debe preservar las funciones de fiscalización ambiental y el cumplimiento con programas federales delegados por la Agencia de Protección Ambiental Federal (EPA).
Entre sus recomendaciones, Quiles Pérez propuso mantener separadas las facultades de otorgación de permisos y fiscalización ambiental, garantizar la continuidad de las delegaciones federales y asegurar que el DRNA conserve jurisdicción sobre monitoreo, inspecciones, querellas y cumplimiento ambiental.
Asimismo, el secretario del DRNA favoreció que cualquier implantación de un nuevo modelo preserve la capacidad técnica especializada de las agencias ambientales y mantenga coordinación formal con la EPA ante cambios estructurales relacionados con programas federales delegados. En cuanto al Proyecto del Senado 1173, expresó respaldo y deferencia a los comentarios sometidos previamente por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y la Junta de Planificación, particularmente sobre asuntos relacionados con la estructura operacional.
En un intercambio con el secretario del DRNA, Quiles Pérez, el presidente senatorial defendió disposiciones contenidas en el inciso B de la Sección 10.50.03 del Proyecto del Senado 1173 relacionadas con las facultades del DRNA en la identificación de zonas ecológicamente sensitivas, de conservación y protección ambiental. Inciso sobre el cual la agencia había planteado previamente preocupaciones relacionadas con el alcance de sus facultades.
“¿En qué afecta a la Junta de Planificación y en qué afecta el Plan de Uso de Terrenos? Si sencillamente lo que está buscando es el peritaje y el conocimiento del Departamento de Recursos Naturales para identificar aquellas zonas que deberían ser categorizadas como ecológicamente sensitivas, de conservación o de protección ambiental”, expresó Rivera Schatz.
El líder senatorial sostuvo que dicha disposición del Proyecto del Senado 1173 no altera facultades de la Junta de Planificación ni del DRNA, y aprovechó el intercambio para contrastar ese enfoque con el Proyecto del Senado 1183. “No veo que el inciso B de la Sección 10.50.03 le añada facultades o le quite facultades a usted o a la Junta de Planificación. Lo que están eliminando en el Proyecto del Senado 1183 es la participación de la Junta de Planificación, del proyecto de administración. Y luego de presentadas sus recomendaciones sobre ese proyecto ya se fue el secretario de la OGPe y el presidente de la Junta de Planificación se fue de vacaciones, por alguna razón”, expresó el presidente senatorial, Rivera Schatz, durante el intercambio con el secretario del DRNA.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Contratistas Generales de América–Capítulo de Puerto Rico (AGC), ingeniero Ismael Sánchez, expresó respaldo a disposiciones contenidas tanto en el Proyecto del Senado 1173 como en el Proyecto del Senado 1183 dirigidas a uniformar procesos, reducir duplicidad y agilizar la tramitación mediante herramientas digitales.
El ingeniero Sánchez favoreció la formalización del Sistema Único de Información (SUI) como plataforma centralizada para la radicación y manejo de expedientes, al sostener que permitiría evitar duplicidad de documentos y reducir retrasos innecesarios en la evaluación de proyectos. Asimismo, respaldó mecanismos para establecer términos específicos de validación inicial de documentos y procesos de auditoría que permitan atender atrasos administrativos.
Entre las recomendaciones presentadas, el presidente de la AGC favoreció que el Permiso de Construcción Consolidado funcione como un mecanismo integrador de procesos civiles y ambientales, permitiendo que distintos profesionales participen simultáneamente en la evaluación de proyectos mediante acceso compartido al expediente digital. Además, respaldó agilizar la aprobación del Permiso Único Incidental (PUI) en proyectos que ya cuentan con permisos de construcción aprobados y evaluaciones ambientales completadas.
Del mismo modo, el ingeniero Sánchez recomendó eliminar ciertos requisitos de preconsultas en trámites incidentales, al argumentar que dichos procesos burocráticos retrasan innecesariamente la aprobación final de proyectos. Según expuso, las medidas deben enfocarse en simplificar procedimientos administrativos sin menoscabar el cumplimiento ambiental ni la responsabilidad profesional de los proponentes y especialistas técnicos involucrados.
Mientras, el presidente del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico, José N. Tirado García, advirtió que cualquier reforma no puede debilitar la prevención de incendios ni la seguridad humana. Insistió en que el inspector de prevención de incendios del Estado debe mantener un rol “central, protagónico y no meramente residual” dentro del nuevo sistema propuesto.
El presidente del sindicato señaló que “la agilidad administrativa no puede sustituir la responsabilidad preventiva” y recordó que tragedias como el incendio del Dupont Plaza evidencian la importancia de mantener procesos rigurosos de fiscalización pública. Asimismo, favoreció la colaboración con profesionales acreditados, pero aclaró que dicho modelo no puede sustituir el rol técnico y fiscalizador del Cuerpo de Bomberos.
Entre las recomendaciones sometidas por el gremio, Tirado García incluyó el reconocimiento expreso del inspector de prevención de incendios como figura esencial en materias de seguridad humana y protección contra incendios; la reserva obligatoria de inspección pública para ocupaciones de alto riesgo; auditorías periódicas sobre certificaciones privadas; y consulta obligatoria al componente técnico del Cuerpo de Bomberos antes de aprobar reglamentación relacionada con prevención de incendios.
Al finalizar los trabajos, tanto los deponentes como el presidente senatorial coincidieron en que el documento final que eventualmente apruebe el Senado deberá surgir de un consenso entre los distintos sectores y tomando en consideración las limitaciones económicas y de personal que actualmente enfrentan Puerto Rico y las agencias gubernamentales involucradas.
