Por Vanessa Colón Almenas | Centro de Periodismo Investigativo
No habían pasado ni cuatro meses desde que Manuel Laboy Rivera culminó sus funciones como director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), cuando ya tenía su primer contrato firmado con el Gobierno de Puerto Rico mediante su nueva compañía NovaForge Consulting Partners LLC.
No se fue del Gobierno solo. En el equipo de esta compañía, registrada en enero de 2025, hay al menos siete exfuncionarios de COR3: Marlena V. Riccio Paniagua, Sebastián E. Batista Bustelo, Zulma N. Rovira Pérez, Gabriel E. Salgado Hernández, Alejandro R.J. Nieto Vincenty, Kristie M. Flores Carrubio y Katerina S. Cayere Díaz.
En sus propuestas de trabajo, Laboy Rivera alardea de que su equipo de trabajo cuenta con “una experiencia incomparable en la formulación, implementación y manejo de iniciativas federales y estatales”.
El ex director ejecutivo de la COR3 realiza funciones similares a las que hacía desde el sector público, pero ahora desde la consultoría privada: trabajar con asuntos de recuperación ante desastres y asesorar en el cumplimiento con las normas y regulaciones que requiere el uso de fondos federales. Sus clientes potenciales son municipios, empresas, agencias públicas y organizaciones sin fines de lucro, según la página electrónica de NovaForge Consulting Partners LLC.
“No solo administramos programas y proyectos, sino que impulsamos la transformación”, promete la compañía de Laboy Rivera, quien desde 2021 hasta diciembre de 2024 dirigió la Oficina Central de Recuperación. COR3 es una entidad creada en 2017 como una división de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas para coordinar y supervisar los fondos federales asignados tras los huracanes Irma y María y que ha generado quejas por la burocracia y lentitud con la que ha manejado los desembolsos y adelantos.
Aunque en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado el nombre de Manuel Laboy Rivera no aparece asumiendo algún rol en la compañía NovaForge, en la página web de la compañía se indica que es su presidente.
Laboy Rivera no estuvo disponible para una entrevista solicitada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
No se consultó a Ética sobre contrato legislativo
El primer contrato de NovaForge fue con la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) para atender asuntos de recuperación y servicios de consultoría, asesoría y gestión especializada en áreas de política fiscal, finanzas y administración pública, desarrollo y viabilidad de proyectos, y política económica. La contratación, iniciada en marzo de 2025 y que vence en junio de este año, es por $144,000.
El contrato permite que NovaForge también preste servicios a la Cámara de Representantes y al Senado. De hecho, Laboy Rivera acompañó al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y otros senadores en visitas a congresistas en Washington D.C. en 2025 y este año. La OPAL reembolsó por separado a NovaForge los gastos de estos viajes, el hospedaje y los alimentos.
El ex director ejecutivo de COR3, a la derecha, acompañó el año pasado al presidente del
Senado, segundo desde la derecha, al cabildero Anthony Maceira Zayas y a otros senadores a Washington D.C. para discutir con congresistas, como el representante Mike Collins, a la izquierda, la infraestructura y el desarrollo económico de Puerto Rico. Foto suministrada.
NovaForge ha acumulado casi $1.2 millones entre contratos con la OPAL, la Junta Reglamentadora de Servicio Público, la Autoridad de Energía Eléctrica mediante Genera LLC, la Oficina del Procurador del Veterano y los municipios de Carolina, San Juan, Toa Baja, San Lorenzo y Peñuelas.
Cuando el CPI cuestionó si a Laboy Rivera se le pudo haber activado alguna prohibición al ser contratado por la OPAL, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) dijo que: “La Oficina no fue consultada respecto a la contratación del ingeniero Manuel Laboy Rivera por parte de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, por lo que no contamos con la información necesaria para determinar si correspondía activar las disposiciones pertinentes de nuestra Ley Orgánica”.
La OEG mencionó además que “ningún ex servidor público está obligado a consultar” a esta agencia.
Pero el mismo Laboy Rivera tenía dudas de si podía iniciar algunas contrataciones gubernamentales. En abril, junio y septiembre del año pasado, el exfuncionario consultó a Ética si podía ofrecer sus servicios a varios municipios y agencias, según documentos de la OEG.
De hecho, en la primera consulta que hizo, la directora auxiliar de OEG, Massiel Hernández Tolentino, indicó que ni Laboy Rivera ni su corporación podían “prestar servicios de asesoría ni de ninguna otra índole, ya sea mediante contratación o subcontratación” con las entidades sobre las que consultó. La consulta a la OEG la realizó cuando NovaForge buscaba contratación con los municipios de Yabucoa, San Sebastián y Gurabo, y ya había presentado en esos municipios propuestas para competir por contratos de gerencia de programas. Laboy Rivera también informó que tenía en sus manos posibles contrataciones de servicios con American University, LUMA Energy y Genera PR.
La decisión de OEG indica que la Ley de Ética prohíbe que un exfuncionario sea contratado durante el año siguiente a su terminación de empleo por una agencia en la que haya intervenido en acciones oficiales el año previo. Una “acción oficial” se define como “asesorar, investigar, acusar, auditar, adjudicar, formular reglas y reglamentos sobre partes específicas”. También, incluye “todo proceso relacionado con las órdenes, las autorizaciones, las exenciones, las resoluciones, los contratos y la concesión de permisos, franquicias, acreditaciones, privilegios y licencias”.
Hernández Tolentino dijo en la carta que Laboy Rivera atendió en 2024 “asuntos relacionados con las subvenciones de estas entidades” en sus funciones como director ejecutivo del COR3 y como representante autorizado del Gobernador ante la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA).
“[…] Usted sostuvo reuniones con sus representantes, realizó visitas de campo, contestó sus consultas, los representó y gestionó sus solicitudes ante FEMA”, lee la comunicación.
“Es preciso señalar que, en esas reuniones o visitas de campo, usted discutía los proyectos
en curso, el estatus, los retos que estaban confrontando los subrecipientes y las necesidades particulares que incidían en sus trabajos. En ese contexto, usted hacía recomendaciones sobre el cierre de proyectos o el curso de acción a seguir y evaluaba las alternativas de presentar consultas ante FEMA cuando había controversias o dudas sobre la interpretación e implantación de los programas a su cargo”, detalló Hernández Tolentino.
La funcionaria de OEG también planteó que Laboy Rivera colaboró con Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), LUMA y Genera PR “para identificar áreas a mejorar” y se reunió semanalmente con ellos para trabajar la redefinición del plan para los asuntos energéticos del país.
La perseverancia todo lo alcanza
Pero algo cambió entre junio y agosto de 2025. El 20 de junio las abogadas que habían trabajado la consulta desde la OEG le concedieron a Laboy Rivera una reunión solicitada por el exfuncionario. En la reunión se discutió “el alcance de las disposiciones aplicables a exservidores públicos” y también se “sometió información adicional relacionada con los acuerdos de subvención estandarizados suscritos entre COR3 y los subrecipientes”.
Cinco días después el ex director ejecutivo de la COR3 preguntó nuevamente a la OEG si podía ofrecer sus servicios, esta vez a los municipios de Aguadilla, San Lorenzo, San Juan, Fajardo y Caguas. Incluyó a Carolina en la consulta, aunque desde mayo de 2025 NovaForge ya tenía contrato con este municipio. Laboy Rivera también dijo a la OEG que sus servicios se extenderían a la American University, la Universidad Adventista de las Antillas, la Iglesia Católica Apostólica y Romana, Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y a las Diócesis de Arecibo, Fajardo-Humacao, Caguas y Ponce.
En febrero de este año, Laboy Rivera, extrema izquierda, estuvo con el presidente del Senado, al centro, en la oficina del congresista Ryan Mackenzie, tercero desde la derecha, en Washington DC para tratar temas relacionados a Puerto Rico. Foto suministrada.
Esta segunda vez, la directora auxiliar de OEG no encontró impedimento para que el exfuncionario del COR3 ofreciera sus servicios profesionales a estos municipios y entidades. Su determinación, dijo, se basó en que en 2024 Laboy Rivera no otorgó ningún contrato de subvención con estas entidades. Y, tras evaluar información adicional, la OEG concluyó que las actuaciones realizadas por Laboy Rivera durante el 2024 sobre los municipios están excluidas de las prohibiciones de la Ley de Ética.
La Ley establece que un funcionario no puede ser contratado al año siguiente de culminar su trabajo por una agencia, persona privada o negocio sobre la que haya ejercido una acción oficial en el año previo a la terminación de empleo, pero excluye los contratos intergubernamentales. Y los acuerdos entre COR3 y los municipios se consideran intergubernamentales.
Con relación a las entidades privadas, la OEG entendió que las intervenciones de Laboy Rivera se trataban de “trámites procesales”, como suscribir cartas de extensión de tiempo, que forman parte de los procedimientos establecidos por FEMA a COR3, por lo cual este ámbito también se excluye de la Ley de Ética.
“Además, durante la reunión del 20 de junio, el ingeniero Laboy indicó que no había resultado favorecido en las subastas de los municipios incluidos en la primera consulta, por lo que no procedía reconsiderar aquella determinación”, dijo la OEG al CPI.
En su tercera consulta en septiembre de 2025, Laboy Rivera también salió airoso. Sara González Clemente, directora auxiliar Interina de OEG, concluyó que no había obstáculos para que NovaForge prestara sus servicios, esta vez a la AEE, Compañía de Fomento Industrial, Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, Departamento de Agricultura, Departamento de Educación y Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Igualmente, con American Military, la Academia María Reina, el Hospital Menonita, Med Centro y el Museo de Ponce.
González Clemente sustentó la decisión en que son contratos intergubernamentales y las intervenciones de Laboy Rivera fueron “trámites procesales”.
Según la OEG, desde enero de 2026 Laboy Rivera podía comenzar a firmar contratos con municipios y otras entidades, dado que su funciones como director ejecutivo del COR3 culminaron el 31 de diciembre de 2024.
Hasta diciembre de 2026, Laboy Rivera no puede asesorar o representar, directa o indirectamente, a una persona privada, negocio o entidad pública ante el COR3 y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (P3), según la OEG. Tampoco puede hacerlo ante el Instituto de Estadísticas y la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones (Centro de Convenciones, el Coliseo de Puerto Rico y el Antiguo Casino), dado que perteneció a sus respectivas Juntas de Directores.
¿Puertas giratorias y ventaja comercial?
La profesora de Ética Comercial Sylvia López Palau, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, dijo al CPI que en este caso se debe ponderar “si él tuvo acceso a una información privilegiada que le permite hacer más negocios que a otras personas, porque entonces es una competencia desleal y eso es injusto”.
Indicó que si la compañía obtuvo contratos en 2025 a través de proceso de subasta puede ser que tanto él como los exempleados de COR3 tengan información que los pongan en ventaja ante otros competidores.
“Y eso no es justo, porque debe haber transparencia”, añadió la catedrática de la Facultad de Administración de Empresas.
López Palau considera que este escenario es “sin lugar a dudas” un ejemplo de ‘puertas giratorias’.
La organización Transparency International define el concepto de ‘puertas giratorias’ como “el movimiento de profesionales que pasan de trabajar en el sector público al sector privado y viceversa, aprovechándose, por ejemplo, de la experiencia y contactos adquiridos durante su cargo público para ponerlo al servicio de su nuevo empleador”.
No, pero sí
Del resto del equipo de NovaForge que eran empleados del COR3, solo Gabriel Salgado Hernández y Sebastián Batista Bustelo consultaron a la OEG en noviembre y diciembre del año pasado.
Al director de NovaForge, Salgado Hernández, Ética le impidió ofrecer sus servicios a la AEE, Genera PR y LUMA Energy, “personalmente o a través de la compañía NovaForge, sobre todos los asuntos que evaluó, tramitó, asesoró, deliberó, recomendó y determinó relacionados con las subvenciones a estas”. Como director asociado de energía en COR3, trabajó de cerca con estas entidades dado que coordinó y supervisó los esfuerzos de la recuperación de la infraestructura energética, explica González Clemente en una respuesta escrita a Salgado Hernández en noviembre pasado.
La OEG no encontró impedimento para que el director de NovaForge prestara sus servicios a PRIDCO y otras agencias, a entidades privadas y a los municipios de Naranjito y Guayama, entre otros. Salgado Hernández trabajó desde octubre de 2021 a febrero de 2025 en COR3, donde también ocupó los puestos de project manager y Energy Sector Lead.
En un principio, la OEG le impidió a Batista Bustelo, gerente sénior en NovaForge, ofrecer sus servicios a varios municipios, agencias gubernamentales y entidades sin fines de lucro.
En una petición de reconsideración, el exfuncionario explicó a la OEG que su firma en los acuerdos de subvención y las enmiendas con esas entidades cuando trabajaba en COR3 “constituyó un trámite estrictamente procesal y ministerial, sin que mediara discreción, evaluación sustantiva, investigación, recomendación ni determinación individualizada de su parte”. Batista Bustelo laboró como Chief of Staff en COR3 desde junio de 2023 hasta febrero de 2025.
Tras esta petición, la OEG cambió de postura. Le notificó a Batista Bustelo que podía ofrecer sus servicios a esas mismas entidades “sobre asuntos distintos, nuevos o no relacionados con sus intervenciones previas como servidor público de COR3”.
Ambos exfuncionarios no podrán, directa o indirectamente, asesorar o representar a los municipios, agencias públicas y entidades sin fines de lucro, a cualquiera de los clientes de NovaForge o a cualquier otra persona o entidad, ante COR3 y P3, hasta tanto transcurran los dos años siguientes a la fecha de terminación de sus empleos en el Gobierno. Salgado Hernández puede hacerlo luego del 28 de febrero de 2027; mientras que Batista Bustelo, posterior al 7 de febrero de 2027.
