Ante el riesgo de que miles de familias puertorriqueñas pierdan acceso a programas de vivienda asistida, las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Senado y Cámara presentaron legislación para que la Asamblea Legislativa rechace formalmente las enmiendas propuestas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD) y remita esa posición como parte del proceso de comentarios públicos de la agencia.
“Urge que la Asamblea Legislativa, a nombre de tantas familias que se verían afectadas si esta nueva reglamentación entra en vigor, exprese al gobierno federal su rechazo y el impacto negativo que tendría esto sobre una población empobrecida en un país donde acceder a vivienda cada día es más difícil. Si la reglamentación agrava este problema, será sentenciar a innumerables familias al desamparo, provocando mayor sinhogarismo y por supuesto que más familias abandonen el país”, señaló el senador Adrián González.
La Resolución Concurrente del Senado 19 y su equivalente en la Cámara tiene como fundamento la alta cantidad de familias puertorriqueñas que se benefician tanto de la asistencia a través de vivienda pública como a través del programa de vales de vivienda conocido popularmente como “Sección 8”. El nuevo reglamento no permitiría que familias puedan beneficiarse de la asistencia de vivienda pública por más de dos años, reduce los términos para que familias puedan ser desahuciadas tanto de residenciales públicos como de vivienda asistida a través del programa de vales de vivienda, establece un requisito de trabajo de cuarenta horas semanales para poder ser beneficiario de la asistencia (este requisito aplica a personas de hasta 61 años), elimina la asistencia a “familias mixtas”, cerrando la puerta a que familias con alguna persona inmigrante formando parte del núcleo familiar puedan recibir asistencia de vivienda pública, entre otros.
“Toda reglamentación tiene que considerar las particularidades de una jurisdicción en la que la política pública impuesta favorece el desplazamiento de las familias puertorriqueñas, el encarecimiento de la vivienda y la perpetuación de la dependencia. Esas condiciones, junto a la precariedad del mercado laboral y el envejecimiento de la población, imponen un peso inasumible para Puerto Rico a la luz de las severas restricciones propuestas”, puntualizó la portavoz del PIP en el Senado, María de Lourdes Santiago.
