La Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano que preside el senador Gregorio Matías Rosario, llevó a cabo una vista pública sobre la Resolución del Senado 1 que busca investigar la implementación de la “Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía” y la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar”, para conocer el por qué no han sido ejecutadas en su totalidad para que los policías retirados reciban una compensación justa para su retiro y a la mayor brevedad.
“El asunto con estas leyes es que viene algún genio y se les ocurre meterles enmiendas y es para engañar al policía. Mientras se hacen enmiendas, se atrasan. Nosotros no vamos a permitir que haya ninguna enmienda porque el proyecto que se logró para sacar el dinero para los policías fue aprobado por la Junta. Aquí yo quiero escuchar a las agencias decirme cuándo comenzamos. No hay excusas. Hemos batallado, ahora estamos en la posición de exigir, en la posición de que yo no quiero escuchar a ningún jefe de agencia venir aquí con una excusa del por qué no se puede” sostuvo Matías, añadiendo que todo policía retirado después de que se firmó la ley tendrá acceso al fideicomiso pero de diferentes maneras.
En la vista dijo presente el director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Juan Santaella Marchán, quien detalló el proceso. Mencionó que para el 10 de marzo de 2025, se reunió con el comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), Joseph González, y su equipo de trabajo para brindar continuidad y coordinación de acciones pendientes, incluyendo, pero sin limitarse a, adiestramientos, el Reglamento de Confiscaciones y otros asuntos.
Además, Santaella señaló que emitieron el Memorando Núm. 2025-07, para informar a los Operadores que estos deberán presentar sus solicitudes de renovación como Dueños Mayoristas dentro del término de 90 días, así como informarles que en virtud del Reglamento Núm. 9647, la Comisión de Juegos, deberá evaluar esta solicitud en un término de 15 días y que aquellos Operadores que no presenten solicitudes de renovación dentro del término establecido, perderán la oportunidad de someter solicitudes, y dejarán de pertenecer al grupo de Operadores activos.
A preguntas de Matías sobre cómo va el proceso de renovación de licencias, Santaella indicó que 86 de 110 dueños de máquinas comenzaron el proceso de renovación. “Tengo que decir que la gran mayoría de ellos está viniendo y está haciendo el proceso de renovación con la Comisión de Juegos”, sostuvo el deponente añadiendo que tienen hasta el 2 de junio para el proceso. Añadió que están visitando negocios en campaña educativa para educación sobre el proceso de licencia. Igualmente, Santaella sostuvo que a partir del primero de julio comenzarán a emitir multas a los operadores de máquinas que no tengan licencia. Al mismo tiempo, Matías planteó que las máquinas ilegales confiscadas sean decomisadas.
Santaella pidió a la comisión que por el momento no se hagan cambios a la ley hasta que empiece el proceso. “Que cualquier cambio que se haga a la ley en este momento sería volver a empezar y eso sería en detrimento de la Policía”, añadió.
Por su parte, la senadora de mayoría, Roxanna Soto Aguilú, preguntó cuál es la justificación del gobierno por el atraso en el proceso para la implementación de la ley y a la vez requirió documentación. Santaella indicó que la ley 11 tuvo tres enmiendas durante el cuatrienio pasado. “En la misma, tan pronto se aprobó, nosotros recibimos una comunicación de la Junta de Control Fiscal que no la podíamos implementar y que teníamos que esperar su autorización… No obstante, todo lo demás, los reglamentos que presentamos a la Junta, el reglamento de nosotros, el aprobado, por lo menos de parte nuestra, no queda ningún reglamento pendiente”, dijo el deponente. De igual manera, a preguntas de Soto sobre el número de máquinas en Puerto Rico, Santaella dijo que hay un estimado de 75 mil máquinas que no tienen licencia y la ley provee para 25 mil. Añadió que se pudieran incorporar un mayor número de máquinas con licencia.
Además, participó de la audiencia el licenciado Luis Roberto Rivera Cruz, en representación de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFFAF). “Esto ha sido un esfuerzo que ha tomado tiempo pero está avanzando. El mismo no está paralizado, se está ejecutando”, sostuvo.
Asimismo, Rivera explicó la necesidad de constituir una junta que esta dispuesta en la ley. “Esa junta tiene la facultad de supervisar una implementación de este estatuto. Mientras no tengamos esa junta constituida en sí no va a poder ejercer sus funciones para asegurar que se está cumpliendo con el mandato”, afirmó. En la misma línea, el deponente indicó que son siete miembros en total. Los dos miembros de AFFAF están designados. Igualmente, el integrante por parte del Negociado de la Policía está escogido. Rivera indicó que faltan para completar la junta dos miembros retirados y dos policías activos.
Por su parte, el licenciado Arnaldo Ortiz Miranda, director ejecutivo de la Junta de Retiro expresó que han hecho los preparativos correspondientes para garantizarle el proceso a los policías retirados tan pronto reciban la transferencia de fondos. “La Junta de Retiro ha ejecutado con diligencia las acciones necesarias para poner en marcha el Fideicomiso de Retiro de la Policía, conforme a lo dispuesto por la Ley Núm. 40. Desde la formalización del instrumento constitutivo hasta la estructuración de los acuerdos operacionales y el desarrollo del reglamento correspondiente, se ha establecido un marco legal y administrativo robusto que permitirá la gestión eficiente y transparente de los fondos destinados a garantizar el bienestar de los miembros elegibles, tan pronto sean transferidos los fondos por el Departamento de Hacienda”, detalló Ortiz.
Igualmente, se expresó José Carlos Vázquez, en representación del NPPR. Dijo que “formamos parte del grupo de trabajo que semanalmente se reúne con el objetivo común para que el estatuto entre en vigor. Actualmente, el Negociado se encuentra trabajando en el borrador de reglamentos sobre la confiscación de máquinas de juegos de azar, a los efectos de que se incorpore la función del negociado, puesto que estamos en jurisdicción concurrente en el proceso de confiscación de dichas máquinas, lo que redunda en recaudos que abonan al retiro de los miembros del Negociado”. Además, Vázquez resaltó la importancia de aprobar este reglamento que establecerá un andamiaje administrativo sólido que atenderá los procedimientos posteriores a la confiscación de dichas máquinas.
Matías solicitó a Vázquez que en cinco días provean el borrador de reglamento para la confiscación de máquinas que no estén en licencia. “Mi compromiso es que para inicios de junio, ya ese reglamento esté trabajado por nosotros. Ahora bien, este reglamento tiene que pasar por la aprobación y la revisión de la Junta de Supervisión Fiscal, pero mi compromiso sería que esté preparado a inicios de junio”, respondió Alexandra Fuerte de la división legal del NPPR.
Se expresan organizaciones de policías
De otro lado, compareció a la audiencia el capitán retirado en representación del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), Oscar Rodríguez. “Estamos contentos. Se ve un paso hacia adelante para hacer lo que hay que hacer para cumplir con la ley… Esta investigación debe llegar hasta las últimas consecuencias. Ya es hora que se fijen responsabilidades por las agencias que se suponen hayan llevado a cabo el proceso… Estamos hablando de una ley que quienes no la están cumpliendo, están en contra de las personas responsables de cuidar a todos los ciudadanos de Puerto Rico”, dijo Rodríguez a la comisión.
Matías preguntó cómo ven la fiscalización por parte del policía a las máquinas según está dispuesto en la ley. “Yo entiendo que la ley es clara, el policía conoce su trabajo, el policía hizo un juramento y el policía que no cumpla con la ley, sencillamente está en omisión del cumplimiento de su deber. Si la ley dispone que hay que dar multas, hay que ocupar el policía viene obligado, no solamente porque necesita que la ley se implemente, no por eso, sino por el sentido del deber que tiene el agente de orden público de cumplir con la ley”, respondió Rodríguez.
La senadora del Partido Popular Democrático, Ada Álvarez Conde, quien es autora de la medida preguntó cuál ha sido el sentir de los policías con este proceso. El deponente dijo que el estado es el que viene obligado a compensar a esos policías. “Que cada día son más, que caen en enfermedades mentales, en problemas económicos, en problemas familiares. Con $500 dólares, con $400 dólares mensuales, nadie vive, nadie. Es imposible, imposible, que una persona con $400 dólares mensuales cubra las necesidades…no podemos dejarlos solos, ese es el sentir de los policías”.
En la misma línea se expresó el presidente del Cuerpo Organizado de la Policía (CODEPOL), Lowel Matos Acosta, quien señaló que hace falta fuerza de voluntad de las agencias que pongan en función la ley y los reglamentos. “Tanto la Ley 40-2020 como la Ley 11 de 1933, según enmendada, tiene un impacto importante y complementario en la Policía de Puerto Rico. Mientras la primera refuerza el bienestar económico y la dignidad de los agentes al asegurar un retiro digno, la segunda amplía las responsabilidades operativas de la Policía en el campo del control del juego legal e ilegal”, sostuvo Matos.
Igualmente, el deponente indicó que para maximizar el impacto positivo de ambas leyes, es necesario invertir en la administración eficiente del fideicomiso; proveer recursos y capacitación constante a los oficiales encargados de fiscalizar el juego y fortalecer los mecanismos de supervisión y colaboración Interagencial con adiestramiento para la fiscalización de dichas máquinas.
En su turno, la senadora de mayoría, Nitza Moran Trinidad, preguntó si la ley hoy hace justicia o se está quedando corta. “Esa ley no es lo mejor, pero es lo que tenemos ahora… Yo creo que se pueden hacer otras enmiendas para ir mejorando paulatinamente y según vaya progresando. Pero es hora ya de que se implemente algo”, sostuvo Matos.
También, dijo favorecer la investigación y pidió urgencia para implementar la ley, Fernando Soler, en representación del Concilio Nacional de la Policía (CONAPOL). “Hay personas que se están aprovechando de la situación y no podemos permitir eso. Tenemos una policía que está desmotivada, porque le han llevado todos sus derechos. Tenemos una policía que necesita que el Senado de Puerto Rico vuelva a apoyar, para que de una vez por todas, estos compañeros que han dado la vida por servirle al pueblo, sean compensados como ellos lo merecen”, dijo Soler.
