Con el fin de allegar fondos adicionales a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y a los municipios, la Comisión de Banca, Seguros y Comercio de la Cámara de Representantes atendió este miércoles una medida legislativa que pretende retener un cinco por ciento adicional de la compensación pagada a los productores de seguros públicos, excepto cuando los servicios se adquieran a través de subasta.
El Proyecto de la Cámara 341, del representante Jorge Navarro Suárez, enmendaría el Código de Seguros y el Código Municipal de Puerto Rico para impulsar que estos procesos se realicen únicamente mediante subasta, pero cuando sea necesario realizar una selección libre, los proveedores contratados por servicios profesionales deberán atenerse a la aportación adicional que será destinada a “mejorar la eficiencia de la OCS y la salud fiscal de los municipios”.
“Existe consenso en la industria de seguros sobre la limitada disponibilidad de recursos de la Oficina del Comisionado de Seguros, lo que afecta su capacidad para agilizar procesos, fiscalizar y brindar servicios de manera eficiente”, expresó Navarro Suárez, autor de la legislación y presidente de la comisión cameral.
Sin embargo, un panel de agencias estatales y organizaciones señaló reparos con la pieza legislativa, mientras alertó que podría resultar en más gastos administrativos para el gobierno. El comisionado de Seguros, Alexander Adams, reconoció la necesidad de que su oficina cuente con más recursos para cubrir sus obligaciones operacionales, pero advirtió que el proyecto tendría el efecto de aumentar el costo de la prima al asegurado, que en este caso es el gobierno y los municipios.
“Preocupa que el cinco por ciento que propone el proyecto cargar a favor de la OCS y los municipios de la comisión destinada a la comisión de los productores de seguros públicos pudiera tener el efecto de alterar la distribución del dólar-prima, encareciendo los seguros al Gobierno de Puerto Rico y desincentivando la compra de cubiertas adecuadas”, aseguró el licenciado.
Esta inquietud fue compartida por la Asociación de Compañías de Seguros, cuya directora ejecutiva Iraelia Pernas destacó que imponer contribuciones en la remuneración de estos proveedores resultaría en que exijan un aumento en el porcentaje de su comisión. La licenciada coincidió en la importancia de facilitar más fondos a la OCS, pero dijo que se trata de realizar una mejor distribución del caudal que ya recibe la agencia.
“Nosotros estamos de acuerdo en que no se les está asignando lo que es apropiado, pero la Oficina del Comisionado es de las agencias que genera dinero en sus operaciones por licencias, por multas, por múltiples fuentes de ingreso”, aseveró Pernas. “Los fondos están. Lo que pasa es que están mal distribuidos”, agregó.
Navarro Suárez informó que la aprobación de la pieza legislativa representaría un incremento en los recaudos públicos estimado en $7.4 millones para el año fiscal 2025, de acuerdo con el informe sobre el efecto fiscal preparado por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL). De esta cantidad, $3.2 millones corresponderían al Gobierno estatal y $4.2 millones a los municipios.
“Podemos concluir que todos están de acuerdo en que hacen falta fondos para la OCS y que esto le afecta, pero cuando se pretende legislar para incentivar la competencia mediante subasta y aprobar esta medida del cinco por ciento, la objetan”, manifestó el representante Navarro Suárez al cuestionarle a Adams su rechazo a un proyecto que le otorgaría mayores ingresos a la agencia que dirige.
El titular de la OCS respondió que “aplaudimos este esfuerzo, pero le estamos recomendando que hay otros mecanismos que nos van a facilitar precisamente lograr el propósito que ustedes desean, que es lograr que la agencia pueda operar”.
Entre las alternativas, abogó para que se reconozca nuevamente la autonomía fiscal de la agencia y se le permita manejar el Fondo para la Regulación y Fiscalización de la Industria de Seguros, creado para su sostenimiento. El funcionario criticó que en los últimos años esta autosuficiencia fiscal no ha sido reconocida por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al asignar presupuestos inferiores al solicitado por la OCS.
También explicó que para el año fiscal 2023-2024 la diferencia entre el presupuesto solicitado y el otorgado fue de sobre $1 millón y, para el año fiscal vigente, la reducción fue de más de $2 millones. Adams reclamó que el presupuesto disponible no contempla el aumento en gastos operaciones ni la implementación de ajustes salariales para atender la dificultad de reclutamiento en áreas de competencia especializada.
La Asociación Internacional de Aseguradores de Puerto Rico (PRIIA, en inglés) catalogó como “una crisis” la falta de recursos tanto fiscales como humanos en la agencia. “La OCS se ha visto muy gravemente afectada por las políticas de austeridad impuestas por la JSF, aun cuando la imposición de dichas políticas ha tenido un impacto negativo en el crecimiento del sector de los seguros, que puede haber superado, por mucho, cualquier ahorro para el fisco que puedan haber generado los recortes impuestos”, denunció el presidente de la entidad, Hugo Córdova.
Aunque apoyó la intención legislativa, Córdova indicó que la propuesta está fuera de la jurisdicción de PRIIA, que agrupa a la mayoría de los aseguradores y reaseguradores de seguros internacionales autorizados bajo la Ley del CIS (Ley 399-2004).
En tanto, el Departamento de Hacienda se excusó de la vista pública, pero presentó un memorial explicativo en el cual sugirió completar un “análisis integrado” para solventar las operaciones de la OCS sin que represente un impacto en las pólizas de seguro.
El secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja, defendió la transparencia en el proceso que actualmente ejecuta la agencia para la contratación de seguros de las agencias gubernamentales y puntualizó que la subasta para estos servicios profesionales “podría ser contraproducente al interés público”.
De la audiencia pública también participaron los representantes Jerry Nieves Rosario, Swanny Vargas Laureano, Luis Jiménez Torres, entre otros integrantes de la comisión cameral.
