Retrasos en la radicación de informes, manera descuidada en la administración de fondos, cuestionamientos en los contratos, muertes que se pudieron haber evitado y la falta de estadísticas son algunas de las fallas administrativas que identificaron los componentes del Comité de Transición Entrante durante la presentación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), en la vista de transición de hoy .
Pese a que la secretaria del Departamento, Ana Escobar Pabón, dice que tienen un 100% de cumplimiento, hay más de 10 informes estadísticos que están atrasados. Estos son: Perfil del confinado: radicado en el 2019, Perfil de menores: radicado en el 2016, Perfil de mujeres: radicado en el 2015, Fugas y capturas de confinados: radicado en el 2018, Detección de drogas: radicado en el 2017, Maltrato a menores en los centros: radicado en el 2022, Muertes de confinados: radicado en el 2021, Medidas disciplinarias a los confinados: no hay en todo el cuatrienio, Registro e incautaciones: no hay en todo el cuatrienio, Reincidentes: no hay en todo el cuatrienio y Muertes por fentanilo: radicado en el 2021.
“Son las 4:46pm. y todavía no ha llegado ninguno de los informes… el Comité de Víctimas de Delitos no está constituido… para los aumentos a los oficiales correccionales se usaron fondos federales ARPA que expiran en diciembre de 2024 y la agencia dice que se los pedirá al gobierno central, mientras que la Junta de Control dijo que usar los fondos ARPA para cubrir áreas que necesitan recurrencia constante es un peligro… se supone q el Departamento sea para rehabilitar, pero los procesos son pocos o lentos”, fue algunos de los señalamientos que hizo el presidente del Comité de Transición Entrante, Ramón Luis Rivera Cruz.
El licenciado Jorge Colberg opinó que el Departamento necesita cambios dramáticos profundos y que “está manga por hombro”, añadió que sin información vital que no ofrece Corrección, la administración entrante va a entrar a ciegas”. Cuestionó que la secretaria se adjudique como uno de sus logros su trabajo en el área de rehabilitación cuando no hay estadísticas para poder haber sustentado algún plan de trabajo.
El catedrático César Alvarado dijo que es “inaceptable que en el proceso de investigaciones se digan que los confinados manipulan los hechos…tenemos que estas personas le han fallado a la sociedad y ya están cumpliendo sentencia en los distintos penales y hay que tener mucha sensibilidad con esto que son vidas”.
Además, cuestionó el contrato 2005-047 • El Departamento tiene un contrato desde agosto por $1.3 millones con una compañía de seguridad para una instalación en Salinas, la cual está vacía desde julio debido a un acuerdo con los U.S. Marshals de transferencia de confinados.
Por su parte a la exfiscal Janet Parra, le sorprendió escuchar hoy a la secretaria de que no ha habido acción correctiva con relación al caso de Hermes Ávila ya que, a pesar de los hallazgos, no se ha cancelado ningún contrato o servicio, ni se ha destituido a nadie.
La licenciada Veronica Ferraiuoli se enfocó en el área de salud correccional y adicciones dentro de la cárcel. Se informó que hay 67 personas fallecidas por opioides, pero no hay plan para bregar con ello. Contrario al último estándar de National Commission on Correctional Healthcare que recomienda que el medicamento para combatir sobredosis de opioides Narcan (naloxone) debe estar disponible para todos los confinados, la secretaria indica que cada confinado individualmente no tiene el medicamento en su unidad de vivienda y no recomienda que sea así porque pueden usarlo incorrectamente. La licenciada enfatizó que haber estado este medicamento accesible, pudo haber evitado sobredosis.
Las vistas continúan esta tarde con el componente de Seguridad Pública y mañana martes con el Departamento de Justicia.
