Con el fin de prohibir el monopolio de aseguradoras, el senador independiente y salubrista José Vargas Vidot radicó hoy, miércoles, el Proyecto del Senado 1270, que daría paso a la creación de la “Ley para impedir el control de las aseguradoras sobre el sistema de salud en Puerto Rico”.
En la Exposición de Motivos se detalla cómo distintas aseguradoras tienen
participaciones como dueños o proveedores en subsidiarias u hospitales que podría
considerarse conflictivo. Por ejemplo, recientemente trascendió en la prensa el caso de
radiólogos que llevan esperando dos años para que la Oficina de Asuntos
Monopolísticos (OAM) determine si la aseguradora podía competir con sus propios
proveedores de servicios de salud. La solicitud de investigación surgió debido a que se
alega que la aseguradora ha montado sus propias clínicas de salud -denominadas
Salus- en las que ofrece servicios de radiología a sus asegurados. Según el reportaje,
la OAM aún se encuentra investigando el asunto, es decir, en dos años no se ha
obtenido ninguna respuesta.
“Relaciones y transacciones como estas demuestran que la industria de seguros de
salud ha visto un aumento en la práctica de las aseguradoras, sus dueños, socios y/o
accionistas de adquirir participación económica o convertirse en dueñas de grupos
médicos o facilidades de salud para bajar las contrataciones de proveedores externos,
bajando sus costos y ofreciendo estas los servicios de salud directamente a sus
beneficiarios. Esto le cierra la puerta a muchos proveedores y grupos médicos que no
forman parte de la red de proveedores ya que las aseguradoras favorecen y contratan
a los médicos y las facilidades con las cuales tienen un interés económico”, sostuvo el
autor de la medida.
Para el también salubrista, no debe permitírseles a los aseguradores, sus accionistas,
ni socios tener participación alguna en la prestación de servicios que ellos mismos
tendrán el deber de fiscalizar y/o pagar, ya que tal acción sería un craso conflicto de
interés y propendería a limitar el acceso a servicios con tal de proteger su interés
económico, desembocando en situaciones monopolísticas.
Así las cosas, la medida senatorial propone, entre varias cosas, que al momento de la
aprobación de esta Ley, todo asegurador tendrá 60 días para suscribir una declaración
jurada ante notario, suscrita mediante el representante que se delegue, donde
declarará el interés económico que tiene la entidad jurídica y sus accionistas, oficiales,
agentes, socios y directivos, así como sus parientes hasta el cuarto grado de
consanguineidad y segundo por afinidad, en algún proveedor de servicios de salud.
Dicha declaración jurada deberá ser entregada a la OAM y copia de esta debidamente
ponchada deberá ser entregada a la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto
Rico y a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico. Dicho requisito aplicará
cuando igualmente cuando una persona o entidad jurídica solicite una nueva
autorización de alguna entidad del gobierno los permisos para proveer servicios como
asegurador.
Posterior a esto, el PS 1270 dispone como meta que a partir del 1ro de enero de 2025,
ningún asegurador podrá tener interés económico en algún proveedor de servicios de
salud, ya sea a través de la propia compañía, empresa subsidiaria, agente, accionista,
socio, agente por comisión, o bajo cualquier puesto directivo, administrativo u oficiales.
Esta prohibición se extenderá a los parientes de dichos accionistas, oficiales, agentes,
socios y directivos hasta el cuarto grado de consanguineidad y segundo por afinidad.
Además, se establecen como penalidades la cancelación automática de todos los
contratos con el Gobierno de Puerto Rico, incluyendo aquellos contratos suscritos con
la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico; la cancelación de la
autorización de aquellos permisos, autorizaciones o licencias expedidas por el
Comisionado de Seguros o la cancelación de todos los permisos de operación de todas
las agencias del Gobierno de Puerto Rico a cualquier proveedor de servicios donde
algún asegurador tenga interés económico. La desvinculación propuesta en la medida
tendría la consecuencia no solo de retirar las licencias de proveedor donde haya interés
económico, pero también retirar la licencia de servir como asegurador y procedería la
cancelación de servicios con el Plan Vital.
Estas penalidades irían de la mano con las dispuestas en el Código Penal y de igual
manera se debe complementar con el trabajo de la OAM del Departamento de Justicia.
