Por: Melany Mercado
En las últimas semanas, ha surgido una controversia en redes sociales relacionada con contratos entre varios municipios de Puerto Rico y la entidad Veterinary Express Foundation, dirigida por el veterinario Froilán Oliveras. Estos acuerdos contemplan servicios de recogido, disposición y eliminación de perros y gatos abandonados, lo que ha generado fuertes críticas de grupos de protección animal y ciudadanos preocupados por el bienestar de las mascotas.
Uno de los municipios envueltos en la polémica es Quebradillas, que confirmó públicamente que mantiene un contrato con Veterinary Express Foundation para atender casos de animales realengos. La organización Rescatistas PR Trabajando Unidos denunció que municipios como Aguada, Moca, Cabo Rojo, Mayagüez, Bayamón, Lajas, Hormigueros, Aguadilla, Camuy y Toa Baja han firmado acuerdos similares con la misma entidad.
Ante la ola de críticas, varios alcaldes han negado que existan planes para la captura y matanza masiva de animales. Han detallado que sus iniciativas están enfocadas en la esterilización, vacunación y adopción como métodos para abordar la sobrepoblación de perros y gatos sin hogar.
El alcalde de Quebradillas, Heriberto Vélez Vélez, explicó en entrevista con este medio que la contratación de Veterinary Express Foundation responde a la necesidad de cumplir con órdenes del Tribunal, el Negociado de la Policía y el Departamento de Salud, en casos donde un animal represente una amenaza o esté gravemente enfermo.
El alcalde enfatizó que la empresa no recoge animales en las calles, sino que los recibe de parte del personal municipal para su evaluación.
«Según el contrato suscrito, la empresa no recoge animales, recibe los mismos por parte del personal municipal y los evalúa conforme a las leyes y reglamentos que aplican a la práctica de la veterinaria en el país. Bajo ninguna circunstancia la empresa está autorizada a recoger animales”, aclaró el primer ejecutivo municipal.
Esta no es la primera vez que Veterinary Express Foundation se ve envuelta en polémicas. En 2022, el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico demandó a la empresa y a varios de sus miembros por presuntas prácticas ilegales, incluyendo la emisión de certificados de vacunación sin haber aplicado las vacunas.
El caso llevó al Tribunal Supremo de Puerto Rico a evaluar la constitucionalidad de la colegiación compulsoria para los médicos veterinarios, declarando inconstitucional dicho requisito.
Ante la preocupación de los residentes, el alcalde Vélez enfatizó que el municipio está tomando acciones adicionales para el bienestar de los animales.
«Estamos en la mejor disposición de cooperar con cualquier veterinario que desee trabajar con la administración en un esfuerzo mayor para la esterilización y el cuido de estos animalitos. Además, estamos en medio del proceso de subasta para la construcción de un parque para mascotas”, expresó.
Asimismo, aseguró que el municipio mantiene una política pública que fomenta el cuidado de los animales y que él mismo es amante de las mascotas.
«La realidad es que hubo una malinterpretación del alcance del contrato. Solo en casos específicos donde un perro esté gravemente enfermo o represente un peligro inminente y exista una orden de las agencias pertinentes, se procede a activar el contrato. De hecho, hasta el momento, no se ha recogido ningún animal bajo este acuerdo”, afirmó Vélez.
La controversia continúa generando debate en la isla, mientras defensores de los derechos de los animales piden alternativas más humanitarias para el control de la sobrepoblación de mascotas abandonadas.
