La Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, presidida por la senadora Migdalia Padilla Alvelo, celebró una vista pública para evaluar el presupuesto de la Administración de Servicios Generales (ASG) para el año fiscal 2026-2027, en la que la agencia advirtió que la reducción propuesta por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) podría impactar su capacidad operacional.
Durante su ponencia, la administradora y principal oficial de compras, Karla G. Mercado Rivera, señaló que el presupuesto recomendado representa una disminución de casi una tercera parte de los recursos de la agencia, lo que calificó como un “golpe injustificable a los logros obtenidos en la Reforma de Compras”, y advirtió además que “representaría un desfase lamentable que priven de financiamiento adecuado las actividades medulares de la agencia encargada de implementar la política pública… en materia de las compras, licitaciones y contrataciones gubernamentales”.
En términos fiscales, la administradora de ASG detalló que su presupuesto vigente para el año fiscal 2025-2026 asciende a $30.3 millones, mientras que el presupuesto recomendado, por la Junta de Supervisión Fiscal, para el 2026-2027 se reduce a $23.7 millones, lo que representa una disminución de aproximadamente $6.6 millones. En contraste, la agencia solicitó un presupuesto de $35.7 millones para el próximo año fiscal, lo que evidencia una brecha significativa entre las necesidades operacionales planteadas por la ASG y la asignación recomendada.
Al desglosar las partidas, la licenciada Mercado Rivera indicó que, del Fondo General, su presupuesto vigente asciende a $24.7 millones, mientras que el recomendado para el próximo año fiscal se reduce a $17.8 millones; no obstante, la agencia solicitó $30.0 millones bajo este renglón. En cuanto a los ingresos propios (Special Revenue Funds), el presupuesto vigente es de $5.6 millones, el recomendado aumenta levemente a $5.8 millones y la solicitud de la agencia asciende a $5.6 millones, lo que refleja que la reducción propuesta impacta principalmente los recursos provenientes del Fondo General.
La licenciada Mercado Rivera destacó que su función es medular para el funcionamiento del Gobierno, al encargarse de centralizar las compras de bienes, obras y servicios no profesionales, por lo que una reducción en sus recursos impactaría directamente la eficiencia de agencias que atienden áreas prioritarias como salud, seguridad pública y educación, al sostener que “estas actividades… no pueden funcionar adecuadamente si la agencia que recibe, procesa y adjudica la inmensa mayoría de las transacciones… queda desprovista de recursos imprescindibles”.
Entre los proyectos principales para el próximo año fiscal, la agencia resaltó la implementación de un nuevo Reglamento Uniforme de Compras y Subastas en coordinación con la Junta de Supervisión Fiscal, el cual, según indicaron, “no representa un paso burocrático más, en realidad supone un nuevo capítulo en la consolidación de la Reforma de Compras”.
Asimismo, Mercado Rivera subrayó la importancia de contar con recursos adecuados para la integración al sistema de Enterprise Resource Planning (ERP), cuya implementación conlleva cambios tecnológicos significativos y riesgos operacionales que requieren una participación robusta de la agencia, advirtiendo que este proceso “no puede fluir sin una participación robusta de parte de la ASG”.
En cuanto a señalamientos sobre una supuesta subutilización de fondos, la licenciada explicó que estos responden a factores externos, como retrasos en la autorización de reclutamiento por parte de la Oficina para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos, así como demoras en decisiones estratégicas relacionadas con la implementación del ERP, indicando que dichos planteamientos “soslayan factores ajenos a nuestra agencia que impactaron varios gastos”.
A preguntas de la vicepresidente de la comisión, la senadora Wandy Soto Tolentino, la principal oficial de ASG también destacó iniciativas en curso, como la instalación de sistemas GPS en la flota vehicular gubernamental, que ya supera los 9,000 vehículos, y el desarrollo de herramientas tecnológicas para mejorar la fiscalización, detectar irregularidades en procesos de compras y fortalecer la transparencia en el uso de fondos públicos, señalando que interrumpir este sistema “representaría un riesgo de pérdida de visibilidad sobre el uso de la flota vehicular del Estado y una ineficiente distribución de los recursos públicos”.
Finalmente, la administradora de ASG reiteró ante la Comisión la necesidad de que se le asigne un presupuesto acorde con sus responsabilidades legales y operacionales, advirtiendo que una reducción en sus recursos podría comprometer la continuidad de los servicios y la implementación efectiva de la política pública en materia de compras gubernamentales, al indicar que “no hacerlo implicaría poner en riesgo precisamente las prioridades que el Gobierno de Puerto Rico afirma tener en áreas tales como educación, salud y seguridad pública”.
