La Comisión de Asuntos Laborales realizó una vista pública para investigar el reciente envío de 48 mil cartas de sobrepago por parte del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) a beneficiarios del Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA), quienes no cumplían con los criterios de elegibilidad.
La directora del Negociado del Seguro de Desempleo del DTRH, Carla Vallejo, aseguró ante la Comisión cameral presidida por el representante Domingo Torres García que el beneficio del Programa del PUA fue una situación novedosa y diferente. “El sistema no estaba preparado. Hicimos lo mejor que se pudo en ese momento. Al ser un beneficio de emergencia, tiene que salir automáticamente. Tenemos que trabajar a favor del reclamante, emitir el pago al reclamante para poder socorrer la emergencia”.
“¿Ustedes asumen la responsabilidad de la situación?”, cuestionó el legislador, a lo que Vallejo indicó que “el reclamante certificó que dice la verdad”.
Asimismo, la funcionaria enfatizó el proceso para que un reclamante realice una solicitud para recibir algún tipo de ayuda de desempleo.
“Una vez el reclamante hace la solicitud, cae en unos informes y se van evaluando, y así se distribuye a los empleados y de ahí se hacen unas entrevistas y unas determinaciones de elegibilidad y ver si tienen algún punto controvertible”, expresó la funcionaria.
Explicó además que los puntos controvertibles son situaciones que deben aclararse antes de determinar si el reclamante es elegible. “Los puntos controvertibles son evaluados por nuestros determinadores, que son entrevistados y son los que llevan a cabo el proceso”, dijo Vallejo.
Por su parte, la licenciada Naomi Álamo, afirmó que el gobierno federal instruyó al DTRH y todas las jurisdicciones a que los pagos tenían que salir para ayudar a los reclamantes por la situación de la pandemia. “El sistema opera a favor del trabajador y presumiendo que dice la verdad”.
Cabe destacar que, durante las pasadas semanas, el secretario del DTRH, Gabriel González Maldonado, confirmó que en los pasados meses la agencia gubernamental emitió sobre 48 mil avisos de sobre pago a beneficiarios de los programas de PUA, a quienes se les reclama el reembolso de fondos que les fueron pagados, y que no tenían derecho a los mismos.
Sin embargo, Álamo indicó que han salido 48 mil cartas de aviso para 22 mil reclamantes.
El representante novoprogresista Luis Pérez Ortiz resaltó una preocupación sobre las cartas de aviso de cobro que se habían detenido, a lo que Vallejo mencionó que las cartas se detuvieron en el mes de noviembre de 2020.
“Este proceso se detiene porque la principal función de la agencia era trabajar los casos de PUA. La función de toda la agencia fue trabajar para beneficiar a los reclamantes porque era una necesidad apremiante”, afirmó, quien agregó que una vez comenzaron las auditorías en la entidad gubernamental se retomó el proceso de envío de cartas de cobro.
Al concluir, el legislador Torres García estableció que no está de acuerdo con el fraude y siempre se tiene que cumplir con la ley y el orden. “Debido a la emergencia, esta ayuda fue una a toda prisa, pero si una persona cometió algún fraude, definitivamente tiene que devolver el dinero que recibió”, subrayó.
Atienden proyecto de ley para eliminar topes a las reclamaciones de discrimen en el empleo
También, la Comisión atendió el Proyecto de la Cámara 366, que busca eliminar topes a las reclamaciones de discrimen en el empleo y reconocer los daños sufridos, tanto los daños económicos como los sufrimientos y angustias mentales en las acciones de discrimen.
Respecto a los topes por angustias mentales o daños punitivos, la licenciada Álamo del DTRH expresó que los topes son racionales y se ajustan a nivel federal.
“En todos los casos de discrimen o represalia en el empleo, se continúa pagando el doble de los salario y beneficios dejados de percibir según los estatutos protectores correspondientes, pero la indemnización por angustias mentales o daños punitivos tiene unos límites monetarios en consideraciones la cantidad de trabajadores que emplee el patrono”, apuntó.
Según Álamo, los topes por angustias mentales o daños punitivos son: 1 a 100 empleados es de $50,000; 101 a 200 empleados es de $100,000; 201 a 500 empleados es de $200,000; y 501 empleadas o más es de $300,000.
“Los topes aplican únicamente a los daños que proceden de conformidad con la legislación laboral sobre discriminación y represalias, y se limitan a las angustias mentales y daños”, dijo la funcionaria, quien no respaldó la medida ya que “el estado de derecho vigente sobre la interpretación y remedios relacionados con la discriminación en el empleo responde apropiadamente a las realidades de este tipo de reclamaciones y provee protecciones razonables para los trabajadores”.
