Las huellas de funcionarios municipales, estatales y federales aún están marcadas sobre el polvo de las cenizas tóxicas de carbón que cubren las maltrechas calles de la comunidad de Ranchos Guayama en Salinas.
Más, la promesa de remover estos desechos para proteger el ambiente y la salud de las familias, ha desaparecido tras la estela del tiempo y la desidia de los que ostentan el poder del gobierno.
Inicialmente, el proyecto presentado por la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, para mitigar y reconstruir las calles de Ranchos Guayama, incluía la remoción de los residuos del carbón, los cuales fueron utilizados como relleno en el 2006.
Más tarde, la mandataria salinense alegó que los $8 millones asignados para el proyecto, no eran suficientes para extraer las cenizas y exportarlas fuera de Puerto Rico, como establece la ley.
Como alternativa, la alcaldesa decidió sumergirse en una batalla para conseguir una dispensa del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que le permitiera depositar las cenizas tóxicas en algún vertedero en Peñuelas, Ponce o Humacao.
Esta acción levantó la oposición de organizaciones y alcaldes de estos pueblos, provocó protestas frente a la alcaldía y obtuvo el rechazo de la propia comunidad de Ranchos Guayama.
Luego de más de un año de evaluación, y el gasto de $80,000.00 de fondos municipales en un innecesario análisis de los suelos en Ranchos Guayama, la agencia ambiental denegó la solicitud de dispensa.
Paralelamente, Bonilla Colón realizó un solitario esfuerzo con la Agencia Federal para Manejo de Emergencias, la Oficina Central de Recuperación Reconstrucción y Resiliencia, la Legislatura Estatal, el Ejecutivo y la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA, en inglés), solicitando los fondos necesarios para manejar la situación de las cenizas. Sin embargo, su gestión fue descartada por todas las agencias.
Probablemente, si la solicitud y presión se hubiera ejercido de forma colectiva, uniendo a la comunidad y a las organizaciones afines al objetivo de remover las cenizas, los fondos ya se hubieran conseguido. Pero, al parecer, es demasiado pedir ese nivel de desprendimiento del ego de la administración municipal de Salinas y sus asesores.
Esto quedó demostrado cuando el desdén de la alcaldesa hacia los líderes de Ranchos Guayama, causó el descarrilamiento del proceso que la comunidad logró comenzar el 8 de febrero de 2023. A exigencias del grupo Acción Social y Protección Ambiental (ASPA) se pudo tener sentados, en una sola mesa, a todas las agencias que debían tomar decisiones sobre el asunto de las cenizas.
Sin embargo, en esta reunión, Karilyn Bonilla se impuso como moderadora y se dedicó a antagonizar con los representantes de ASPA, mientras agentes de la policía eran obligados a custodiar el proceso e intervenir con los líderes de la organización comunitaria, de ser necesario.
Entre las agencias que estuvieron presentes ese día se encontraba la EPA, cuya delegada era la directora regional del Caribe de la agencia federal, Carmen Guerrero Pérez.
Inercia federal
Siete meses antes del cónclave saboteado por Bonilla Colón, y mientras sus aisladas gestiones eran descartadas, el administrador de la EPA, Michael S. Reagan, visitó las comunidades de Miramar en Guayama y Ranchos Guayama en Salinas.
Junto a personal de su oficina, que incluyó a Carmen Guerrero y a Lisa García, directora de la Región 2 de la EPA, el administrador tuvo la oportunidad de escuchar las estremecedoras historias de las personas que han sufrido un franco deterioro de su salud, así como la de sus familiares y vecinos, a consecuencia de la quema de carbón y el uso de las cenizas tóxicas por parte de la corporación AES Puerto Rico.
Luego de la visita de la EPA, Maridalys Nieves Rivera, líder de la comunidad de Ranchos Guayama, expresó que “el administrador de la EPA y todo su equipo de trabajo tuvieron la oportunidad de ver las cenizas tóxicas en las calles al descubierto. Además, hablaron con varios vecinos que tienen distintos problemas de salud, como asma y problemas en sus pulmones, por culpa de esas cenizas. Él se comprometió a dar seguimiento a este asunto y esperamos que cumpla su palabra de resolver lo de la remoción de las cenizas”.
Sin embargo, a más de un año de aquella esperanzadora visita, las familias de Ranchos Guayama siguen percibiendo las nubes de polvo del desecho grisáceo moverse amenazantes hacia sus ventanas y pulmones. Los funcionarios de la EPA, que prometieron resolver el problema y buscar los fondos si era necesario, ya no toman notas ni voltean sus celulares para tomar fotos.
Y allí en los caminos de la comunidad permanecen las cenizas, con el aval municipal, y con la propuesta de modificar el proyecto original, y en lugar de arrancar del suelo estos residuos peligrosos y exportarlos, planean abandonarlos allí y cubrirlos con brea… a la espera incierta de que, en un futuro remoto, afloren fondos para hacer justicia al ambiente y detener el impacto a la salud de los vecinos.
