Por Dr. Edgar León Ayala
Por qué Puerto Rico debe frenar la adicción a los contratos externos
Durante años, el Gobierno de Puerto Rico repitió un mismo libreto: para controlar el gasto había que reducir empleados públicos. Se eliminaron plazas, se congelaron reclutamientos y se debilitó el servicio civil bajo la promesa de eficiencia fiscal. Sin embargo, una mirada honesta a los números revela que esa promesa no se cumplió. El gobierno no se hizo más barato. Se hizo más caro.
La razón es sencilla: las funciones no desaparecieron. Lo que se eliminó en nómina reapareció —y con sobreprecio— en contratos externos.
Estudios recientes basados en millones de contratos registrados ante la Oficina del Contralor confirman una tendencia alarmante: el Gobierno de Puerto Rico destina hoy más del 50 % de su gasto consolidado a contratos, llegando en algunos años fiscales a superar el 60 % del presupuesto total. Esto ocurre mientras la nómina pública y los empleados de carrera se reducen.
Dentro de ese panorama, el Departamento de Educación se destaca de manera preocupante: concentra cerca del 35 % de todos los contratos del gobierno central, convirtiéndose en el principal motor de la externalización del Estado. Educación no solo administra el mayor presupuesto público; también contrata a una escala que supera por mucho a cualquier otra agencia.
Contrario a la narrativa de “achicar el Estado”, el tamaño real del gobierno —medido en dólares gastados— no ha disminuido. Lo que ha crecido de forma sostenida es la contratación externa. La conclusión es inequívoca: el gobierno gasta más hoy, pero una porción cada vez menor de ese gasto fortalece capacidad interna.
Contratar servicios externos puede ser lógico para proyectos temporeros o altamente especializados. El problema surge cuando se contrata lo que es permanente: transportación escolar, educación especial, servicios administrativos, tecnología, supervisión de obras, consultoría recurrente.
En esos casos, el Estado paga:
tarifas más altas por hora,
costos adicionales de intermediación,
márgenes de ganancia privada,
y pierde continuidad, conocimientos acumulados y control operativo.
Numerosos análisis fiscales muestran que un empleado público de carrera suele costar menos, a largo plazo, que la suma de contratos que lo sustituyen. Aun así, se optó por despedir primero y contratar después.
El Departamento de Educación es el ejemplo más claro del fracaso de este modelo. Miles de millones en contratos cubren funciones esenciales que antes residían en la estructura pública. Esa dependencia no solo encarece la operación, sino que debilita la gobernanza del sistema educativo y diluye la rendición de cuentas.
Si Puerto Rico quiere hablar en serio de ahorro, Educación debe ser el primer laboratorio de reforma, evaluando qué servicios deben volver a internalizarse y cuáles contratos simplemente no se justifican.
No se trata de demonizar toda contratación ni de romantizar el pasado. Se trata de hacer matemáticas básicas. Un gobierno que:
tiene menos empleados,
pero gasta más,
y depende cada vez más de terceros,
no es más eficiente. Es más vulnerable, más opaco y más caro.
Puerto Rico necesita una política clara: detener la contratación externa que sustituye empleo permanente, auditar de manera integral los contratos recurrentes y reconstruir capacidad pública donde resulte más costo-efectivo. Cada contrato innecesario es un dólar menos para servicios directos, salarios justos y estabilidad institucional.
La pregunta ya no es si podemos seguir así. La pregunta es cuánto más caro vamos a permitir que se vuelva el gobierno antes de corregir el rumbo.
