Por Cristina del Mar Quiles | Todas y Centro de Periodismo Investigativo
La procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, reconoció este jueves que no dio una respuesta oportuna al recorte de fondos que experimentan los albergues que refugian a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica a pesar de que las organizaciones le habían anticipado las complicaciones presupuestarias que se avecinaban.
Al ser abordada este jueves en conferencia de prensa en La Fortaleza sobre si abrir una convocatoria de fondos del Departamento de Justicia en febrero era lo mejor que podía hacer el Gobierno ante un recorte que se preveía desde principios del 2025, la Procuradora apuntó a fallas en los procesos gubernamentales.
“Todos los días hay espacio para mejorar y es una preocupación que teníamos hace mucho tiempo. Nos tomó tiempo también en lo que se identificaron los fondos y buscábamos la mejor solución para poder brindarles. Y tienes razón, no todos los procesos son perfectos. Yo tampoco lo soy. Somos un ente que busca mejorar todos los días”, respondió a preguntas de la Unidad Investigativa de Género, una colaboración entre el Centro de Periodismo Investigativo y el medio Todas.
La Red de Albergues de Violencia Doméstica y las directoras de varios de estos refugios denunciaron desde principios del año pasado el recorte de fondos. En mayo de 2025, Piñeiro Vázquez le dijo a la Unidad Investigativa de Género que era “muy prematuro” para actuar. En ese momento, aseguró que había solicitado un aumento del presupuesto de su oficina de $4.6 millones a $9.6 millones, pero lo único que consiguió fueron $5.3 millones.
El recorte de $856,984.88 en fondos federales a los albergues ya se materializó y ha tenido la consecuencia de afectar la disponibilidad de camas, la reducción de plantillas y de jornadas, impactando programas de prevención desde septiembre de 2025.
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La respuesta del Gobierno llegó en febrero cuando el Departamento de Justicia abrió una convocatoria de $2,047,317 a todas las organizaciones que ofrecen servicios a sobrevivientes de violencia doméstica, no solo a los albergues, la cual cerró el pasado miércoles.
Piñeiro Vázquez confirmó que, antes de abrir la convocatoria, Justicia tenía el plan de transferir fondos propios a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), para que esta pudiera distribuirlo entre los albergues.
“La Secretaria [de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres] y yo entendíamos que el mejor plan era que manejáramos [la OPM] los fondos, pero en efecto no resultó”, explicó.
—¿No resultó porque la Junta [de Control Fiscal] no estuvo de acuerdo?, preguntó la Unidad Investigativa de Género.
“Es correcto”, respondió Piñeiro Vázquez. “No fue precisamente porque nosotros nos hayamos tardado en atenderlo, sino fue porque el plan que teníamos previsto no resultó”, dijo.
La Procuradora también indicó que repartió “un dinero” que su oficina tenía disponible, pero que tampoco era suficiente.
Sin embargo, la presidenta de la Junta de Directoras de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, Coraly León Morales, indicó que no se trató de una asignación extraordinaria, sino que eran fondos provenientes de la subvención STOP VOWA, que se le asigna desde hace años a la oficina y que está obligada a distribuir anualmente a las organizaciones que ofrecen servicios a sobrevivientes de violencia de género, no solo albergues. Tres refugios recibieron asignaciones de este fondo, para un total de $247,563, que acabaron el 31 de enero.
La Unidad Investigativa de Género procuró explicaciones de parte de la Junta de Control Fiscal. La petición fue referida a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que envió un correo indicando que respondería “dentro de los términos dispuesto en la Ley 141-2019, según enmendada, conocida como Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”, lo que implicaría que podría tomar hasta 20 días laborales.
León Morales reiteró que desde el Gobierno no hubo un plan proactivo, como hicieron algunos estados, “que se prepararon para estos recortes que sabíamos que eran inminentes”.
“Lamentablemente, se esperó a que las organizaciones tuviéramos los recortes encima”, señaló.
Insistió en que el problema de fondo persiste pues no existe un mecanismo para garantizar fondos recurrentes a los albergues que son la primera línea de defensa para las mujeres sobrevivientes de violencia doméstica y sus hijos.
Foto por Brandon Cruz González | Centro de Periodismo Investigativo
Sin opinión sobre propuesta para allegar fondos recurrentemente
La Red de Albergues desarrolló una propuesta de establecer un impuesto de 5% a la venta de armas de fuego y sus aditamentos, cuyos recaudos sean destinados a la sostenibilidad de estos espacios.
Según sus estimaciones, a partir de informes del comercio exterior del Gobierno de Puerto Rico, esta medida podría generar más de $1 millón al año. Sin embargo, la Procuradora indicó que solo conoce de la propuesta de manera verbal y dijo que no emitirá opinión hasta que se oficialice.
León Morales indicó que recientemente se le entregó un resumen de la propuesta a la Procuradora. Además, señaló que se incluyó como parte del memorial de la Red de Albergues sobre la Resolución Conjunta 0011, que buscaba asignar $1 millón del Fondo General del presupuesto de gastos del Gobierno a los albergues para aliviar la crisis fiscal.
Esta resolución, presentada en enero de 2025 por la senadora del Partido Popular Democrático (PPD) Ada Álvarez Conde, recibió este martes un informe negativo de la Comisión de Hacienda.
Piñeiro Vázquez tampoco asumió una posición sobre este informe.
