El portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández Ortiz, señaló que al inicio a la tercera sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa, la delegación popular en el Senado presentó la Resolución 391 para investigar los asuntos relacionados a una subasta para la distribución de combustible a las plantas generadoras de San Juan, Palo Seco, Aguirre y Costa Sur, otorgado por Genera PR LLC, en representación y actuando como agente de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
De acuerdo con el también abogado, el pasado 5 de enero de 2025, la entidad privada GeneraPR, LLC, actuando como agente de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) mediante un contrato de alianza, publicó un Request for Proposal (RFP o Solicitud de Propuesta), con el propósito de adjudicar un contrato para el suplido de combustible. Dicho contrato estaría sufragado con fondos públicos mediante una asignación de mil millones (1,000,000,000) de dólares.
“Previamente, el 2 de octubre de 2025 GeneraPR, notificó a los distintos licitadores mediante un Notice of Intent to Award (intención de adjudicar) el contrato a Puerto Rico Energy LLC. Sin embargo, información que hemos examinado en un pleito que judicial que está activo en los tribunales, refleja que otra empresa presentó una propuesta a todas luces, más favorable y económica para el gobierno de Puerto Rico”, expuso el legislador.
“De manera irregular, la empresa GeneraPR adjudicó un contrato a la empresa Puerto Rico Energy LLC, cuya oferta según un caso que se ventila en los tribunales, fue superior a la presentada por otra empresa. De ello ser cierto, la actuación de Genera PR carece de justificación y va en contra de los mejores intereses del Pueblo de Puerto Rico, señaló Hernandez Ortiz en comunicado de prensa divulgado hoy miércoles.
El portavoz popular le recordó al País que no es la primera vez que GeneraPR está envuelta en asuntos o controversias contractuales de alto interés. El año pasado, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y dicha empresa, llevaron a cabo un anuncio conocido como el Acuerdo de Renegociación con GeneraPR. El Gobierno dijo para aquel entonces, que con dicho acuerdo se elimina la posibilidad de que el Gobierno pagara $890 millones de dólares en bonificaciones a GeneraPR.
“Unas bonificaciones que como cuestión de realidad solo se le daban a la empresa si cumplía con métricas de desempeño, ahorro en el combustible y seguridad energética, si era que bajaban el costo de operación y si lograban eficiencias operacionales. Tras la enmienda a ese contrato, el Gobierno determinó pagarle $110 millones a GeneraPR y olvidarse de la fiscalización de esta empresa. Sin embargo, luego de la fiscalización nuestra del PPD, la Junta de Supervisión Fiscal detuvo dicha renegociación”, añadió Hernández Ortiz.
De aprobarse la Resolución del Senado 391 presentada por la delegación del PPD, la Comisión de Gobierno de la Cámara Alta, tendría que evaluar, entre otras cosas: el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y administrativos contenidos en el RFP (solicitud de propuestas) por parte de todos los proponentes y participantes, la razonabilidad y justificación económica del contrato adjudicado. Además, examinar el impacto fiscal de la adjudicación y su comparación con otras propuestas válidamente presentadas; la legalidad de las actuaciones GeneraPR, actuando como agente de la AEE en el manejo del proceso de evaluación y adjudicación.
De igual manera, la Comisión de Gobierno tendría que evaluarse cualquier posible conflicto de interés, relación indebida o actuación irregular relacionada con el proceso, así como el historial de cumplimiento de las partes involucradas, incluyendo desempeño previo y contratos anteriores con el gobierno estatal. El portavoz finalizó expresando que “Estas prácticas vulneran los principios de imparcialidad y equidad que deben regir toda subasta pública o privada. Estamos ante un proceso que, en nuestra opinión, debe ser investigado y revisado en su totalidad. Las irregularidades detectadas no son menores ni aisladas; representan un patrón de acciones que comprometen la transparencia, la legalidad y la equidad del proceso”, concluyó Hernández Ortiz.
