El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no solo indultó la pasada semana a la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garced, quien se declaró culpable de violación de la ley de financiación de campañas electorales, sino que también condonó la pena de tres años y medio de cárcel al beneficiario de la Ley 22/60, Terren Scott Peizer, acusado de fraude y tráfico de información privilegiada en California.
En julio de 2021, Peizer, de 66 años, obtuvo su decreto contributivo en Puerto Rico, un beneficio que no ha sido revocado a pesar del sonado caso legal, confirmó el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
“No hay palabras suficientes para expresar mi gratitud y aprecio por la compasión y el reconocimiento por parte del Presidente más exitoso de mi vida de este proceso injusto. ¡Gracias, señor Presidente!”, expresó Peizer sobre el perdón por medio de su abogado de la firma King & Spalding, David Willingham.
En verano de 2024, el residente en Dorado, Puerto Rico, y Santa Mónica, California, fue declarado culpable por fraude y uso de información privilegiada para vender acciones de la empresa Ontrak. La Fiscalía General del Distrito Central de California, en 2023, lo acusó de hacer negociaciones utilizando la Regla 10b5-1 de la Ley federal de Intercambio de Valores, para evitar pérdidas de más de $12.5 millones. Además de ir a prisión, se había sentenciado a Peizer a pagar una multa de casi $5.3 millones y restituir $12.7 millones a la empresa de biotecnología médica.
Según anunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el ex director ejecutivo y presidente de Ontrak cometió la violación de ley cuando, tras conocer que la compañía iba a perder a su cliente más grande entre mayo y agosto de 2021, hizo planes para vender sus acciones y evitar pérdidas por más de $12.5 millones.
El DDEC analiza si le quitará el decreto, mientras Peizer se pasea como filántropo en Puerto Rico
El director de la Oficina de Incentivos para Negocios, adscrita al DDEC, Ernesto Zayas García, precisó en declaraciones escritas al CPI que el indulto presidencial “se circunscribe al ámbito penal federal y no es extensivo a evaluaciones administrativas o civiles, como lo son los aspectos relacionados con el cumplimiento de requisitos del Programa de Incentivos”, en Puerto Rico.
Zayas García dijo que la conducta por la cual Peizer “fue convicto resulta incompatible con los mejores intereses del Gobierno de Puerto Rico”, y aseguró que el DDEC está “analizando cuidadosamente las consideraciones legales y procesales aplicables” para una posible revocación de su decreto.
Después de ser sentenciado en California en el verano de 2025, Peizer apeló la sentencia, pero la clemencia de Trump llegó antes de la vista en apelación que tenía pautada para el próximo mes de febrero. Ahora no tendrá que poner un pie en la cárcel ni restituir un solo dólar.
Aunque elogió a Trump como presidente, no hay registro de que Peizer haya donado bajo su nombre a sus campañas. Entre 2020 y 2022, donó $5,700 a las campañas del cripto-inversionista y también beneficiario de Ley 22 en Puerto Rico, Brock Pierce, cuando este aspiró primero a la presidencia estadounidense y luego al Senado por el estado de Vermont. Peizer es padrino de una de las hijas de Pierce.
Peizer no es el primer inversionista residente bajo el programa conocido como la Ley 22 —y que desde el 2019 está bajo la Ley 60 o Código de Incentivos— que es acusado de delito al mismo tiempo que mantiene su decreto. Desde el 2021, el CPI ha identificado una docena de casos y ha revelado fallas en la fiscalización que realiza el Gobierno a los beneficiarios de este incentivo, que exime de impuestos los ingresos pasivos de estas personas, como son las ganancias que se obtienen por medio de valores, dividendos e intereses.
El año pasado, el DDEC anunció nuevas medidas de fiscalización, como requerir un certificado de antecedentes penales actualizado como parte de los informes anuales que deben presentar los inversionistas residentes. Sin embargo, el director de la Oficina de Incentivos dijo al CPI que, una vez concedidos los decretos, “la estructura reglamentaria vigente […] no impone actualmente una obligación de revisión periódica de récord fuera de Puerto Rico”.
Terren’s Pardon Me?! Legendary Party
Peizer será el anfitrión de un evento de recaudación para la organización sin fines de lucro Island Corps, al que solo se puede asistir por invitación. “El 100% de todas las donaciones se destina a GivingBack2PR para la niñez y la juventud de Puerto Rico, un Programa de Impacto de Recaudación de Fondos de Terren administrado por IslandCorps”, indica la página promocional del evento “Terren’s Pardon Me?! Legendary Party”.
“La experiencia se eleva con momentos culinarios excepcionales, que incluyen caviar indulgente, dos espectaculares presentaciones de atún rojo de 250 libras preparadas por maestros chefs samuráis y una barra Don Julio 1942, con cada elemento cuidadosamente seleccionado para deleitar los sentidos y crear recuerdos duraderos”, añade la página del evento, cuyos donativos van de $500 hasta $10,000.
Desde 2017, el programa de inversionistas residentes de la Ley 22 les requiere una aportación anual de al menos $5,000 a entidades sin fines de lucro en Puerto Rico. En el caso de aquellos inversionistas residentes con decretos a partir del 2020, la cantidad aumenta a $10,000.
En el video promocional del evento, el recién perdonado alerta sobre la “desaparición” de la población de menores de edad en Puerto Rico porque “no tienen seguridad alimentaria ni seguridad de vivienda” y sin eso “no pueden tener una educación estable”. El nativo de Cleveland, Ohio, recuerda que todos los años hace esta fiesta para “devolver a una comunidad increíble”. La actividad, que según se observa en el vídeo inicialmente tenía un nombre que no hace referencia al perdón, se celebrará este sábado 24 de enero en un área superexclusiva de Dorado Beach en la que Peizer reside.
“En Puerto Rico, he liderado iniciativas para mejorar la educación financiando escuelas chárter e integrando plataformas educativas basadas en inteligencia artificial (IA) en comunidades marginadas. Más allá de Puerto Rico, apoyo causas que abarcan desde la conservación de la vida silvestre hasta la salud mental. Cada iniciativa se alinea con mi misión principal de generar un cambio sistémico y sostenible”, dijo en una entrevista publicada en marzo de 2025.
Island Corps, que está registrada oficialmente como Puerto Rico Community Service Corps, fue incorporada en Puerto Rico hace 15 años por María de los Ángeles Mayorga para ofrecer servicios comunitarios, educativos y ecoturísticos. Entre las actividades que lleva a cabo la organización destaca poner una carpa de equipos y materiales donados para maestros de cara al regreso a clases en agosto pasado. En la época navideña, recogieron juguetes que repartieron en distintas comunidades en los pueblos de Juana Díaz, Guánica, Culebra y Vieques tipo servi-carro.
Captura de pantalla
El CPI contactó a Mayorga para aclarar el papel que juega el anfitrión de la fiesta de recaudación en Island Corps, desde cuándo su organización gerencia el Terren Fundraiser Impact Program y desde cuándo se relaciona con el emprendedor. La directora ejecutiva no contestó directamente las preguntas e indicó vía correo electrónico que “IslandCorps comparte información institucional únicamente a través de fuentes públicas y de documentos que la ley requiere que estén disponibles. Por política, y conforme a las normas federales aplicables a organizaciones exentas, no divulgamos información no pública, incluyendo datos o identidades de donantes y contribuyentes, listas ni documentación interna de recaudación o de proyecciones que no hayan sido publicadas”.
Peizer llegó a tener 30 empresas registradas en tres estados. En Texas y Connecticut, figura como director o principal oficial de Ontrak. En Puerto Rico, tiene registradas cuatro compañías de responsabilidad limitada inscritas en el Departamento de Estado: Humanitario Capital, PR Schools, 14 Dorado Beach Estates y Steak. La primera es un fondo de inversión privada y la segunda es un fondo para escuelas chárter. Las últimas dos empresas no aparecen con un propósito específico. Ninguna de las cuatro compañías tiene informes anuales publicados en la página del Departamento de Estado. El CPI contactó a Peizer para preguntar sobre las empresas que ha registrado en la Isla y su vínculo con Island Corps, entre otras dudas, sin obtener respuesta.
En 1981, con 21 años de edad, Peizer comenzó a trabajar en la empresa de inversiones Goldman Sachs para después asociarse con Michael Milken, el “rey de los bonos chatarra de Wall Street”, que tiene prohibido intercambiar valores en la bolsa tras ser convicto por fraude y conspiración en 1990. Aunque Peizer testificó contra su mentor, quien también fue perdonado por Trump en el 2020, en una entrevista divulgada el año pasado afirmó que “Milken ha sido una inspiración significativa… Aunque su carrera no estuvo exenta de controversia, aprendí lecciones invaluables. Él demostró cómo se puede aprovechar la perspicacia financiera para lograr un mayor impacto social, un principio que aplico en mis propios emprendimientos”.
Aunque se sabe poco de su vida personal, Peizer es una cara conocida en el mundo de las inversiones. Sobre su visión empresarial y su actividad filantrópica, Peizer dijo en un evento celebrado en Washington D.C. en 2024: “Me sentía como Robin Hood. Robaba de los ricos, del mercado, y lo repartía a otras causas. Pero el problema con esto es que no estaba convencido de que realmente estaba ayudando a la humanidad…. Me sentía como el tipo que atrapa un pez y se lo da a un aldeano (villager) para que pueda cenar, pero el tipo que le enseña a pescar le permite comer por el próximo año, más”.
“Con todo el dinero que hice empecé a crear compañías que mejoraran la existencia humana”, añadió en la entrevista.
Tras el anuncio del indulto presidencial otorgado a Peizer, el licenciado Willingham reiteró la inocencia de su cliente, quien ya había sido declarado culpable y sentenciado. “El equipo directivo que operaba la empresa [Ontrak] le comunicó al señor Peizer que estaba autorizado para llevar a cabo sus planes de negociación… el gobierno lo acusó sin siquiera molestarse en consultar a esas personas [los directivos de la empresa que lo habían autorizado]”, afirmó en una declaración divulgada por el bufete el 16 de enero.
El pasado viernes, Trump perdonó a Vázquez Garced, acusada de aceptar sobornos pero que se declaró culpable del delito menor de violación de la ley de financiación de campañas electorales. También perdonó a como sus coacusados, el banquero Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark Rossini. El perdón ocurrió dos semanas antes de la vista de sentencia y seis meses después de que la hija del banquero, Isabel Herrera, hiciera un donativo a favor de MAGA Inc. por $1 millón. Este fue el segundo donativo hecho al comité político asociado a Trump, porque a finales de 2024, Isabel Herrera había donado otros $2.5 millones, reveló The New York Times. En mayo, la Fiscalía Federal autorizó los acuerdos de culpabilidad que, aunque resultaban favorables para los tres coacusados, podrían haber conllevado cárcel.
El periodista Luis Valentín Ortiz contribuyó en esta historia.
