Por Hevan Vélez Hernández
La costumbre en la Administración Pública del país por muchísimos años ha sido que los nombramientos de directores de agencia y sus subalternos dependan de la insignia que se marque en la caseta un martes de noviembre cada cuatro años. La meritocracia es casi inexistente, pues se prioriza la afiliación política por encima de la capacidad y el pueblo es quien sufre las consecuencias de esto. La nueva administración, hasta ahora, no ha sido diferente, una simple evaluación del perfil de las cabezas que ocupan las secretarías más importantes de Puerto Rico lo evidencia.
La gobernadora, inclusive, abrió una plataforma para recibir resumés y casualmente, los más ilustrados y capacitados fueron en su mayoría personas ligadas a su campaña. Si bien un jefe de agencia debe creer en la política pública de quién lo nombra, su preparación debe ser el motivo principal de su nombramiento. El envenenamiento de nuestras agencias producto de la política partidista ha hecho que colapsen servicios esenciales para la ciudadanía.
Se ha normalizado la ineficiencia en el servicio público sin exigir rendición de cuentas, dando la impresión de que, como pueblo, nos hemos conformado con la mediocridad. Sabemos bien que el sector público se tiñe del color correspondiente al partido que gane las elecciones, mientras en el proceso, el país se pinta de negro. Idealmente, en un Puerto Rico saludable, el principio rector de la Administración Pública sería el mérito, pero eso requiere una buena fe que está ausente en el espíritu de la mayoría de nuestros líderes.
