Por Vanessa Colón Almenas | Centro de Periodismo Investigativo
No fue hasta abril de este año que la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) consignó en una carta la solicitud de más fondos a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) para financiar la elevación de 87 subestaciones y centros de transmisión de la red eléctrica que están en áreas inundables.
Una de ellas es la subestación de Las Acacias, en Cabo Rojo, que quedó bajo agua en agosto cuando pasó la tormenta Ernesto cerca de Puerto Rico. Miles de clientes se quedaron sin energía en sectores de los municipios de Cabo Rojo y Hormigueros hasta por dos días el pasado mes de agosto tras la interrupción de los servicios de energía que suple esta subestación. Otra es la de Cataño, cuya elevación se calculó hace dos años en casi $7 millones con fondos de mitigación.
Ni el COR3 ni LUMA Energy, que es la compañía que se encarga de la transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico, dijeron al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) cuánto es el costo total de los trabajos de elevación de las subestaciones y centros de transmisión ubicados en áreas inundables. LUMA solamente descartó que cada una pueda estimarse cerca de los $7 millones que se invertirá en elevar la de Cataño. Mientras que Manuel Laboy Rivera, director ejecutivo del COR3, se limitó a decir que el costo será multimillonario.
El COR3 alega que, en la metodología que utilizó para calcular los gastos en daños al sistema eléctrico tras el paso del huracán María en 2017, FEMA excluyó “costos asociados” para elevar estas subestaciones. Los costos asociados a esta omisión incluyen servicios de ingeniería, la desconexión y conexión del servicio eléctrico, levantar cimientos y la elevación física de las subestaciones. Pero FEMA asegura que el dinero disponible sí puede cubrir esos costos.
En la carta a FEMA, Laboy Rivera establece que estos costos podrían afectar negativamente la capacidad de completar los trabajos acordados. Al CPI le dijo que la cifra es “significativa”.
El COR3 no explicó por qué fue ahora, cuatro años después de la obligación de los fondos para reparar estas subestaciones, que se percataron de esta falla. La obligación de fondos es dinero comprometido por parte de FEMA que se transfiere al COR3 para que lo desembolse.
“No solamente son las [elevaciones de las] subestaciones, también están [trabajos de mitigación] las represas y los embalses de la Autoridad [de Energía Eléctrica]”, añadió sobre las represas Guajataca en Isabela, y Guayabal en Juana Díaz, las hidroeléctricas de Toro Negro, en Villalba, y Río Blanco, en Naguabo, y los sistemas de canales de riego de Isabela, Lajas y de la costa sur, ubicado en parte de los municipios de Patillas, Arroyo, Guayama, Villalba, Juana Díaz, Salinas y Santa Isabel.
A preguntas del CPI sobre quién es el responsable de no haber incluido estos costos, el director ejecutivo del COR3 no respondió directamente, y solo reconoció que hubo “muchas cosas que se pudieron haber hecho diferente”. Se refirió en particular a FAASt, que son las siglas en inglés de lo que la agencia federal llamó Estrategia de Obligación Acelerada de FEMA, una “iniciativa piloto que comenzó en Puerto Rico”.
“FAASt se implementó entre 2019 y 2020. Así que era la primera vez que se implementaba. Yo no le quiero tirar la toalla a nadie para ser honesto. […] Pero para ser lo más justo posible, era algo que nunca se ha implementado en la historia de FEMA, ni mucho menos en Puerto Rico. Así que creo que hubo muchas lecciones aprendidas posterior al haberse hecho esa obligación del FAASt”, dijo Laboy Rivera.
La estrategia de FAASt consistió esencialmente en que los fondos de la reconstrucción de la red se calcularon por medio de un muestreo estadístico representativo de los daños en las estructuras. En resumen, no se inspeccionaron todas las estructuras dañadas después del huracán María, sino sólo una muestra. Los resultados de los daños y costos de la muestra se promediaron y luego se calculó un presupuesto para todos los proyectos de la reconstrucción de la red.
En el caso de las subestaciones, FEMA informó al CPI que se evaluaron sólo 81 subestaciones de las 392 que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) reclamó dañadas tras el huracán. “Según los informes, 17 de las 81 instalaciones del muestreo sufrieron daños severos relacionados con inundaciones”, añadió FEMA.
La agencia federal aún no ha respondido a esta petición de más fondos para las subestaciones. El COR3 dijo al CPI que la petición “se encuentra en proceso de evaluación por parte de FEMA”. Este asunto formó parte de la agenda entre altos funcionarios de FEMA y el COR3 durante un encuentro de dos días a finales de agosto en la sede de la Región 2 de FEMA, en Nueva York, a la que pertenece Puerto Rico.
En disputa sobre si el dinero disponible es suficiente para las subestaciones
Mientras la plana mayor de FEMA evalúa la petición del COR3, Andrés García Martinó, coordinador federal alterno de FEMA para la Recuperación en Puerto Rico, dijo al CPI que no se añadirá dinero a los $9,457 millones (FAASt). “Es un fondo fijo”, puntualizó el funcionario que participó del encuentro en Nueva York junto a David Warrington, administrador de la Región 2 de FEMA.
Para la reconstrucción de la red eléctrica, Puerto Rico cuenta con dos presupuestos principales que suman $17,057 millones por parte de FEMA. El primero es el de $9,457 millones (FAASt). Estos fondos se obligaron el 23 de septiembre de 2020. El segundo presupuesto es de unos $7,600 millones para mitigación de riesgos. Estos fondos, según la agencia federal, “pueden añadirse a los proyectos con el fin de restaurar instalaciones dañadas por desastres y evitar daños futuros similares a los causados por el evento declarado”. FEMA informó sobre la disponibilidad de estos fondos al COR3 en enero del 2023.
“Estamos argumentando que ninguno de esos dos presupuestos, lo que suma $17,057 millones, incluyen [los costos de] la elevación de las subestaciones en áreas inundables y la mitigación de las represas y embalses de la Autoridad [de Energía Eléctrica]”, hizo hincapié Laboy Rivera.
Pero según García Martinó, la elevación de las subestaciones se puede cubrir con los $7,600 millones de fondos de mitigación que están disponibles. Inclusive, dijo que este fondo podría aumentar para los proyectos de elevación de las subestaciones que sean costo-efectivos. De este fondo, ya se ha obligado un 8.6%, es decir $660,120,596, que se distribuyeron en 148 proyectos de la red eléctrica, informó FEMA a principios de septiembre.
El fondo de mitigación de la red eléctrica, al momento, tiene un límite. La AEE está solicitando al menos $630 millones sólo para las represas Guajataca y Guayabal, explicó Ezequiel Nieves Ayala, administrador de la Oficina de Fondos Federales en la AEE. Además de LUMA, a este fondo pueden solicitar la AEE, para algunas represas, embalses y canales de riego, y Genera PR, para las plantas generatrices.
FEMA proyectó este año un déficit presupuestario propio de casi $7,000 millones. En agosto, la agencia federal implementó restricciones a hora de comprometer dinero, “lo que retrasará las obligaciones de fondos para proyectos de recuperación y mitigación a largo plazo”, según el Servicio de Investigación del Congreso.
Ante este panorama — y tomando en consideración que 310 proyectos relacionados a la red aún están bajo la evaluación de FEMA —, el CPI preguntó a LUMA si los fondos se quedarán cortos para la elevación de las subestaciones.
“No es que nos quedemos cortos de dinero, es que podemos hacer más trabajos”, dijo Juan Rodríguez, vicepresidente de Programas de Capital de LUMA Energy.
Ejecutivos de LUMA y del COR3 tuvieron que presentarse este jueves ante el subcomité de Recursos Naturales y Asuntos Indígenas e Insulares del Congreso de Estados Unidos para rendir cuentas sobre el estado de la red eléctrica en Puerto Rico ante la inestabilidad del sistema y las constantes quejas de los clientes residenciales, comerciales e industriales. También comparecieron funcionarios de Genera, que es la compañía que se encarga de los sistemas de generación eléctrica, y del Negociado de Energía de Puerto Rico.
Añadió que con los fondos de FEMA ya obligados, se modernizará la red, “pero hay tanta necesidad que nunca viene mal asignaciones extra para entonces poder hacer otro tipo de trabajo”. El ejecutivo destacó que con estos fondos no hay un impacto directo a la tarifa de los clientes de LUMA.
“Tenemos más de 20 subestaciones ahora mismo en construcción o que han sido ya trabajadas [con] una combinación de fondos federales y fondos operacionales”, dijo Rodríguez.
De esos proyectos de subestaciones, ninguna ha sido elevada. Una de las primeras con elevación será la de Cataño, explicó Rodríguez. Dijo que para comenzar los trabajos falta que llegue un equipo que ya fue ordenado pero “estos equipos están tardando dos, o inclusive tres años en llegar”, aclaró. En total, para esta subestación FEMA obligó casi $21 millones, que incluye casi $7 millones en fondos de mitigación para elevarla.
Según datos de FEMA hasta principios de septiembre, 27 proyectos relacionados a subestaciones cuentan con $553,220,534 de fondos obligados para reparaciones, reemplazos de equipo y otros trabajos.
Los trabajos para la elevación de las subestaciones pueden conllevar diversas soluciones. La más costo efectiva, cuando no haya severidad de inundación en el área donde ubica la estructura, podría ser la remoción y movimiento de tierra, explicó Robert Vargas, gerente del grupo de ingeniería de diseño de subestaciones de LUMA.
Otra opción podría ser la construcción de una plataforma de hormigón o concreto, lo que requiere más labor y esfuerzo, añadió Vargas. Igualmente, LUMA evalúa soluciones con equipo prefabricado como plataformas de acero o unos bloques que minimizan el uso del concreto.
Si los costos de reparación y elevación no son costo-efectivos, entonces se podría relocalizar una subestación a otra área, añadió Rodríguez.
Inundación en subestación provocó rescate
Por casi siete horas, nueve empleados de los municipios de Hormigueros y Cabo Rojo, junto a dos de LUMA Energy, estuvieron varados en la carretera 114, que recorre ambos municipios, en medio de la inundación y vientos que provocó la tormenta Ernesto.
En un intento por llegar hasta la subestación de Las Acacias para evaluar los daños,
personal de LUMA trató de llegar en un camión del Municipio de Hormigueros, pero quedó varado en medio de la inundación dado que el río Guanajibo había salido de su cauce. Un segundo camión salió de Cabo Rojo para socorrerlos, pero tuvo la misma mala suerte. Cerca de las 9:45 de la noche, rescatistas de Sabana Grande y personal de la Guardia Nacional finalmente los rescataron.
Áreas inundadas por la carretera 114 entre Hormigueros y Cabo Rojo. Fotos suministradas por Sidmarie González Valentín.
“Yo mido 5’ 2” y si me quedaba completamente de pie, el agua me llegaba hasta el cuello”, explicó Sidmarie González Valentín, directora de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Hormigueros.
Cuando surge un evento atmosférico que deja mucha lluvia, afecta la subestación Las Acacias, que se encuentra en una zona inundable, explicó el alcalde de Cabo Rojo, Jorge Morales Wiscovitch. La estructura está cerca de los ríos Viejo y Guanajibo, que recoge agua de Cabo Rojo y Hormigueros, además de Sabana Grande y de otros sitios, dijo.
El alcalde enfatizó la urgencia de trabajar con esta subestación, porque “hay muchas personas que dependen de la luz para poder vivir, porque se conectan a tanques de oxígeno, tienen camas de posiciones y máquinas de terapias respiratorias”.
Las Acacias será relocalizada en otro terreno más alto en el barrio Sabana Alta, en Cabo Rojo, con equipo nuevo y alternativas de resguardo cuando el sistema falle, informó Morales Wiscovitch a partir de la información provista por LUMA. “Ellos hablan de que este proyecto tarda dos o tres años en construirse”, dijo.
FEMA denegó otras solicitudes para ajustar costos estimados
FEMA denegó en diciembre pasado una solicitud del COR3, a nombre de la Federación de Alcaldes y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), para hacer ajustes a los proyectos de obra permanente con estimados de costos fijos, y al calendario de ejecución.
El COR3 ha pedido a FEMA en varias ocasiones que se actualicen los estimados de costos fijos ante la situación económica actual, no solo para la AAA y municipios, sino también para todos los proyectos de la reconstrucción.
La contestación de FEMA siempre es la misma: “Que no se puede cambiar”, dijo Laboy Rivera. Esto, a pesar de la inflación, los problemas en la cadena de suministros y la falta de personal que ha enfrentado la reconstrucción en Puerto Rico.
FEMA hace referencia a los acuerdos ya firmados, a la Ley Stafford de Ayuda en Desastres y Asistencia en Emergencias, a las regulaciones y, particularmente, a la política pública establecida especialmente para Puerto Rico para subvencionar los proyectos grandes de obra permanente.
Esta política pública establece que, una vez se llega a unos acuerdos sobre el estimado de costos fijos para las asignaciones, no se harán más ajustes, con la excepción de los ajustes de seguro.
Si los costos reales finales superan lo previsto en la subasignación de costo fijo aprobada, FEMA no aprobará ni desembolsará fondos adicionales.
