El senador independiente José “Chaco” Vargas Vidot denunció que el Departamento de Corrección y Rehabilitación ya tenía “planchado” renovarle el contrato a la empresa que brinda servicios de salud a la población correccional, Physician Correctional, a pesar de incumplimientos e irregularidades que ha levantado en los trabajos de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción que preside.
“Dentro de muy poco se anticipa ya la firma nuevamente un contrato con una compañía
que ha incumplido una y otra vez con su responsabilidad de ofrecer los servicios de
salud mental, de salud física… todos los servicios están metidos en esa caja de
pandora que se abrió con la muerte de Shannel Colón Ponce”, expresó el senador
independiente en un turno sobre el Cuarto Informe Parcial de la Resolución del Senado
77.
El 30 de septiembre se vence el contrato de Physician Correctional, y ya se ha
adelantado que a esta empresa es a la cual se le renovarán los servicios por cinco
años más.
Ante un requerimiento de Información hecho por Vargas Vidot, el Departamento de
Corrección y Rehabilitación indicó que publicaron el edicto por internet en mayo para
iniciar el proceso competitivo, y que solo dos participaron: Physician Correctional y un
contratista, este último, según la comunicación, se descartó por ser “escueta”.
“El edicto fue publicado en mayo, cuando ya para esta fecha sabíamos que el propio
Gobierno le había incluido una partida a nombre de Physician en la propuesta del
presupuesto original para el 2023-2024. Esto nos lleva a concluir que a fin de cuentas
fue un trámite proforma, y que ya estaba planchada la decisión de renovarle el contrato
a una empresa que ha incumplido contractualmente y que cada día salen más
irregularidades”, manifestó el presidente de la Comisión de Iniciativas Comunitarias,
Salud Mental y Adicción.
En cuanto a los incumplimientos de Physician Correctional, el senador detalló el
incumplimiento de varias secciones del contrato, específicamente el artículo 12, en
particular la sección 12.2, establece que Physician Correctional debe rendir un reporte
mensual a la secretaría de Corrección, y posteriormente la sección 12.3 desglosa de
manera específica que debe incluir ese reporte, entre ellas, los servicios en el hospital
psiquiátrico.
“Sin embargo, al solicitar el reporte mensual, no se nos envió lo solicitado, ya que no es
algo que trabajan, a pesar de estar dispuesto en el contrato. Es decir, lo que le
enviaron a esta Comisión fueron reportes trimestrales que no contenían los requisitos
estipulados en el contrato para lo cual Physician Correctional se obligó. Dicha realidad
constituye un incumplimiento material con las obligaciones de Physician Correctional.
Llama la atención la anuencia que ha tenido el Departamento de Corrección y
Rehabilitación con este incumplimiento que a todas luces evita la adecuada
fiscalización de los servicios provistos por Physician Correctional”, denunció Vargas
Vidot.
Por otro lado, el presidente de la Comisión tuvo acceso a facturas de Physician
Correctional sometidas al Departamento de Corrección y Rehabilitación, en las cuales
varios detalles le levantaron preocupación, específicamente la cantidad que se cobra
por Sistemas de Información mensualmente, este siendo $94,808.331. Al contrastar
esta cifra con $18,961.67 utilizadas para Finanzas y Presupuesto; otros $18,961.67
para Recursos Humanos y $146,952.92 para Servicios Clínicos, este último incluyendo
la Dirección, Supervisión y Proveedores de Servicios Médicos con 1,630 horas
quincenales, el senador cuestionó cómo los trabajos de Sistemas de Información se
asemejan más en gastos a Servicios Clínicos que a otras ramas de Physician
Correctional.
El pasado 11 de septiembre el presidente de la Comisión de Iniciativas Comunitarias,
Salud Mental y Adicción del Senado presentó denunció en conferencia de prensa el
mal manejo de la empresa en el caso de la sumariada que falleció estando bajo la
supervisión del DCR, Shannel Colón Ponce, y cómo investigar este caso lo llevó a
descubrir los pobres servicios de Physician, y la pobre fiscalización del DCR a la
empresa.
Asimismo, de la propia investigación se desprendió el pobre servicio de salud física y
mental que la compañía privada ofrece a las personas privadas de libertad, instancias
de incumplimiento de contrato y serios cuestionamientos en relación a las facturas
entregadas al DCR. Por la parte del DCR, se señaló la negligencia de la agencia en
fiscalizar los servicios de la compañía.
