Por Isabel Abislaimán
“La desrealización de la pérdida— la insensibilidad al sufrimiento humano y la muerte— se convierte en el mecanismo a través del cual se logra la deshumanización.” – Judith Butler
Los autores de varios proyectos de ley y sus partidarios niegan que están sistemáticamente privatizando bienes públicos. Sin embargo, no cabe duda de que con estas medidas se va a perder la playa, como en Jamaica, donde menos del 1% del pueblo tiene acceso. Esta es una pérdida real, no especulativa, para todos. Como en cualquier ámbito de relaciones, la reacción emocional apropiada y saludable es luchar por impedir la pérdida y llorar ante ella. Sin embargo, los políticos, usando lenguaje de gaslighting, también le niegan al pueblo el derecho al duelo anticipado de perder la playa y otros bienes públicos.
Algunas de estas piezas legislativas ya se convirtieron en ley, con la intención de poner bajo candado y llave varios derechos fundamentales del ciudadano al debido proceso de ley. La Ley 161-2009 coarta el descubrimiento de prueba dentro de un sistema donde los documentos públicos desaparecen, se destruyen, se esconden o se niegan, o en el mejor de los casos, se producen selectivamente y a destiempo, con la intención de impedir su uso por el ciudadano.
Las enmiendas a dicha ley y las reformas de permisos persiguen eliminar, entre otras, la legitimación activa de las personas, o sea, impedir acceso a foros legítimos para ventilar controversias, y delimitar en qué consisten los daños. En otras palabras, la ley persigue definir quién tiene derecho al dolor.
Ya las leyes crean subterfugios para otorgar permisos sin notificaciones y vistas públicas. Ahora las leyes buscan imponer más obstáculos a la participación ciudadana y al acceso a los tribunales. Impedir acceso al foro judicial para expresar controversias legítimas es otra forma de censura. ¿Qué son querellas y demandas sino ejercicios de expresión y formas legítimas de ventilar dolor? Por lo tanto, las leyes de permisos ya son, sin añadirles los tornillos y clavos que proponen las leyes de reformas pendientes, violentas contra el ciudadano: no solo quitan el uso y disfrute del suelo público, sino que a la vez persiguen desaparecer el derecho al duelo público en el foro judicial.
La perversidad de esta lógica es que si la demanda no existe (al eliminar su posibilidad legal), tampoco existe el dolor por la pérdida que supone. De esta manera, el gobierno logra instrumentalizar la ley para deshumanizar las emociones del pueblo. Por desgarradora que la pérdida de playas evidentemente le resulta a una gran parte de la población, el gobierno parece estar en una cruzada de rebranding desde su palacio de cristal: playas vacías y paisajes idílicos, sin puertorriqueños.
Nadie escoge pasar un día de playa en el tribunal, pero con estas leyes, además, en los tribunales tampoco habrá puertorriqueños.
