Con 42 votos a favor, la Cámara de Representantes aprobó una medida que enmienda la Ley del Sistema del Retiro de los Empleados del Gobierno, con el propósito de incluir a los alguaciles del Poder Judicial en la definición del término “Servidores Públicos de Alto Riesgo”.
El Proyecto de la Cámara 1841, de la autoría del representante popular Domingo J. Torres García, establece que los alguaciles podrán acogerse voluntariamente al retiro luego de haber alcanzado los 55 años de edad y 30 años de servicio.
A su vez, el proyecto de ley extiende hasta los 62 años la edad de retiro obligatorio para los servidores públicos de alto riesgo.
“Los alguaciles son servidores públicos que ejercen un rol primordial en la seguridad pública de nuestro país. Dicho eso, estos funcionarios merecen tener un retiro justo luego de haber alcanzado los 55 años de edad y 30 años de servicio”, sostuvo el autor de la medida.
Por su parte, el representante pipiolo, Denis Márquez Lebrón, expresó su voto a favor de la medida y reconoció la labor de los empleados públicos “porque sin un buen alguacil y una secretaria en la sala no corren los procesos judiciales”.
“Esto es un nuevo intento que hay que apoyar y votar a favor para una vez más atender el asunto del retiro, pero sobre todo lo correspondiente a clasificarlos y establecerlos como servidores públicos de alto riesgo”, mencionó Márquez Lebrón.
Por otra parte, el cuerpo legislativo aprobó una medida que busca analizar la “Ley de Menores de Puerto Rico”.
Se trata de la Resolución de la Cámara 1047, de la autoría del representante Ángel Matos García, con el propósito de revisar el alcance e identificar posibles enmiendas de dicho estatuto.
“Durante el presente año hemos visto el alza de delitos perpetrados por menores de edad en nuestro país. Es por eso, que es meritorio revisar el alcance de la Ley de Menores, de manera que puedan identificarse posibles enmiendas. De igual manera, en atención al aumento de la gravedad en las conductas delictivas, es necesario investigar la política pública vigente a los fines de recomendar futuras enmiendas a este estatuto”, sostuvo el portavoz de la mayoría en la Cámara, Matos García.
De otra forma, se aprobó una medida que propone enmendar la Ley 42-2012 sobre Cannabis para implementar un nuevo método de identificación electrónica para los pacientes y acompañantes, y la identificación ocupacional.
El Proyecto de la Cámara 1078, del presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y Juan José Santiago Nieves enmienda la Ley para Mejorar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites (Ley Medicinal), y extiende la validez de la recomendación médica y la vigencia de la identificación de los pacientes de cannabis medicinal y de los acompañantes a dos años.
También, el proyecto de ley extiende la vigencia de la identificación ocupacional a tres años y se crearía un mecanismo para la emisión de la recomendación médica y la expedición de la identificación del paciente.
Asimismo, la Cámara dio paso a la Resolución de la Cámara 518 para indagar sobre los fondos federales asignados para los gastos de vacunación contra el COVID-19.
“En el caso de Puerto Rico los fondos son destinados al Departamento de Salud y otras entidades sin fines de lucro, entidades privadas, etc. Estos fondos son utilizados para cubrir los costos asociados con las medidas de protección de emergencia adoptadas por el gobierno para almacenar, manipular, transportar, distribuir y administrar vacunas para reducir la propagación del virus”, reza la medida.
