La vicepresidenta del Senado, Marissa “Marissita” Jiménez Santoni, celebró hoy una vista pública en El Capitolio en la cual reunió a representantes de organizaciones ambientales y comerciantes minoristas para participar de la discusión sobre el impacto del Proyecto del Senado 900, medida que propone derogar la ley que regula los plásticos de un solo uso y las bolsas plásticas en Puerto Rico.
Durante la vista, se abordaron temas de impacto ambiental y económico relacionados con la contaminación por plásticos; los obstáculos para la implementación de la legislación existente y las alternativas vigentes para la reducción de residuos y el fomento del reciclaje.
Brenda Reyes Tomassini, de la organización Basura Cero PR, adujo que la derogación de la Ley 51, que prohíbe los plásticos de un solo uso, transferiría los costos ambientales, sanitarios y de infraestructura a las entidades públicas, municipios y contribuyentes. Reyes añadió que Puerto Rico genera entre 5.5 y 5.8 libras de residuos per cápita diariamente, superando el promedio de Estados Unidos, y la proporción de plástico en los vertederos aumentó del 10% al 17% entre 2003 y 2023. También indicó que el plástico obstruye el alcantarillado pluvial, agravando las inundaciones urbanas y generando costos de mantenimiento para los municipios, no sin antes mostrar preocupación ya que la mayoría de los 29 rellenos sanitarios de la isla operan al límite de su capacidad y el cierre de algunos podría costar alrededor de 100 millones de dólares.
El foro sirvió para destacar el impacto en la salud pública, con micro y nanoplásticos detectados en el agua potable, la cadena alimentaria y el cuerpo humano, vinculados a riesgos cardiovasculares, cáncer, disrupción endocrina y problemas reproductivos. Se mencionó que el turismo y los ecosistemas costeros también se verían afectados, ya que los plásticos de un solo uso representan aproximadamente el 80% de la basura marina caribeña, amenazando los arrecifes de coral que generan ingresos y protegen las costas. La organización ambiental indicó que la derogación de las leyes 247 y 51 contravendría el Plan Estratégico de la NOAA 2023-2028, que apoya su implementación, y comprometería la confianza de las agencias federales en la capacidad institucional de Puerto Rico para administrar recursos públicos.
Jiménez Santoni, quien preside la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado, reconoció que la intención original de la ley era la eliminación total de las bolsas y que la educación y consciencia ambiental ha avanzado, especialmente entre los niños.
“Hoy quiero reafirmar mi compromiso por el bienestar de nuestras comunidades y el futuro de las próximas generaciones. Llevar el mensaje de reciclaje, especialmente de los plásticos y materiales de un solo uso, a cada rincón de mi distrito es una de mis prioridades como senadora. Es de vital importancia que nos eduquemos sobre el tema y creemos un alto grado de concienciación para juntos proteger el medioambiente de manera más efectiva”, indicó Jiménez Santoni.
El Centro Unido de Detallistas, a través de Cynthia Román, expresó que la prohibición de bolsas plásticas, aunque con un fin encomiable, no ha sido la vía más eficiente para resolver el problema de la disposición final, ya que las bolsas más gruesas terminan en los vertederos. Román añadió que el problema principal es la falta de una cultura de reciclaje y que los esfuerzos del gobierno deben enfocarse en crearla involucrando a organizaciones y la comunidad. También se propuso incluir las bolsas biodegradables en la definición de «bolsa reusable», ya que son una alternativa de menor costo, amigable con el ambiente y se degradan en aproximadamente 180 días.
Otra de las sugerencias presentadas durante la vista fue eliminar el Artículo 9 de la Ley 247, que permite a los municipios aprobar ordenanzas para ampliar las prohibiciones, ya que esto genera confusión y complica la fiscalización. Se recomendó también eliminar el requisito de los avisos en los comercios, considerándolos ineficaces y las penalidades a los comerciantes.
De igual manera, se propuso que cualquier tipo de bolsa, reusable o biodegradable, tenga un cargo fijo para evitar un impacto económico adverso en las PYMES.
Durante la audiencia, la senadora María de Lourdes Santiago señaló el fracaso de las políticas de reciclaje y la falta de un destino final de disposición de residuos. Basura Cero PR indicó que la Ley 51 no puede declararse fallida porque nunca se implementó, atribuyendo la ausencia de resultados a la falta de voluntad de ejecución, proponiendo que la prohibición sirva de base sobre la cual se construyan mecanismos de acompañamiento como asistencia técnica, acceso a alternativas, periodos de transición razonables e incentivos fiscales. Se sugirió orientar los incentivos hacia modelos de «basura cero» que reduzcan el residuo desde su fuente, en lugar de subsidiar sustitutos desechables. También se presentaron modelos de éxito en otros lugares como Irlanda, Colombia y Barbados.
El Centro Unido de Detallistas enfatizó la necesidad de programas de concienciación y un plan de reciclaje y recogido integrado a los municipios, y reevaluar la Ley 38 de 2010 (Ley para la Reducción y Reciclaje de Desperdicios Sólidos), ya que sus programas de recogido no son funcionales. De igual forma, se planteó la necesidad de que las alternativas a los plásticos de un solo uso estén disponibles en Puerto Rico, explorando la posibilidad de producirlas localmente. También se discutió que las campañas educativas deben ser más efectivas, utilizando técnicas de mercadeo y asignando fondos para estudiar el comportamiento del consumidor.
Por su parte, Richard De Howitt, de Bag It!, argumentó que las bolsas de papel son frágiles, no reusables, pudieran causar problemas de higiene y deforestación, y su producción no es sostenible. De Howitt explicó que las bolsas plásticas actuales calibre 65, en comparación con el calibre 13 anterior, son más caras de manufacturar y que el costo de 10 centavos se justifica por los gastos de producción, transporte, aranceles (de hasta 500% en algunos casos), IVA y seguridad en los supermercados. También indicó que el costo promedio de producción de una bolsa en países como Honduras o China es de 3 a 6 centavos, pero el costo final para el supermercado en Puerto Rico es de 7 a 8 centavos.
Una de las propuestas presentadas por Bag It! fue bajar el calibre de la bolsa a un calibre entre 35 y 45 que soporte 12-15 libras y añadir aditivos para que se degrade en tres años, en lugar de un tiempo más prolongado. Se sugirió también aumentar el costo de la bolsa a 20 centavos, destinando una parte a programas de educación o a un sistema de canjeo con reembolso para incentivar su retorno y reciclaje.
Finalmente, se mencionó que los materiales compostables son una buena opción, pero no se degradan al 100%, son caros (7 centavos de producción, 15-20 centavos de venta), tienen disponibilidad limitada y el clima de Puerto Rico puede reducir su vida útil. También se planteó la opción de utilizar bolsas de polipropileno no tejido (PP), que se degradan en un 90% pero son muy costosas, rondando entre 35 centavos a 2 dólares. De Howitt añadió que los supermercados no pueden regalar las bolsas ni eliminarlas por completo sin afectar sus operaciones y la capacidad de los consumidores para transportar sus compras, lo que podría reducir las ventas y generar problemas de seguridad.
