Por Edgar León Ayala.
En una isla en quiebra, donde faltan maestros, se cierran escuelas y las comunidades reclaman más seguridad, el gobierno de Puerto Rico gasta cerca de $1.9 millones al año en escoltas para exfuncionarios públicos.
No se trata solo del millón de dólares en horas extra que ocasionalmente aparece en los titulares. El costo real incluye salarios base de policías, vehículos oficiales, combustible, mantenimiento y peajes. Cuando se suman todas las partidas, el país paga casi $10 millones cada cinco años para proteger a personas que ya no gobiernan.
Cada escolta significa menos policías en la calle y más patrullas dedicadas a custodiar el pasado en lugar de proteger el presente. Es una decisión de prioridades, y las prioridades actuales no favorecen al pueblo.
La Legislatura intentó corregir este dispendio aprobando una ley para eliminar las escoltas a exfuncionarios, pero la gobernadora la vetó. En su lugar, propuso medidas limitadas que preservan el privilegio bajo otros criterios. El resultado es el mismo: el gasto continúa.
Eliminar las escoltas permanentes no pone en riesgo la democracia. Por el contrario, la fortalece. La seguridad debe basarse en evaluaciones reales de riesgo, no en títulos pasados ni en privilegios heredados.
Puerto Rico no necesita exfuncionarios blindados. Necesita escuelas abiertas, comunidades seguras y un gobierno que entienda que cada dólar público debe servir al país, no a la comodidad de unos pocos.
Porque cuando un gobierno protege más a sus exlíderes que a su gente, la llaga no solo sangra: se infecta.
