Por Edgar A. Camacho Muñiz.
La participación ciudadana no puede reducirse al voto cada cuatro años. En Puerto Rico, un archipiélago rodeado de costas que definen su identidad, el debate sobre el acceso a las playas y los permisos de construcción en la zona marítimo-terrestre refleja una lucha mayor: la defensa del territorio ante las amenazas del calentamiento global y la inacción del Estado.
En 2023, el Centro de Periodismo Investigativo reveló que, pese a la emergencia por erosión costera, se aprobaron permisos para desarrollos privados en áreas vulnerables, sin garantizar procesos de consulta pública efectivos (González, s. f.). Estas decisiones de política pública, tomadas sin una visión ecológica, no solo ponen en riesgo los ecosistemas marinos, sino también la seguridad de comunidades costeras que enfrentan inundaciones, desplazamientos y pérdida de hábitat.
Puerto Rico es un archipiélago frágil ante la crisis climática. La elevación del nivel del mar, la erosión y los eventos extremos ya están transformando nuestras costas, reduciendo playas emblemáticas y afectando los medios de vida de pescadores, comerciantes y residentes. Sin embargo, en lugar de reforzar las políticas de conservación, el gobierno continúa favoreciendo proyectos turísticos y residenciales de lujo que limitan el acceso público. Un artículo de 9 Millones (abril 2025) advierte sobre medidas legislativas que amenazan el derecho ciudadano a las playas, al privilegiar intereses privados sobre los derechos colectivos (Privatización en la Costa, s. f.).
El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales reconoce que toda persona tiene derecho al libre acceso a las costas (DRNA, s. f.), pero la falta de transparencia y de participación genuina en los procesos de planificación limita ese derecho. La ciudadanía no debe ser un espectador: su conocimiento y su acción son esenciales para un desarrollo sostenible que priorice la protección ambiental y la justicia social.
La comunidad conoce sus playas mejor que cualquier informe técnico: sabe cuándo sube la marea, qué zonas se inundan y dónde anidan las tortugas. Incorporar esa sabiduría en las políticas públicas es vital para adaptar el país a los impactos del cambio climático. Proteger nuestras costas no es solo una causa ambiental, sino un acto de democracia.
Si el pueblo no participa, otros decidirán por él, y las playas, que son bienes públicos, seguirán cayendo en manos privadas. La participación ciudadana debe ser el hilo conductor que conecte la defensa del ambiente con el desarrollo sostenible del Puerto Rico del siglo XXI: un país que entienda que proteger sus costas es también proteger su futuro.
