Pese a que más de 5,000 personas privadas de libertad en Puerto Rico requieren servicios de salud mental, se desconocen detalles sobre el personal y los servicios de hospitalización de psiquiatría forense disponibles para atenderlas.
La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) no ha producido información sobre estos asuntos solicitada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), por lo cual la organización presentó este miércoles un recurso legal contra la agencia al amparo de la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública.
Desde el 7 de julio de 2025, la periodista del CPI Amanda Pérez Pintado pidió a la directora de comunicaciones de ASSMCA, Julissa Pérez Rentas, datos esenciales para comprender la situación actual de la población que espera servicios de salud mental forense. Pérez Pintado solicitó a la agencia datos de 2021 a 2025, como el total de personas en lista de espera para recibir los servicios, su ubicación, perfil demográfico, cantidad de camas disponibles y ocupadas, así como el personal especializado en estas instituciones.
“Es importante conocer cómo se manejan los servicios de salud mental a personas que el sistema judicial ha determinado que necesitan tratamiento en hospitales de psiquiatría forense. El pueblo tiene derecho a saber cuántas personas están en espera, cuánto tiempo llevan ahí y si el Estado tiene la capacidad para atenderlas responsablemente”, señaló Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.
Con la información solicitada se podrá observar cómo se relaciona la gestión del Estado respecto a la salud mental y el cumplimiento de servicios para personas privadas de libertad.
“Es lamentable tener que recurrir al tribunal para obtener esta información, a pesar de las gestiones de seguimiento y el tiempo que se le dio a la agencia para producir los datos”, indicó Pérez Pintado. “Puerto Rico tiene derecho a saber cómo el Estado está atendiendo la crisis de salud mental que aqueja al País”, añadió la periodista, quien ha investigado el manejo insensible e irregular de personas con condiciones mentales en instituciones penitenciarias del Departamento de Corrección y Rehabilitación, que han sido atendidas por la empresa Physician Correctional.
El CPI es representado en este caso por la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, a través de los abogados Luis José Torres Asencio, Steven P. Lausell Recurt y Judith W. Berkan Barnett.
