Ante el reclamo de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para que la Cámara de Representantes interpele a la alta dirección institucional -por incumplir en las aportaciones patronales al plan de pensiones- la representante María de Lourdes Ramos Rivera, presidenta de la Comisión de los Sistemas de Retiro, enfatizó su defensa en el sistema de retiro universitario y aseguró que buscará las herramientas para que le “duela en el bolsillo” al funcionario que busca lucrarse del dinero público.
En esta vista pública sobre la Resolución de la Cámara 116, el presidente de esta Junta, Luis Vicenty Santini, reclamó el asunto importante de acumular una deuda de $48.1 millones en los últimos tres años fiscales. Igualmente, señaló que la presidencia, así como la Junta de Gobierno de la UPR no efectúan los pagos en su totalidad, lo que afecta las operaciones del fideicomiso y provocan ventas innecesarias de ganancias de inversiones para cubrir la liquidez.
“Yo realmente lo que le pido a esta comisión es la interpelación a los miembros de la Junta de Gobierno, a la presidencia de la Universidad de Puerto Rico y a sus funcionarios principales”, solicitó Vicenty Santini. “No podemos seguir teniendo funcionarios que digan: ‘No voy a mandar las aportaciones a los sistemas de retiro’. Hay una obligación de ley”.
La representante Ramos Rivera insistió en su pedido de renuncia al presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Dalmau Santana, ante su inacción en el cobro de sobre $60,000 en gastos improcedentes realizados por la pasada presidenta del organismo, Mayda Velasco.
Es meritorio indicar que la pieza legislativa en discusión durante esta audiencia es para investigar precisamente sobre todo asunto relacionado a la operación de los sistemas gubernamentales de retiro y al bienestar de sus beneficiarios, entre otros asuntos que Ramos Rivera indicó seguirá atendiendo.
De acuerdo con la información presentada por el líder universitario, durante el año fiscal 2022-2023, la Junta de Gobierno de la UPR dejó al descubierto $10.1 millones tras enviar una aportación patronal por $143 millones, cuando la contribución establecida por el actuario era de $154 millones.
Vicenty Santini añadió que, para el año fiscal 2023-2024, la Junta presupuestó $124 millones a pesar de que la aportación debió ser de $154.7 millones. En esta ocasión, el organismo universitario evadió $30 millones.
De igual forma, el deponente explicó que para el presente año fiscal la recomendación actuarial es de $155.8 millones, pero la Junta solo tiene presupuestado $147.7 millones y se excluyen $8 millones de las aportaciones patronales. Así también afirmó que la deuda superaría los $100 millones si se suman los daños por la pérdida del costo de oportunidad, parte de lo que se dilucida en una demanda de cobro ante el tribunal.
Además, planteó crear legislación para imponer duras consecuencias legales a patronos públicos y privados que incumplan con los pagos a los sistemas de retiro. También sugirió que funcionarios principales queden inhabilitados de gerenciar finanzas públicas cuando son partícipes de “esquemas de menoscabo a planes de pensiones de cualquier tipo”.
“Nos parece que un buen proyecto de ley que pudiese establecerse para patronos públicos y privados en este país sería el asignar responsabilidad calificando de delito grave para los que promuevan este tipo de menoscabo a los sistemas de pensiones”, manifestó Vicenty Santini.
La representante Ramos Rivera agregó que “yo quiero la verdad y quiero que el dinero se utilice de una forma prudente, porque yo jamás voy a aceptar que el sistema de la Universidad se convierta en la chatarra que está el sistema central”, reprochó. “Mientras yo tenga aliento, aquí voy a estar para defender el sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico”.
Varios legisladores coincidieron en la necesidad de legislar para acatar el sentido de impunidad que existe hacia las autoridades universitarias. Una de ellas fue la representante Lisie Burgos Muñiz, quien se unió a la exigencia de que los servidores públicos respondan por sus incumplimientos ante la ley.
Conversaciones con la JSF
Por otro lado, la representante Ramos Rivera adelantó que próximamente se reunirá individualmente con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para continuar la discusión sobre las deficiencias en el sistema de retiro y la exclusión de las aportaciones patronales en los presupuestos que se aprueban para la UPR.
A su vez, la presidenta de la comisión cameral informó que la semana pasada sostuvo un encuentro con el ente fiscal y puntualizó que la institución educativa no está contenida en el Título III de la Ley Promesa, por lo que la JSF no debe intervenir sobre el marco jurídico de la universidad.
Vicenty Santini recalcó que se trata de un tema bajo la jurisdicción de la Ley de Fideicomisos. Entre tanto, Ramos Rivera recordó la advertencia de la jueza Laura Taylor Swain sobre la falta de autoridad de la JFS en legislación de la UPR, que fue aprobada previo a tomar las riendas fiscales de la Isla.
“Usted puede entrar en la consideración de proyectos que han sido aprobados después de su llegada. Antes de su llegada, no. Así que la Junta de Supervisión, con esa carta nada más de la jueza Swain, ha estado violentando la Ley de la Universidad, que establece que tienen que darle un sistema de retiro a sus empleados”, aseveró la legisladora.
