Ante preocupaciones crecientes sobre actividades de extracción de materiales de la corteza terrestre y movimiento de terreno en fincas colindantes al Lago La Plata en el municipio de Toa Alta, las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado y en la Camara de Representantes presentaron resoluciones (RS 492 y RC 665) para ordenar una investigación formal sobre el alcance de dichas actividades, su cumplimiento con la reglamentación vigente y su posible impacto sobre la sedimentación del embalse.
La medida en el Senado ordena a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales a realizar una investigación sobre denuncias públicas surgidas de residentes y comunidades del barrio Ortiz en Toa Alta, así como reportajes de medios de información, que apuntan a trabajos en terrenos aledaños al lago que podrían estar agravando la pérdida de capacidad del embalse.
El Lago La Plata constituye una infraestructura crítica para el suministro de agua potable en Puerto Rico, particularmente para la región metropolitana. Durante décadas, estudios científicos han documentado la reducción progresiva de su capacidad de almacenamiento debido a procesos de sedimentación asociados a erosión dentro de la cuenca hidrográfica del río La Plata.
“La protección del Lago La Plata no puede tratarse como un asunto secundario. Estamos hablando de uno de los principales embalses que sostiene el abastecimiento de agua potable para miles de personas en Puerto Rico. Cualquier actividad de extracción, remoción de terreno o deforestación en su cuenca debe evaluarse con el más alto rigor técnico, legal y ambiental”, expresó Víctor Alvarado Guzmán, Asesor Ambiental del PIP.
El líder ambiental explicó que las resoluciones también buscan examinar la actuación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y de la Oficina de Gerencia de Permisos en la otorgación, fiscalización y cumplimiento de los permisos correspondientes, incluyendo permisos simples de extracción de corteza terrestre, así como determinar si las actividades realizadas cumplen con los límites reglamentarios y requisitos legales aplicables.
“La sedimentación de nuestros embalses es una de las amenazas más serias para la seguridad hídrica del país. Permitir actividades potencialmente incompatibles con la protección de esta cuenca sin una fiscalización estricta sería una irresponsabilidad ambiental y administrativa”, dijo Alvarado Guzmán.
Por su parte, Enerys Olaguibel Guemárez, presidenta del PIP en Toa Alta, destacó la preocupación comunitaria que ha dado paso a esta acción legislativa.
“Las comunidades del barrio Ortiz y sectores cercanos llevan tiempo levantando bandera sobre trabajos y movimientos de terreno que generan preocupación legítima. Esta investigación es necesaria para esclarecer qué está ocurriendo, determinar responsabilidades y asegurar que ningún interés privado, con fines de lucro, prevalezca sobre la protección del agua y de nuestras áreas naturales, cuya protección es de beneficio para las presentes y futuras generaciones”, sostuvo Enerys Olaguibel.
La investigación ordenada deberá incluir la evaluación de actividades de extracción, remoción o movimiento de terreno en las fincas bajo escrutinio; el análisis del cumplimiento con leyes y reglamentos ambientales y de uso de terrenos; la determinación del impacto potencial o real sobre la sedimentación del embalse; la revisión de querellas, si alguna, presentadas ante las agencias; así como la evaluación de transacciones de compraventa vinculadas a las entidades Golden Lake View Villas LLC, RJM Capital Fund LLC y Capital Nova LLC.
“La protección de nuestros embalses y cuencas hidrográficas es un asunto de seguridad ambiental y comunitaria, y planificación nacional responsable. El Senado y la Cámara de Representantes tienen la obligación de investigar y actuar cuando existen señalamientos que podrían comprometer la conservación ecológica y presentar una falta de acción en el cumplimiento de leyes y reglamentos”, concluyó Alvarado Guzmán.
