En respuesta al artículo publicado en El Nuevo Día sobre el proyecto de enmienda a la Ley 209-2016, la senadora Nitza Moran desea aclarar que no se trata de un aumento en las propinas automáticas, como ha sido malinterpretado. El objetivo del proyecto es garantizar la transparencia en los cargos por servicios adicionales solicitados por los consumidores, promoviendo una mayor claridad en las transacciones comerciales.
El proyecto de enmienda permite que los establecimientos comerciales, en particular aquellos dedicados a la venta de comida o bebidas alcohólicas, cobren cargos por servicios adicionales solo cuando estos hayan sido solicitados por el consumidor. Estos cargos pueden incluir servicios como el descorche de bebidas, reservación de áreas o de todo el establecimiento, celebración de eventos, servicios para grupos de más de seis (6) personas, cambios en la configuración del salón, menús especiales o cualquier otro servicio relacionado.
En situaciones como la reservación de áreas o eventos especiales, los establecimientos podrán incluir una propina automática para cubrir los costos adicionales asociados con los cambios operacionales que el servicio solicitado implique. No obstante, el establecimiento comercial deberá informar previamente sobre el cargo por servicio aplicable antes de que comience la transacción, y dicho cargo deberá detallarse de forma clara en el recibo.
Dicho sea de paso, el Artículo 3 de la Pieza Legislativa establece que “Queda prohibido el cobro de cargos por servicios cuando estos sean inexistentes o no puedan corroborarse por el consumidor”, lo cual refuerza el compromiso del proyecto de asegurar que todos los cargos sean transparentes, verificables y legítimos.
Este proyecto no implica un aumento en las propinas, sino que busca que el consumidor reciba toda la información necesaria antes de realizar recibir los servicios solicitados, garantizando que no haya cargos inesperados o confusión sobre los servicios adicionales que se cobran.
La senadora Nitza Moran reafirma su compromiso con la protección de los consumidores y la promoción de la transparencia en las transacciones comerciales, asegurando que se mantengan prácticas comerciales claras y equitativas para todos los ciudadanos de Puerto Rico.
