La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto Universitario de Mayagüez. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que la subdirectora de la Oficina de Recaudaciones realizó funciones de recibir recibos, preparar el informe del recaudador, cuadre diario y de directora de cuentas, en conflicto con su responsabilidad como subdirectora y supervisora de recaudaciones. Esta situación dificulta una evaluación objetiva ya que la funcionaria estaba en una posición de control sobre sus propias funciones administrativas. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría CP-14-17 del 2014.
La auditoría de tres hallazgos señala también deficiencias con las conciliaciones bancarias. Por ejemplo, los auditores advirtieron que la cuenta de Préstamos Federales y Beca Federal no estaba preparada de forma correcta ni se habían realizado los ajustes en las conciliaciones bancarias de las cuentas de Ingresos y Desembolsos, entre otras.
Contrario a la reglamentación vigente, el oficial de propiedad certificó el inventario del año fiscal de 2022-23, sin incluir la propiedad mueble del Departamento de Ingeniería Mecánica. Además, cuando el oficial de propiedad cesó sus funciones en el 2019, no se realizó el inventario correspondiente. Esto tiene el efecto de que los estados financieros no reflejen balances precisos, lo que provoca que los activos estén sobrevaluados o subvalorados en el balance general.
El Informe devela múltiples deficiencias con el control de la propiedad mueble como, por ejemplo, el que no se hayan eliminado las unidades no existentes en los Sistemas Activos Fijos, ni la propiedad no localizada en el Sistema de Inventario de Propiedad, o que personas que ya no trabajan en la UPR Mayagüez, tengan propiedad asignada.
La UPR Mayagüez no suministró a los auditores de la Contraloría, la investigación administrativa de siete unidades extraviadas o hurtadas del 2018 al 2020, por valor de $8,095. Además, la entidad tardó hasta más de dos años en investigar el robo o desaparición de 19 propiedades con valor de $26,879.
Las investigaciones realizadas de 25 propiedades hurtadas o desaparecidas fueron notificadas a la OCPR entre 14 y 457 días laborables más tarde. La ley y la reglamentación vigente, requiere que cualquier pérdida de fondos o bienes públicos, se notifique a la Oficina del Contralor, en un término no mayor a los 10 días de haber concluido la investigación que a su vez, no debe exceder de 20 días.
De hecho, la UPR Mayagüez remitió copias de 26 contratos y 18 enmiendas a los registros de la OCPR hasta 667 días después de formalizados. La ley y la reglamentación dispone que la entidad remita los contratos dentro de los 15 días siguientes a la fecha que se otorga el contrato, ya que ninguna prestación o contraprestación de servicios podrá exigirse hasta tanto el contrato se haya registrado en la Contraloría.
El presupuesto de la UPR Recinto de Mayagüez, fue de $167.2 millones en el 2018, $164.7 millones en el 2019, $150.6 millones en el 2020, $157.9 millones en el 2021 y $142.1 millones en el 2022.
La auditoría le recomienda al presidente de la UPR, que se asegure que el Rector de la UPR Mayagüez, cumpla con las recomendaciones de este Informe de Auditoría.
Este primer informe de la UPR Mayagüez, cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2022, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
