La representante Tatiana Pérez Ramírez, radicó el Proyecto de la Cámara 964, que propone la creación de la “Ley de Reserva Habitacional para Jóvenes Profesionales y Trabajadores en Puerto Rico”, con el propósito de garantizar que el 30% de toda vivienda de interés social subsidiada o incentivada con fondos públicos sea reservada para jóvenes profesionales y trabajadores residentes en la Isla.
Según explicó la legisladora, la medida busca atender la crisis de vivienda y frenar la emigración de jóvenes cualificados, brindándoles una oportunidad real de establecerse en Puerto Rico.
“En momentos en que miles de jóvenes preparados se marchan de Puerto Rico en busca de mejores oportunidades, es indispensable que el gobierno adopte políticas que los incentiven a quedarse. Esta medida busca abrirles la puerta a una vivienda digna, accesible y estable”, expresó Pérez Ramírez.
El proyecto reconoce que la falta de vivienda asequible ha impactado de forma particular a la población joven, que enfrenta salarios iniciales bajos y un alto costo de vida. De acuerdo con el Instituto de Estadísticas, más de 35 mil personas con educación postsecundaria o grados universitarios emigraron de Puerto Rico entre 2021 y 2022, lo que representa una pérdida significativa de capital humano y talento profesional.
La representante explicó que, con la implementación nueva ley, los proyectos de vivienda que reciban fondos o incentivos del gobierno deberán reservar al menos un 30% de sus unidades para jóvenes entre 21 y 40 años, empleados a tiempo completo y residentes de Puerto Rico.
“Queremos darles a nuestros jóvenes trabajadores y profesionales la oportunidad de tener su primer hogar aquí, sin que el costo de vida o la falta de alternativas los obligue a irse. Esta iniciativa apoya su bienestar social y económico, al mismo tiempo que fortalece nuestras comunidades y promueve el desarrollo económico local”, añadió.
La medida también dispone que los desarrolladores que excedan voluntariamente ese porcentaje mínimo podrán recibir incentivos adicionales en contribuciones y permisos, fomentando así la colaboración del sector privado con los objetivos de esta política pública.
El Departamento de la Vivienda será la entidad encargada de implementar la ley, crear un registro de unidades reservadas y emitir las certificaciones de cumplimiento correspondientes.
“Esta es una propuesta práctica y viable, diseñada para crear oportunidades reales. Mi compromiso es seguir impulsando medidas que ayuden a que nuestros jóvenes puedan quedarse, crecer y prosperar en Puerto Rico”, concluyó la representante.
El Proyecto de la Cámara 964 fue referido a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Representantes para su análisis y evaluación.
