La Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes recibió hoy opiniones encontradas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) sobre una medida que propone reducir a 24 horas el tiempo que un alcalde deberá notificar a estas agencias las labores que asumirán para restablecer los servicios a la población cuando un municipio esté bajo declaración de emergencia.
El Proyecto de la Cámara 430, presentado por el representante José “Pichy” Torres Zamora, enmendaría el término actual de cinco días previos al inicio de los trabajos de restauración del sistema eléctrico o de agua potable que dispone el Código Municipal de Puerto Rico. La legislación incluye la obligación de notificar a los operadores privados contratados por el gobierno, como LUMA Energy y Genera PR.
Aunque mostró algunas reservas, la directora ejecutiva de la AEE, Mary Carmen Zapata, favoreció la legislación durante el proceso de vista pública que presidió el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz.
La ingeniera aseguró que el proyecto es viable, pero alertó que la corporación pública, como entidad con responsabilidad legal sobre la obra, tendrá que solicitar la asistencia y necesitará un acuerdo de ayuda mutua para que los municipios obtengan los reembolsos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).
“La Autoridad reconoce que la colaboración de los municipios, siempre que observen las adecuadas medidas de seguridad y las formalidades requeridas, es de gran ayuda y provecho a la ciudadanía en tiempos de emergencia”, expresó Zapata, quien, pese a sus observaciones, respaldó que los ayuntamientos comiencen a actuar “de forma inmediata” en la restauración de averías.
Sin embargo, el vicepresidente de operaciones de la AAA, Luis Ortiz Salgado, advirtió que, en un estado de emergencia, 24 horas podrían ser insuficientes para que la agencia evalúe los daños sufridos, el impacto sobre la infraestructura y la coordinación con los gobiernos municipales sobre las actividades requeridas para restablecer la utilidad.
El ingeniero también manifestó serias inquietudes con la disposición de “justa causa” contenida en la medida para que el alcalde incumpla con el término de notificación, en cuyo caso le corresponde al municipio demostrar las razones para tal omisión. Señaló que la pieza legislativa no define lo que constituiría “justa causa” y tampoco determina las consecuencias de una administración municipal no informar a las corporaciones públicas correspondientes.
“El llevar a cabo trabajos de reparación, reconstrucción, restauración o normalización del sistema sin una debida y oportuna notificación a la Autoridad podría colocar en riesgo la salud de la ciudadanía que se sirve de nuestros sistemas o del ambiente”, puntualizó Ortiz Salgado al objetar el proyecto.
Una posición semejante fue compartida por portavoces de LUMA Energy que comparecieron a la audiencia en oposición a las enmiendas propuestas en la medida y con la petición de mantener los términos de notificación según estipulados al presente.
En una ponencia firmada por Rebeca Maldonado, directora de Asuntos de las Partes Interesadas e Interventores, la empresa afirmó que disminuir el tiempo de notificación podría resultar en duplicidad de esfuerzos, confusión operativa y daños adicionales a la infraestructura crítica de la red eléctrica.
La portavoz de LUMA Energy abundó que realizar trabajos sin notificar al operador del sistema representa un riesgo que puede tener repercusiones graves, desde descargas eléctricas, daños a los equipos, exposición de trabajadores a sistemas energizados, hasta interrupciones masivas del servicio.
El ingeniero Hamilton Lugo, director de Construcción y Mantenimiento de Líneas de Transmisión, agregó que la ausencia de una ejecución técnica no solo podría causar pérdidas de vida al público, sino a los empleados de LUMA Energy.
“Lo que estamos diciendo es que necesitamos acuerdos. Todos hemos dicho que estamos de acuerdo a que haya MOU (memorandos de entendimiento). Necesitamos que no se reduzca el término porque necesitamos tiempo para coordinar y, obviamente, que no se permita la intervención sin notificación”, enfatizó Maldonado.
El representante Pérez Ortiz, por su parte, defendió la intervención de los municipios y destacó como imperativo la reducción en el periodo de notificación. No obstante, anticipó que la comisión cameral acogerá las preocupaciones de los citados en las enmiendas que sufrirá el proyecto durante el trámite legislativo.
“Ningún proyecto está hecho en piedra. Casi todos estamos en consenso que hay que achicar el tiempo mediante justa causa o llámenle emergencia. Un término puede ser una declaración, pero ¿dónde dejamos la emergencia que se suscita cuando no hay fenómenos atmosféricos? Todo eso hay que atenderlo”, indicó el legislador.
De la vista pública también participaron los representantes Pedro “Pellé” Santiago Guzmán, Félix Pacheco Burgos y Sergio Estévez Vélez.
