La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado, liderada por el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, celebró hoy la cuarta vista pública como parte de la evaluación de las medidas dirigidas a reformar el sistema de permisos en Puerto Rico, enfocándose en esta ocasión en el impacto operacional y administrativo que tendrían las propuestas sobre los gobiernos municipales.
Durante los trabajos comparecieron representantes de los municipios de San Juan y Bayamón, quienes presentaron sus observaciones y recomendaciones sobre el Proyecto del Senado 1173, presentado por el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, y el Proyecto del Senado 1183 de la gobernadora Jenniffer González Colón, particularmente en torno a la autonomía municipal, facultades de planificación territorial, fiscalización y solicitudes discrecionales de permisos.
“El Proyecto del Senado 1173 esencialmente va a la estructura operacional de la estructura de los permisos. El 1183 es un poco más complejo porque elimina 14 o 15 leyes, sugiere armonizar cerca de 30 leyes adicionales. En el caso del municipio de San Juan, la propuesta deroga la Ley 75 de Río Piedras… Desde mi punto de vista, en el caso de San Juan, hay unas leyes especiales particulares que sí inciden en lo que es la dinámica municipal diaria. Pues a mí me preocupa porque me parece que, si algo está funcionando, no se debe alterar”, expresó el presidente senatorial.
Del mismo modo, Rivera Schatz reiteró que continúa evaluando con detenimiento aquellas disposiciones que puedan afectar la autonomía municipal y la capacidad de los ayuntamientos para participar activamente en los procesos de planificación y otorgación de permisos. “La cláusula de supremacía dice que esta ley tendría la última palabra y podría considerarse enmendada básicamente cualquier ley si alguien interpreta que es inconsistente con la política pública”, sentenció.
La licenciada Gladys Maldonado Rodríguez, directora de la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan advirtió que el Proyecto del Senado 1183 “redefine la relación entre el gobierno central y los municipios”, levantando preocupaciones relacionadas con autonomía municipal condicionada, supremacía normativa central, delegación de funciones a profesionales acreditados y limitaciones a la fiscalización municipal.
Maldonado Rodríguez expresó preocupación con disposiciones que derogan leyes relacionadas con planificación territorial, incluyendo la Ley 75 de la Junta de Planificación y disposiciones del Código Municipal vinculadas a ordenación territorial. Además, señaló que el proyecto afecta planes especiales y reglamentos municipales relacionados con áreas como Santurce, Río Piedras, Condado, Miramar y el Caño Martín Peña.
Entre sus recomendaciones, propuso mantener la vigencia de los planes municipales hasta completar procesos de armonización reglamentaria; preservar facultades delegadas a municipios autónomos; garantizar participación municipal en revisiones al Plan de Uso de Terrenos; y mantener la política pública ambiental contenida en la Ley 416.
Asimismo, la directora de la Oficina de Permisos del Municipio de San Juan recomendó reconsiderar disposiciones relacionadas con supremacía del Código y del Reglamento Único sobre ordenanzas municipales, al advertir que podrían provocar la nulidad práctica de planes especiales municipales y permitir autorizaciones incompatibles con la política pública municipal vigente.
Además, Maldonado Rodríguez también objetó disposiciones que transfieren facultades de fiscalización y determinaciones ambientales a profesionales acreditados, señalando que “no se transfiera de la Oficina Central de Permisos su derecho fiscalizador en proteger, conservar, velar y regular el buen uso del suelo y los recursos naturales en Puerto Rico”.
Por su parte, el asesor legal del Municipio de Bayamón, licenciado José Fullana, sostuvo que el Proyecto del Senado 1183 altera el balance actual entre el Gobierno Central y los municipios al transferir facultades adicionales a la Oficina Central de Permisos y a la Junta Adjudicativa relacionadas con determinaciones de cumplimiento ambiental, licencias, recomendaciones y certificaciones relacionadas con legislación ambiental federal.
A preguntas del senador Juan Oscar Morales, Fullana describió esas disposiciones como una “alteración a la autonomía municipal”. Asimismo, expresó reservas sobre disposiciones relacionadas con solicitudes discrecionales de permisos, al advertir que el lenguaje contenido en la medida permitiría que la Oficina Central de Permisos realice “el proceso de evaluación y adjudicación de determinadas solicitudes discrecionales”, lo que, según él, podría limitar la participación municipal en la evaluación de proyectos.
De igual forma, también recomendó incorporar lenguaje que establezca que las determinaciones de las juntas adjudicativas municipales deberán estar en armonía con los Planes de Ordenación Territorial, reglamentos y ordenanzas municipales vigentes. Además, propuso revisar la definición de asuntos “discrecionales” para evitar interpretaciones amplias que permitan decisiones fundamentadas en criterios subjetivos.
En cuanto a planificación territorial, el asesor legal de Bayamón cuestionó disposiciones del P. del S. 1183 relacionadas con la aprobación final de los Planes de Ordenación Territorial por parte del secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), indicando que esto representa una degradación del nivel jerárquico e institucional de dichos planes. Además, señaló preocupaciones sobre cambios propuestos a procesos de segregación y lotificación, así como modificaciones a mecanismos de zonificación y participación ciudadana.
Cabe resaltar que, a preguntas del presidente senatorial sobre transferir asuntos municipales relacionados con permisos al DDEC, los representantes municipales coincidieron en que no favorecen alterar estructuras que, según argumentaron, han funcionado adecuadamente en sus municipios.
En cuanto a la figura del “profesional autorizado” propuesta en el P. del S. 1183, también expresaron reservas. Según explicó la planificadora Tamara González Rivera, directora de la Oficina de Planificación y Ordenación Territorial del Municipio de San Juan, la medida “no aporta al proceso”.
De otra parte, el Municipio Autónomo de Carolina sometió un memorial explicativo en el que expresó preocupaciones sobre mecanismos automáticos de permisos y procesos de autocertificación contenidos en ambas medidas, particularmente en zonas residenciales, turísticas y áreas vulnerables a inundaciones.
En su memorial, Carolina advirtió que “simplificar no debe equivaler a desregular” y que “agilizar no puede convertirse en aprobar sin el análisis responsable que exige el interés público”. Además, recomendó excluir de procesos automáticos proyectos ubicados en áreas inundables, sectores ambientalmente sensitivos y zonas sujetas a requisitos federales especiales.
Carolina también propuso fortalecer las facultades de fiscalización municipal, ampliar las categorías de proyectos que requieren evaluaciones particulares y garantizar coordinación entre agencias en áreas de infraestructura crítica, incluyendo zonas aeroportuarias y portuarias. Además, planteó que los municipios deben conservar capacidad preventiva y no limitarse únicamente a fiscalización posterior.
“Por lo menos en la asamblea legislativa, no queremos quitarle nada a los municipios”, culminó expresando el presidente senatorial. Mientras añadió que la comisión trabajará un documento final con todas las recomendaciones, a ser publicado en la página web del Senado, para ser evaluado antes de considerar alguna medida ante el pleno del Alto Cuerpo.
