Por Luis Valentín Ortiz | Centro de Periodismo Investigativo
La frase “The show must go on” tiene su origen en los circos del siglo XIX, cuando había algún contratiempo, pero el espectáculo continuaba. De la misma forma, la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico intenta continuar con su show, a pesar de la destitución de seis de sus siete miembros.
El miércoles, 6 de agosto, un día después de confirmar las primeras cinco destituciones del presidente Donald Trump, la entidad creada por la ley federal PROMESA en 2016, informó que Andrew Biggs y John Nixon, los únicos dos miembros que se mantenían en sus puestos, darían “continuidad a las operaciones de la Junta”. Una semana después, Trump también destituyó a Biggs, dejando a Nixon como el único miembro activo y un enorme signo de interrogación sobre la viabilidad y autoridad de la Junta en estos momentos.
Desde las destituciones, la Junta autorizó varias solicitudes presupuestarias, incluido el desembolso a los municipios para pagar el programa de ama de llaves, pidió cambios a un plan de clasificación para empleados del Centro Cardiovascular y cuestionó la recién firmada ley que separa al Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública. También hizo cambios en su página web y ya no aparece información sobre Arthur González, Betty Rosa, Juan Sabater, Luis Ubiñas, Cameron MacKenzie ni Biggs, los seis miembros destituidos. Dos de ellos habían sido nombrados por Trump en su primer término en la Casa Blanca.
“Las operaciones de la Junta de Supervisión continúan de conformidad con su mandato en virtud de PROMESA”, contestó la entidad al Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Agregó que “espera la incorporación de nuevos miembros antes del momento de certificación del próximo presupuesto y los planes fiscales”, y que “tiene la firme intención de continuar trabajando”.
Foto por Ricardo Arduengo | Centro de Periodismo Investigativo
La Junta pasa por un terremoto, algo que nunca había experimentado. Es la primera vez que un presidente remueve a uno de sus miembros antes de que éstos cumplan su término. Trump lo hizo con seis miembros, cinco de ellos a la vez, por medio de un email enviado un viernes en la tarde, sin consultar a la gobernadora Jenniffer González, cosa que no tiene que hacer. Si fuera a escoger sustitutos, tampoco la tiene que consultar, aunque la directora de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington, Gabriela Boffelli, aseguró a Metro que han sido consultados por la administración Trump para los nuevos nombramientos.
La recomposición de la Junta supone un cambio significativo, con implicaciones en distintos frentes, desde la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la reconstrucción de la red eléctrica, hasta el funcionamiento diario del Gobierno.
Foto por Joel Cintrón Arbasetti | Centro de Periodismo Investigativo
Según el proceso establecido por PROMESA para seleccionar nuevos miembros, el senador republicano John Thune, como líder de la mayoría en el Senado, recomendaría nombres para dos vacantes. El representante republicano Mike Johnson, como presidente de la Cámara, también recomendaría dos candidatos, aunque una de esas sillas ya la ocupa Nixon. Además, Johnson deberá recomendar a un puertorriqueño, que es la cuota mínima que incluye PROMESA.
Del lado de los demócratas, el líder de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries, tendría una vacante para recomendar. En el caso del líder de la minoría en el Senado, el senador demócrata, Chuck Schumer, tendría derecho a sugerir nombres para una silla, con la salida de Biggs, quien había sido nominado el año pasado por el senador Mitch McConnell cuando los republicanos eran minoría.
Por último, Trump puede llenar una de las vacantes de manera directa. Esto asumiendo que no se cambian las reglas, o que el presidente no realice nombramientos fuera de las recomendaciones del Congreso, en cuyo caso tendrían que ser confirmados en el Senado.
El nuevo balance ideológico de la Junta daría una mayoría absoluta a los nombramientos que haga Trump, algo que nunca ha ocurrido en los casi nueve años que lleva vigente.
Figuras MAGA entran a la escena
Para justificar la acción —PROMESA dice que las destituciones antes de término tienen que ser por justa causa— la administración Trump utilizó argumentos como el gasto excesivo en abogados y consultores, el fracaso en la quiebra de la AEE y la falta de inversión en el sistema energético, según expresiones de la Casa Blanca.
Aunque el anuncio fue sorpresivo, hubo señales.
Justin Peterson, un exmiembro de la Junta designado por Trump, pidió en abril la destitución de sus miembros. Peterson ha sido un defensor de los bonistas de la AEE que están en disputa con la Junta por los recortes a la deuda que esta entidad impulsa en el caso de quiebra. Renunció a la Junta en el 2023 y, desde entonces, ha criticado su gestión y el gasto en consultores y abogados.
“Al despedir a la Junta, el presidente Trump ha dado los primeros pasos para que Puerto Rico vuelva a ser grande. Su plan para el dominio energético de Estados Unidos es fundamental para esto”, lee una columna de Peterson publicada el 10 de agosto.
En su escrito, Peterson propone privatizar por completo el sistema energético, apostar al uso de gas natural y la energía nuclear, y poner al President’s Energy Dominance Council y al Departamento de Energía Federal a cargo del proceso. Además, dice que el Gobierno de Puerto Rico debe pagarle a los bonistas de la AEE desde el Fondo General y terminar de una vez el proceso de quiebra de la AEE. Una vez esto ocurra, la Junta debe cesar funciones y regresar el control al Gobierno de Puerto Rico, según él.
Roger Stone, uno de los asesores políticos más cercanos de Trump, circuló la columna de Peterson en sus redes sociales: “Donald Trump está liberando a Washington, D.C., y también hará que Puerto Rico vuelva a ser grande. Su pasado nombramiento a la Junta que supervisa las finanzas de la isla, [Peterson] presenta un excelente plan de cómo lograrlo”.
También envió señales Laura Loomer, una activista e influencer política de extrema derecha y líder dentro del movimiento pro Trump, Make America Great Again (MAGA). Después de la vista que realizó el subcomité de Asuntos Indígenas e Insulares el pasado 16 de julio sobre las operaciones de la Junta, Loomer criticó el gasto de la entidad en salarios de su equipo y en consultores. La activista, cercana a la administración Trump, prometió que iba a indagar (“dig deeper”) en el asunto de la quiebra de Puerto Rico y la operación de la Junta.
Horas antes de salir la noticia de la destitución de Biggs, Loomer publicó un mensaje en el que afirmaba que “la quiebra de Puerto Rico es el próximo escándalo USAID 2.0”, una referencia a la agencia de los Estados Unidos que asistía a países alrededor del mundo y que fue eliminada por Trump este año.
Mientras, durante la vista congresional de julio, las congresistas de origen puertorriqueño Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez apuntaron a GoldenTree Asset Management, un fondo buitre dueño de más de $1,000 millones en bonos de la AEE que lidera la oposición al plan de ajuste de deuda que impulsa la Junta. Según las congresistas, el fondo buitre ha puesto en riesgo el bienestar de los puertorriqueños, al querer cobrar la totalidad de la deuda de la AEE, que ya suma $12,000 millones.
La última oferta de reestructuración de la AEE que presentó la Junta, ofrecía pagarles alrededor de $2,600 millones.
“La brecha es demasiado grande y el pueblo de Puerto Rico no la puede pagar”, dijo el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, a preguntas de Ocasio Cortez.
Los cambios de Trump en la Junta llegan en medio de un impasse en el proceso de quiebra que se lleva a cabo en el tribunal federal. El 56% de los bonistas de la AEE se oponen al plan presentado por la Junta y exigen más dinero a cambio de un acuerdo que ponga fin a esta quiebra, la única que queda pendiente.
El pasado 8 de agosto, la jueza Laura Taylor Swain paralizó el calendario del caso y pidió a la Junta un informe en o antes del 25 de agosto, que detalle los efectos, si alguno, que tendrán los acontecimientos recientes.
En la escena también está New Fortress Energy. La compañía del multimillonario Wes Edens enfrenta una posible quiebra por problemas financieros, y ha puesto sus esperanzas en mantener y crecer el negocio multimillonario de suministro de gas natural en Puerto Rico.
El pasado mes de julio, la Junta rechazó un nuevo contrato entre el Gobierno de Puerto Rico y New Fortress para suplir gas natural por 15 años, a un costo de $20,000 millones, tras argumentar que el proceso de selección no fue competitivo y que el arreglo propuesto era monopolístico.
El anuncio de las destituciones en la Junta fue recibido positivamente por la compañía, que dijo a Bloomberg que estaba “agradecida de que el Presidente Trump y el gobierno federal se hayan enfocado en este asunto y provean liderazgo en Puerto Rico”.
“La acción de New Fortress Energy subió 20% en esos días [del anuncio de las destituciones de Trump]. No fue hasta después de una semana que los bonos de la AEE subieron y han seguido subiendo”, dijo al CPI Matt Fabian, de Municipal Market Analytics, que analiza el mercado de bonos municipales.
Fabian, quien observa la deuda de Puerto Rico hace más de 15 años, dijo que, al momento de los despidos, prestó atención al comportamiento de los mercados de capital, particularmente la deuda de la AEE.
“Es una teoría de la conspiración fácil. Pero en realidad no lo sabemos”, admitió Fabian, sobre la posibilidad de que actores como New Fortress o GoldenTree, estén detrás de las movidas de Trump.
Sobre los posibles nombramientos, Fabian anticipa que Trump continuará el mismo libreto que ha seguido en su segundo término como presidente. “Si miramos los nombramientos actuales de la administración Trump y los de su primer mandato, [los de ahora] son menos expertos, más leales. Por lo tanto, es posible que los nuevos nombramientos [a la Junta] sean quizás menos expertos en la situación de Puerto Rico y más propensos a cumplir con el mandato que se les asigne, lo más pronto posible”, agregó.
No es la primera vez que intereses de Estados Unidos buscan intervenir, a través de la Junta, en la quiebra de la AEE y la reconstrucción del sistema eléctrico, para lo que aún hay $17,000 millones en fondos federales. En octubre de 2017, apenas un mes después del huracán María, dos senadores republicanos promovían por lo bajo la privatización de la AEE, que en aquel entonces ni siquiera se discutía públicamente, reveló el CPI.
El legado de la pasada Junta
El presidente Barack Obama nombró a los primeros siete miembros de la Junta el 30 de agosto de 2016. El proceso de evaluación que se siguió en aquel entonces fue informal, sin criterios de selección definidos, y en el que participaron funcionarios del Tesoro, la Casa Blanca y el Congreso. Más de 115 personas fueron consideradas durante la primera ronda de nombramientos, según una investigación del CPI.
Foto suministrada
Desde entonces, tres presidentes de Estados Unidos han nombrado a 14 miembros, nueve de ellos puertorriqueños, mayormente representantes del sector financiero y de negocios. Ideológicamente, siete de los nominados vinieron del lado demócrata, y siete del republicano.
A nivel operacional, la Junta tiene un equipo de trabajo que ronda los 80 empleados, 99% de ellos puertorriqueños, según dicen, quienes trabajan desde sus oficinas en San Juan, en dos pisos que alquilan a la Oficina de Administración de Tribunales por casi $36,000 mensuales, en el edificio World Plaza en Hato Rey. El equipo se divide en grupos de trabajo temáticos que van desde asuntos municipales y “transformación fiscal”, hasta infraestructura y “revisión legislativa y de ingresos”. Para su presupuesto operacional anual, la Junta recibe casi unos $60 millones del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico.
Esta cifra deja fuera el gasto en cientos de abogados y consultores, contratados por la Junta y el Gobierno electo, que trabajan en los casos de quiebra bajo PROMESA y facturan a través del tribunal federal. Esta cuenta, que también se paga con fondos públicos de Puerto Rico, ya superó los $2,000 millones desde el 2017, según la organización Espacios Abiertos.
En el 2017, el CPI demandó a la Junta para obtener documentos y comunicaciones entre la entidad, el Gobierno federal y el Gobierno de Puerto Rico. Bajo el argumento de que gozaba de inmunidad soberana similar al gobierno de un estado, la Junta alegó que no estaba sujeta a una reclamación como la del CPI, bajo el derecho de acceso a información. La controversia llegó hasta el máximo foro de Estados Unidos, que decidió 8-1 a favor de la Junta.
Esta decisión dejó a la entidad en un limbo jurídico donde no está sujeta a la Ley Federal de Transparencia, ni tampoco a la ley local de acceso a información.
A pesar de esto, por medio de cuatro demandas distintas de acceso a información a nivel local y federal, el CPI ha obtenido miles de documentos y correos electrónicos que muestran cómo la Junta entró en operaciones.
Foto por Ricardo Arduengo | Centro de Periodismo Investigativo
Estas comunicaciones, que se extienden hasta 2022, muestran cómo la Junta se ha convertido en parte de la operación diaria de agencias del Gobierno de Puerto Rico como Salud, Educación, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y Hacienda. Estas agencias tienen que navegar día a día por algún proceso administrativo impuesto por la Junta: para usar dinero presupuestado en otras necesidades, para firmar contratos, para informar el progreso en la implementación de alguna medida, para implementar reglamentos y órdenes, para autorizar cualquier transacción financiera; para usar dinero del fondo de emergencia.
Foto por Ricardo Arduengo | Centro de Periodismo Investigativo.
En una conferencia de prensa el pasado 7 de agosto, el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja, y el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera, mostraron preocupación ante la posibilidad de que las destituciones de Trump en la Junta afecten la operación del Gobierno.
“Hay muchas decisiones, muchos trámites que dependen tanto de Hacienda como de la OGP, pero también de la Junta. Esa toma de decisiones es lo que no se puede afectar”, dijo Pantoja, quien no pudo precisar si la Junta tenía autoridad con solo dos miembros activos.
Más de 80 planes fiscales
Una de las prioridades de la Junta es el Plan Fiscal, un documento con decenas de páginas con proyecciones económicas, gráficas y planes de acción, que dicta la ruta a seguir para lograr “responsabilidad fiscal”.
Desde el 2017, la Junta ha aprobado 11 planes fiscales distintos para el gobierno central, pues en 2018 aprobó tres versiones. Además, ha certificado 72 planes fiscales adicionales, hechos a la medida para entidades públicas como la AEE, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Universidad de Puerto Rico (UPR).
El último Plan Fiscal del Gobierno, que se aprobó el pasado junio, incluye medidas dirigidas a realizar un nuevo plan de activos (“capital plan”) que cubra 10 años, cambiar la manera en que transfiere fondos a los municipios según su desempeño, transformar el presupuesto del Departamento de Educación en uno que esté basado en el estudiante (“student based”), y trabajar un plan de acción sobre el financiamiento de la Universidad de Puerto Rico a partir del 2027. También insiste en la implementación del Enterprise Resource Planning o ERP, un sistema de tecnología que integre, en un mismo sitio, el manejo del presupuesto, recursos humanos, y la adquisición de bienes y servicios.
Aunque el proyecto del ERP comenzó desde el 2018, el Gobierno apenas ha podido implementarlo, a pesar del gasto de entre $80 millones y $100 millones de fondos públicos para hacerlo.
Ningún presupuesto balanceado
Uno de los requisitos expresos de PROMESA es lograr cuatro presupuestos balanceados que sigan reglas de contabilidad “modified accrual”, que implican que el Gobierno registre sus ingresos cuando “se hagan disponibles y puedan ser contabilizados”, y los gastos “cuando se incurre en ellos”.
Para lograrlo, la Junta asumió el control del presupuesto y desde 2018 quitó al gobernador la autoridad de utilizar dinero de años anteriores para otros fines. Creó un proceso de “reprogramación” bajo el cual cada agencia debe solicitarle aprobación antes de tocar cualquier dinero, fuera de presupuesto, sin importar la necesidad que busque atender.
Desde el año 2021, la Junta ha revisado anualmente entre 500 y 700 solicitudes de reprogramación de presupuesto, según su informe anual de 2024. Durante ese periodo, la Junta autorizó la reprogramación de $47,100 millones en fondos públicos.
Aunque controló cada etapa de la confección del presupuesto del Fondo General, y aprobó su versión en siete de los ocho años que lleva vigente, la Junta asegura que ninguno de los presupuestos se mantuvo balanceado, según requiere PROMESA.
Ocho contratos rechazados
La Junta también tiene un grupo de trabajo que evalúa y autoriza los contratos que otorga el Gobierno. La regla general es que si el valor agregado supera los $10 millones, la agencia tiene que pedir aprobación de la Junta antes de su firma.
Hasta el pasado 7 de agosto, la Junta había revisado más de 2,300 contratos gubernamentales, según un análisis del CPI.
Ha rechazado ocho contratos, que se sepa: tres en la Autoridad de Energía Eléctrica (PUMA, Tidal Basin y Esmeralda Solar Farm); dos en el Departamento de Educación (Camera Mundi y Luis Rivera Siaca); uno en el Fondo del Seguro del Estado (MCS); y dos en la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads (Loopland Development y IBD Energy, LLC-PRIP RR, LLC).
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“Hemos rechazado contratos que incumplen con los procesos competitivos de licitación y que no promueven la libre competencia en el mercado”, dice la Junta en su último informe anual.
La mayoría de las veces, el ente rector dio su visto bueno con observaciones o impuso alguna condición a cambio de su aprobación.
En múltiples ocasiones, el Gobierno ha firmado contratos sin someterlos a la revisión de la Junta, lo que suele venir acompañado de alguna carta de la entidad en la que requiere documentos y advierte que se reserva el derecho de ir a los tribunales para anular el arreglo.
“Las prácticas actuales de compras y la falta de transparencia crean riesgos significativos de favoritismo, corrupción e ineficiencia, y afectan la competencia y la innovación”, dice el informe anual de 2024.
Aún así, la Junta reclamó como logro haber revisado más de 840 contratos gubernamentales “grandes”, relacionados al mantenimiento y operación de autopistas; al sistema energético y la Autoridad de Energía Eléctrica; y a la reparación de escuelas públicas.
PROMESA también permite a la Junta invalidar cualquier ley que sea aprobada por el Gobierno que tenga un impacto fiscal, según determine la entidad. Bajo este poder, la entidad afirma que ha revisado más de 150 proyectos de ley antes de ser firmados. Sólo en el 2024, la Junta detuvo cuatro leyes por estar “en violación del Plan Fiscal”, según su informe anual.
Reestructuración de la deuda
A pesar del fracaso con el plan de ajuste de la AEE, la Junta reclama su mayor logro en la reestructuración de la deuda de Puerto Rico.
A pesar de todo el control que ejerce sobre el proceso presupuestario, la pasada Junta sale sin haber logrado uno de los cuatro presupuestos balanceados consecutivos que necesita para terminar sus funciones según PROMESA. Tampoco tiene claro cuándo exactamente certificará que Puerto Rico regresó al mercado de bonos a “términos razonables”, otro de los requisitos que exige la ley.
Por otra parte, el Título V de PROMESA, para acelerar proyectos críticos de infraestructura, nunca cumplió las expectativas de ser una herramienta de desarrollo económico. Aunque tuvo en nómina a dos coordinadores de revitalización distintos, primero Noel Zamot, y desde agosto de 2023, José Pérez Riera, la Junta apenas ha hecho uso de esta sección la ley, que le hubiera permitido acelerar la aprobación de permisos para proyectos críticos.
En su último informe anual, la entidad achaca el fracaso del Título V a una ley local, la Ley 76 de 2000, que impone “retrasos significativos” a este tipo de proyectos de infraestructura, al requerir la intervención de múltiples agencias gubernamentales en la toma de decisiones.
“Estos retrasos reducen la efectividad del proceso de Proyectos Críticos del Título V y pueden disuadir a los posibles proponentes de proyectos de infraestructura crítica”, dijo la Junta.
Foto por Juan Alicea | Centro de Periodismo Investigativo
Luego está la Autoridad de Energía Eléctrica. Si la crisis fiscal de Puerto Rico fuera una epidemia, la AEE sería el paciente cero. Allí comenzó la crisis de la deuda, en el 2014, cuando la corporación pública dejó de dar mantenimiento y de comprar equipo, cuando no tenía dinero para comprar combustible, ni tampoco para pagar su deuda.
En el 2016 llegó un primer acuerdo entre el Gobierno y los bonistas de la AEE que se hizo sal y agua con la llegada de la Junta, al presentar la quiebra en el verano de 2017. Luego, en el 2022, llegó un segundo acuerdo impulsado por la Junta, que fracasó cuando la administración de Pedro Pierluisi retiró su apoyo. Más tarde, ese año, llegó otro acuerdo, el primer Plan de Ajuste de la Deuda presentado por la Junta, que se tronchó cuando no consiguió apoyo de suficientes bonistas. En el 2023, la Junta presentó un nuevo plan de ajuste, que tampoco logró el apoyo.
Desde entonces, continúa un impase en las negociaciones en el tribunal entre la Junta y un grupo de acreedores de la AEE.
Foto por Edu Baker | Centro de Periodismo Investigativo
Otra de las mayores frustraciones de la entidad ha sido no poder cambiar el comportamiento del Gobierno, según una fuente cercana a la Junta.
A través del Plan Fiscal, la Junta intentó, sin éxito, imponer cambios como consolidar agencias, eliminar municipios y recintos de la UPR, recortar las pensiones, la creación de una nueva oficina central del Principal Oficial Financiero, aumentar el impuesto a la propiedad y reducir la nómina del Gobierno, entre otras medidas de austeridad.
Para esto, pagó cientos de millones de dólares a reconocidas firmas de consultoría, como McKinsey & Co., Ernst & Young y el bufete Proskauer Rose, para que idearan las soluciones a los problemas fiscales de Puerto Rico, pero en casi nueve años, nunca consiguió que el Gobierno las implementara.
Intentó forzar su agenda mediante un control rígido del presupuesto. En ocasiones usó trucos como ofrecer dinero a manera de “incentivo” a una agencia que solo podía recibirlos si completaba alguna meta (“milestone”) impuesta por la Junta. Un ejemplo de esto ocurrió el pasado año fiscal en la Universidad de Puerto Rico, cuando tuvo más de $100 millones condicionados a realizar cambios académicos y ajustes fiscales como la consolidación de servicios administrativos, requeridos por la Junta.
En nueve ocasiones, la Junta fue más allá, hasta el tribunal federal, en busca de una orden judicial que obligara al Gobierno a cumplir con sus directrices. La primera vez que esto ocurrió fue en el verano de 2017, cuando demandó a la administración de Ricardo Rosselló para forzar una reducción a la jornada laboral de empleados públicos y eliminar el bono de Navidad. Dos semanas después, pasó el huracán María y la Junta retiró su demanda antes de que el tribunal decidiera sobre la controversia.https://e.infogram.com/70ba6791-8465-4103-a339-fc2964be97fa?parent_url=https%3A%2F%2Fperiodismoinvestigativo.com%2F2025%2F08%2Fpost-mortem-junta-control-fiscal%2F&src=embed#async_embed
Lejos de dar espacio al Gobierno en la emergencia, la Junta regresó al tribunal un mes después, en octubre de 2017, cuando intentó tomar control de la AEE mediante una nueva figura llamada el Principal Oficial de Transformación, una persona nombrada por la Junta y que tendría poderes absolutos para manejar la corporación pública y el proceso de recuperación.
Un mes después, la jueza Swain detuvo la movida, por entender que la Junta había excedido sus poderes.
