El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago, junto al portavoz alterno, Domingo Torres García, anunciaron que presentaron por delegación el Proyecto de la Cámara 893, medida que busca crear la “Ley de Alivio Económico y Asistencia Directa a Empleados Federales Durante Cierres Gubernamentales”. La medida tiene el propósito de brindar estabilidad y apoyo a los miles de empleados federales en Puerto Rico afectados por la paralización parcial del gobierno de los Estados Unidos.
La propuesta legislativa establecería moratorias automáticas en el cobro de préstamos hipotecarios, de vehículos de motor, servicios de agua potable y energía eléctrica, así como en las deudas con el Departamento de Hacienda y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).
Además, facilita el acceso inmediato al Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y al seguro por desempleo, administrado por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
“Los cierres del gobierno federal no deben traducirse en angustia y desesperación para las miles de familias puertorriqueñas que dependen de un salario federal. Esta medida crea un sistema automático de protección y asistencia para que ningún empleado federal quede desprovisto de recursos básicos ante un evento fuera de su control”, expresó Ferrer Santiago.
Por su parte, el portavoz alterno Domingo Torres García resaltó que la legislación busca evitar improvisaciones y garantizar una respuesta inmediata cada vez que se produzca un cierre en el gobierno federal.
“Este proyecto ofrece un marco jurídico uniforme y permanente que se activa automáticamente cuando ocurre un cierre federal prolongado. No queremos depender de la discreción administrativa del momento; queremos proteger de manera efectiva a quienes sostienen sus hogares con esfuerzo y compromiso”, puntualizó Torres García.
La medida establece, además, penalidades para acreedores o entidades que incumplan con las disposiciones de moratoria, y faculta a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), COSSEC y DACO a velar por su cumplimiento.
