Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la reciente decisión del Negociado de Energía sobre el proceso de revisión tarifaria contiene serias deficiencias porque impone una carga adicional a una población ya sobrecargada energéticamente y deja interrogantes sobre el trato que se dio a los comentarios públicos, informes técnicos y otros documentos que LUMA Energy pidió excluir.
Las organizaciones Comité Diálogo Ambiental, Inc., El Puente de Williamsburg, Inc., El Frente Unido Pro Defensa del Valle de Lajas, Inc., CAMBIO PR, Inc., el Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida, Inc. y Earthjustice reconocieron que el Negociado redujo significativamente el aumento originalmente propuesto por LUMA Energy y Genera PR y que se evitó trasladar a los abonados el costo de proyectos de capital para los cuales existen fondos federales disponibles. Sin embargo, reiteraron que los elementos positivos no subsanan los demás problemas que trae la decisión.
“El Negociado decidió imponer un aumento tarifario en un contexto de alta carga energética, que promueve una vez más un modelo de sistema eléctrico dependiente de combustibles fósiles, responsables de acelerar el calentamiento del Planeta. Ese modelo además no mejora la confiabilidad del servicio ni a corto ni a largo plazo, y continúa trasladando costos a una población que ya enfrenta serias dificultades para pagar su factura de electricidad”, observó el grupo de seis entidades.
“Tenemos una preocupación muy particular por el diseño de la tarifa para las facturas de los clientes debido a que redistribuye costos y beneficios de forma desigual con un esquema que aplica un aumento del cargo fijo y una reducción del cargo por consumo”, expresaron en un comunicado.
Dijeron que, aunque ese esquema puede aliviar parcialmente a algunos clientes con consumo constante— como a las personas que dependen de equipos médicos —afecta negativamente a quienes han reducido su consumo como estrategia para manejar costos precisamente porque no pueden absorber mayores gastos fijos.
A la vez, las organizaciones señalaron que el Negociado no evaluó de manera crítica el manejo y uso eficiente de fondos por parte de LUMA Energy y Genera PR, ni lo costosa que ha resultado la privatización del sistema eléctrico. “Los aumentos adoptados por el Negociado la semana pasada pudieron haberse evitado o reducirse aún más si se hubiera hecho un uso prudente y eficiente de los fondos públicos ya disponibles”, puntualizaron.
Las organizaciones subrayaron que el propio Negociado reconoce en su decisión el riesgo de una “espiral de la muerte”, en la que aumentos sucesivos incentivan la reducción de consumo y la salida de abonados del sistema, concentrando costos cada vez mayores en menos personas. No obstante, señalaron que el Negociado no adoptó medidas estructurales para atender esa realidad, como las sugeridas en sus comentarios, entre ellas: la adopción de un Programa de pago como por ciento del ingreso, topes a la carga energética u otros mecanismos de protección para los hogares más vulnerables.
Mantuvieron su planteamiento original de que las propuestas de LUMA y Genera debieron ser rechazadas en su totalidad y que se desaprovechó nuevamente una oportunidad para encaminar un sistema energético más justo y basado en energía renovable distribuida.
Las organizaciones también denunciaron que la decisión final refleja una postura preocupante a favor de la expansión acelerada de generación basada en gas metano, impulsada por una narrativa de supuesta “emergencia de generación” promovida por New Fortress Energy y, por extensión, Genera PR. Recordaron que más de 170,000 abonados ya cuentan con sistemas solares en techos con almacenamiento y que alrededor de 4,000 nuevos sistemas se instalan cada mes, muchos de los cuales aportan energía a la red. Asimismo, advirtieron que el Negociado abordó de forma limitada los posibles conflictos de interés entre Genera PR y New Fortress Energy, y expresaron profunda preocupación ante la aprobación del presupuesto óptimo para manejo de vegetación y del programa Island Wide Vegetation Clearing, señalando que la tala masiva e indiscriminada observada bajo la operación de LUMA es inaceptable y puede reducirse sustancialmente mediante una transición ordenada hacia energía solar distribuida con almacenamiento, como propone Queremos Sol.
