A pesar del rechazo inequívoco de la sociedad civil, líderes comunitarios, medios de comunicación, la academia y los gremios periodísticos, el Proyecto del Senado 63 (PS63) —una medida que obstaculiza el derecho constitucional de acceso a la información pública— podría ser llevado a votación esta misma semana en la Cámara de Representantes, sin que se escuche a todas las organizaciones que lo han rechazado.
La pasada semana, el representante a cargo de la Comisión de Gobierno, Víctor Parés, declaró que el proyecto de ley, que estaba en su comisión, se evaluaría el próximo año, durante la sesión legislativa que empieza en enero. Pero ese mismo día, se retiró la medida de su comisión y se reasignó a la Comisión de lo Jurídico, presidida por José “Ché” Pérez Cordero. El pasado viernes, 7 de noviembre a las 5:35 pm, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) fue citado a una vista pública que se hará el miércoles, 11 de noviembre a las 9:00 am. Más de 20 organizaciones que se han expresado contra la medida no fueron invitadas a participar el viernes ni se les ha dado tiempo para preparar memoriales explicativos.
“Hay un feriado de por medio. Estuvimos en la Comisión hoy lunes y allí se nos indicó que no se sabe si habrá más días de vista pública, como había anticipado el Presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, o si se invitará a todas las organizaciones que se oponen a la medida. Esto sugiere que se busca traer el proyecto de ley a votación fast track esta semana sin escuchar a la gente. Es un atropello a la participación ciudadana”, dijo Carla Minet, directora del CPI.
“Lo que se prometió como un proceso abierto y deliberado se ha convertido en un intento acelerado por aprobar un proyecto que restringe derechos. Exigimos que se escuche al pueblo antes de legislar en su contra”, expresó por su parte Issel Masses, directora de la organización Sembrano Sentido.
El PS63 propone extender plazos para que el gobierno entregue información pública de 20 a 40 días y añadir burocracia; eliminar la obligación de recopilar datos cuando la información solicitada está dispersa en varios documentos o formatos; facilitar la clasificación de información confidencial sin debido proceso; eliminar la posibilidad de solicitar información en formatos de datos abiertos; obligar a notificar al jefe de agencia cada vez que se presente una solicitud; y eliminar protecciones sobre la identidad de quien solicita.
Pese a la amplia oposición pública de decenas de organizaciones, académicos, periodistas, líderes y comunidades, la medida fue aprobada en el Senado el 14 de octubre sin vista pública, y fue enviada a la Cámara para su consideración.
Proceso atropellado en la Cámara
La convocatoria a vista pública —realizada con mínima anticipación, sin aviso público amplio y limitada a una sola organización invitada— contradice los compromisos previos de apertura y deliberación expresados públicamente por el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, y el presidente de la Comisión de Gobierno, Víctor Parés.
La semana pasada, el representante Parés aseguró al diario El Nuevo Día que el PS63 no sería llevado a votación en esta sesión legislativa, que recibiría varias enmiendas y se abriría un proceso amplio y participativo, con solicitud de memoriales explicativos y vistas públicas más adelante. Sin embargo, la realidad ha sido distinta: ahora se informa que habrá una sola vista, apresurada y con acceso limitado, lo que impide una participación efectiva de los sectores que se han expresado en contra del proyecto.
“El representante Pérez Cordero auspició y dirigió un esfuerzo de participación ciudadana el pasado cuatrienio para discutir enmiendas que ampliaban y mejoraban la Ley de Transparencia, mientras que ahora quiere enmendar la ley de forma ‘fast track’ y de manera poco transparente. Tiene que reflexionar sobre esta contradicción y ejercer su liderato”, dijo Wilma Maldonado Arrigoitía, presidenta del Overseas Press Club.
Un proyecto sin respaldo ciudadano
El PS63 no fue solicitado por ninguna entidad civil, medio, gremio ni comunidad, y solo contaba con el aval de la Comisión Estatal de Elecciones. La medida ha recibido rechazo generalizado de organizaciones, académicos, periodistas y ciudadanos que defienden el acceso a la información como un derecho fundamental para la democracia y la rendición de cuentas.
“Exhortamos a la ciudadanía, los medios de comunicación y grupos comunitarios a comunicarse con la Cámara de Representantes para solicitar participación en las vistas públicas, exigir que se amplíe el proceso de deliberación y que no se apruebe el PS63 sin escuchar a todos los sectores afectados”, dijo por su parte Masses.
