por María de Lourdes Santiago
¿Cuántas de esas medidas cuidadosamente diseñadas por la gente que más sabe del tema sobrevivirán el escrutinio de la mayoría legislativa?Cuando en el año 2019 se aprobó la “Ley para la Mitigación, Adaptación y Resiliencia del Cambio Climático”, la lucidez de su contenido generó la impresión de que, después de todo, el Estado sí estaba consciente de la amenaza que representa para nuestro archipiélago la crisis climática.
Aún fresco el efecto devastador del huracán María, la exposición de motivos del estatuto reseñaba con justificada alarma otras consecuencias de ese fenómeno que ya comenzábamos a experimentar: la vulnerabilidad de la infraestructura crítica y de comunidades en la zona costera, la disminución de la disponibilidad de agua dulce y el aumento en temperaturas.
Para trazar el mapa de ruta ante esas y otras calamidades inminentes, la referida ley creó el Comité de Expertos y Asesores, convocatoria a la que respondió un extraordinario grupo de conocedoras y conocedores del tema, movidos por puro sentido cívico. Ninguna de ellas ha devengado un centavo, y ni siquiera contaron con presupuesto operacional los primeros años.
El resultado de esos trabajos es el Plan de Mitigación, Adaptación, y Resiliencia que, según dispone la ley, debe ser revisado por una comisión conjunta de Cámara y Senado y votado como un proyecto de ley antes de que finalice la presente Sesión el 30 de junio. Contiene cientos de propuestas, que van desde la ampliación de la franja de no construcción en las costas hasta la apertura de refugios para combatir el calor extremo. ¿Cuántas de esas medidas cuidadosamente diseñadas por la gente que más sabe del tema sobrevivirán el escrutinio de la mayoría legislativa?
La perspectiva no es esperanzadora. Con sus loas al “cemento y la varilla”, la administración Partido Nuevo Progresista (PNP) ha dedicado grandes esfuerzos para erigirse enemiga declarada del ambiente. Comenzaron con la infame Orden Administrativa sobre La Parguera suscrita por el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Siguieron con los ardides parlamentarios que llevaron a la confirmación del presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales, sin que su nombramiento siquiera estuviera sometido. Y por ahí, la retahíla de medidas que van desde entregarle a la Oficina de Gerencias y Permisos la jurisdicción sobre la extracción de arena y de corteza terrestre, hasta la concesión de permisos por vía de confiscación, estableciendo que, si una agencia no comparece en cierto término a oponerse a una propuesta, se entenderá que le da el visto bueno.
Esos que celebraron sus primeros cien días de un gobierno desentendido de la realidad, tienen en sus manos la evaluación del documento que determinará la respuesta del país a un tema tan crítico como el de la quiebra gubernamental.
Si la Asamblea Legislativa no actúa, dice la ley, el plan pasa a la Gobernadora para su firma o veto. Con su ilimitada capacidad de convertir en vicioso lo virtuoso, es muy probable que la mayoría PNP opte por devaluar el documento, ajustándolo al credo de cemento y varilla del que se nutre además la descarnada agenda de desplazamiento que va desde el proyecto Esencia en Cabo Rojo hasta el de Moncayo en Fajardo.
Tome nota el país de lo que representa el poder en las manos de quienes piensan que la razón, la ciencia y el sentido común están de más.
