El Negociado de Energía no debe premiar a Luma con un aumento tarifario de casi $40 mensuales en la tarifa básica cuando las vistas evidenciarias revelaron que la empresa operadora sostiene fallas persistentes en la medición y facturación precisa del consumo y en la administración general de los sistemas de transmisión, distribución y generación, denunció un colectivo de organizaciones de la sociedad civil puertorriqueña.
Representantes del Comité Diálogo Ambiental, El Puente, el Frente Unido en Defensa del Valle de Lajas, Cambio PR y el Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida declararon que el récord evidencia que Luma ha hecho uso continuo de facturación estimada, medidores defectuosos o que no registran consumo, y una dependencia significativa en procesos manuales para corregir facturas.
“Estas deficiencias contradicen las representaciones de Luma de que sus sistemas de facturación han sido normalizados y ponen en duda la confiabilidad de sus registros financieros. Estas ineficiencias administrativas se suman a incumplimientos contractuales y faltas operacionales persistentes por lo que no sería razonable ni justo trasladar a los abonados, vía alzas tarifarias, costos asociados a fallas del consorcio. Aumentos tarifarios injustificados, como el que solicita Luma, socavan la confianza pública y debilitan la legitimidad del sistema regulatorio”, expresó Ingrid Vila Biaggi, portavoz de CAMBIO.
Lydia Díaz, del Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida, declaró “Luma no ha podido cumplir con una de las funciones más básicas de una empresa de servicio eléctrico que es la medición y facturación, así que aprobar un aumento tarifario mensual tan alto por los próximos tres años, sería un acto de grave injusticia social penalizando a un pueblo que lleva años sufriendo un mal servicio y una pesada carga económica”.
Alfredo Vivoni, presidente del Frente Unido del Valle de Lajas, indicó que los incrementos significativos en la tarifa con un servicio que es cada vez más inestable y costoso, van a acelerar la desconexión parcial o total de clientes del sistema eléctrico tradicional. De continuar esta tendencia, el sistema enfrentaría un espiral financiero negativo derivado del abandono masivo de la red, en el cual una base de clientes cada vez más reducida tendría que absorber costos fijos crecientes, comprometiendo seriamente la viabilidad económica del sistema eléctrico.
“Si aprueban un aumento en la tarifa se va a reducir aún más la base de ingresos porque la gente se va a seguir desconectando. Ya las personas a duras penas pueden pagar el alto costo de la energía actual, eso va a ser más grave con un aumento de casi $40 mensuales”, sostuvo Vivoni.
Los grupos proponen que, en su lugar, el Negociado fomente la descentralización y la expansión de generación distribuida, en lugar de perpetuar un modelo cada vez más caro e inestable como el actual.
Federico Cintrón Moscoso, portavoz de El Puente, sostuvo que el aumento no se sostiene porque Luma y Genera demuestran serias deficiencias gestionando y priorizando proyectos potencialmente elegibles para fondos federales. Dijo que a través de sistemas internos de clasificación, ambas entidades pretenden trasladar a los abonados el costo de proyectos que podrían ser financiados total o parcialmente con fondos federales, ya sea por presunciones prematuras de inelegibilidad o por la alegada lentitud en la gestión de reembolsos.
“Los abonados no deben fungir como garantes financieros de esas operaciones mientras estas compañías deciden si persiguen o no fondos federales, y solicitan que el Negociado adopte mecanismos exigibles que eviten la recuperación duplicada de costos y el traslado prematuro a los abonados de gastos a la tarifa. Están incumpliendo con los mandatos de las Leyes 17-2019 y 57-2014 que exigen garantizar eficiencia y tarifas justas”, puntualizó Cintrón Moscoso.
Víctor Alvarado, del Comité Diálogo Ambiental, señaló que otro de los aspectos por los que se debería rechazar el aumento es que la evidencia sostiene que las estructuras corporativas y contractuales de LUMA y Genera crean conflictos de interés inherentes que afectan decisiones de planificación, inversión y operación del sistema eléctrico.
“Las relaciones con sus respectivas empresas matrices generan incentivos económicos que pueden entrar en conflicto con el deber legal de proveer un servicio eléctrico razonable, transparente y al menor costo posible. Exigir que el pueblo siga sufragando, ahora a un costo más alto, este mantengo corporativo no solamente es injusto sino que es una inmoralidad”, puntualizó Alvarado.
En los comentarios públicos iniciales que presentaron ante el Negociado de Energía, los grupos presentaron serias preocupaciones por hallazgos que surgieron de las vistas evidenciarias como el hecho de que la privatización ha resultado en más apagones, fallas operativas persistentes, un incremento de gastos e ineficiencias que afectan a los clientes y provocan retrasos en proyectos esenciales, limita el acceso a fondos federales y erosiona la confianza ciudadana.
Las organizaciones reclamaron que el Negociado debe asegurarse que los abonados tengan acceso a energía confiable, asequible y resiliente. Reiteraron que un estudio de Queremos Sol de Cambio y el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, por sus siglas en inglés) confirmó que es posible maximizar el uso de techos para conseguir 75% de energía para el 2025 mediante generación distribuida (placas solares en techos en conjunto con baterías) sufragada por fondos federales asignados para la reconstrucción de la red, sin la dependencia de combustibles fósiles que elevan las facturas y contradicen el mandato de Política Pública.
Las organizaciones exhortaron a la ciudadanía a someter sus comentarios en o antes del 6 de marzo, que es la fecha límite dispuesta por el Negociado. Para hacerlo, pueden acceder a la plantilla oprimiendo el siguiente enlace: https://linktr.ee/QueremosSolPR.
