En el Día Internacional de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Kilómetro Cero y unas diez familias de personas muertas a manos del Estado denunciaron las muertes ocasionadas por el uso de la fuerza policial en Puerto Rico y enviaron una carta al Departamento de Justicia exigiendo acción. La falta de investigaciones independientes y confiables así como de rendición de cuentas continúa perpetuando la impunidad, generando dolor entre las familias de las víctimas y desconfianza en las instituciones policiales.
“Tanto la violencia letal de agentes del Estado como la ausencia de acciones legales que atajen la impunidad representan claras violaciones de derechos humanos como son el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad; el derecho a buscar justicia; a un debido proceso de ley y a la presunción de inocencia”, lee la carta firmada por diez madres y familiares de víctimas fatales, así como por la organización Kilómetro 0. “La impunidad también sostiene la desconfianza pública en las instituciones encargadas de velar por la justicia y la protección de la vida”.
Durante la conferencia de prensa, Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro 0, afirmó: “Una de las acciones más peligrosas para una democracia es que normalicemos que el Estado nos mate. En Kilómetro 0 llevamos años documentando y denunciando un patrón de exceso y desproporcionalidad del uso de la fuerza policial. La falta de acción de parte de las instituciones del Estado es inaceptable. La violencia policial en Puerto Rico genera muertes, y estas muertes le competen a cada persona y a cada institución pública. Las vidas de la gente son un asunto de derechos humanos que siempre se debe priorizar, no normalizar y justificar sus muertes. Hoy, junto a estas madres, hermanas y tías cuyas vidas nunca han vuelto a ser las mismas, hacemos un llamado al País y a las autoridades para que prioricen la justicia y los derechos humanos”.
Las familias presentes denunciaron que en muchos de estos casos, las investigaciones o no se realizan o no se llevan a cabo de manera adecuada, se les niega información fundamental, en algunos casos se les intimida y los responsables nunca enfrentan consecuencias por sus acciones, ni en el ámbito criminal ni en el administrativo. Las familias de las víctimas se ven obligadas a luchar por alguna migaja de información y de acción en un sistema que parece priorizar la protección de los agentes de la ley sobre la justicia para las víctimas.
Desde 2014 hasta 2025, Kilómetro Cero ha documentado 129 muertes relacionadas al uso de fuerza y a intervenciones de las policías en Puerto Rico. Los métodos para definir los distintos usos de la fuerza se encuentran en el informe Licencia para matar: muertes por uso de fuerza policial en Puerto Rico2014-2020. Las muertes que ocasionaron las fuerzas policiales en Puerto Rico se distribuye de la siguiente manera:
- 70 muertes por uso de armas de reglamento
- 17 muertes bajo custodia policial
- 14 suicidios policiales con sus armas de reglamento
- 13 muertes ocasionadas por persecuciones policiales
- 10 muertes en intervenciones en crisis
- 5 feminicidios
- 3 muertes tras el uso de descargas eléctricas
- 7 muertes relacionadas a otras acciones policiales
Entre estas muertes, 103 están relacionadas a intervenciones de policías estatales, 19 de municipales, y 7 de federales. Dos de estas últimas están relacionadas a intervenciones de agentes federales que ocurrieron este año como consecuencia de las políticas anti-migratorias del gobierno de Trump en Puerto Rico. Entre las 70 muertes que ocasionaron policías con sus armas de reglamento, el 44% de las víctimas NO portaba armas de fuego. Es difícil de justificar el uso de fuerza letal contra una persona desarmada.
Las familias y la organización de derechos humanos exigieron al Departamento de Justicia:
- Investigaciones independientes
- Rendición de cuentas de los agentes involucrados
- Acceso a información para las familias sobre cada una de estas investigaciones
Entre las madres y otros familiares que hicieron estas denuncias figuran:
- Carmen Rohena denunció la muerte de su esposo, Alex Álvarez Colón, de 50 años, quien falleció en custodia policial, alegadamente por los golpes que recibió de los agentes, tras una colisión vehicular, el 3 de julio de 2024. No portaba ningún arma.
- Elizabeth Rivera denunció la muerte de sus dos hijos, Brandon J. Rivera y Brian A. Malavé Rivera, de 23 y 20 años respectivamente, quienes murieron frente a la casa de su abuela por heridas de bala que le ocasionaron agentes policiales tras una persecución, el 11 de octubre de 2024. Los hermanos no estaban armados.
- Karla Soto denunció la muerte de su hijo, Gabriel Vasandani Soto, de 18 años, quien murió por las heridas que le causaron múltiples disparos de agentes vestidos de civil, el 23 de enero de 2025. El adolescente no estaba armado.
- Edmary Mendoza denunció la muerte de su hijo, Jobán Rivera Mendoza, de 21 años, quien murió por disparos de policías estatales tras una intervención de tránsito, el 23 de julio de 2023. El joven no estaba armado, y un video lo confirma, desmintiendo la versión que divulgó la policía de que había disparado.
- Nilda Díaz denunció la muerte de su hijo, Daniel Maldonado Díaz, de 42 años, quien murió en su hogar por el disparo de un policía mientras atravesaba una crisis emocional, el 26 de mayo de 2025.
- Lorna Ortíz denunció la muerte de su hijo, Ignacio Ramos Ortíz, de 20 años, quien murió por disparos de policías estatales tras una persecución policial, el 8 de octubre de 2020.
- Katherine Correa Núñez denunció la muerte de su hijo, José David Rodríguez Correa, de 23 años, quien falleció en su barrio tras disparos de policías estatales vestidos de civil, el 24 de junio de 2025. No portaba armas de fuego.
- Sheila Nevárez denunció la muerte de su hijo, Javier Antonio Cordero Nevárez, de 16 años, quien murió dentro de un vehículo tras una persecución policial que involucró a siete agentes y un sargento, luego de que hubiesen disparado en sobre 60 ocasiones, el 1 de agosto de 2022. El menor no portaba armas de fuego.
- Jessica y Michellie Marrero denunciaron la muerte de su hermano, Francisco Marrero Noa, de 35 años, quien murió en su vehículo, tras una discusión que ocasionaron varios policías francos de servicio y que consumían bebidas alcohólicas, quienes luego le dispararon con sus armas de reglamento, el 17 de septiembre de 2019. El hombre no portaba armas.
- Laura Ponce denunció la muerte de su sobrina, Shannel Colón Ponce, de 23 años, quien murió en la cárcel de mujeres de Bayamón, tras ser arrestada e ingresada a prisión sin proveerle cuidado por sus diagnósticos de salud mental. La familia denuncia que fue asesinada por guardias correccionales.
Kilómetro 0 es una organización sin fines de lucro que aspira a un Puerto Rico que proteja la vida, la libertad y la dignidad humana en la búsqueda de la seguridad pública, para una sociedad más democrática y justa. Nuestra visión es la de un Puerto Rico libre de opresión sistémica, donde se satisfagan las necesidades humanas básicas de salud, vivienda, alimentación y educación.
