La presidenta de la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico, Jamie Barlucea Rodríguez, inició el proceso de vistas públicas sobre la Resolución del Senado 24 (R. del S. 24), cuyo propósito es realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación de la Ley 300-1999, enmendada, conocida como la “Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud”. En la vista, el designado secretario de Salud, doctor Víctor Ramos Otero, se comprometió en abrir una oficina para realizar el “background check” en Ponce y otra en Fajardo. Además, se comprometió en extender el término de vigencia de las certificaciones para evitar dilación en los procesos y mayores costos a los trabajadores.
“La investigación busca examinar el impacto de esta ley en la regulación de programas locales y federales, así como evaluar la eficiencia y los costos asociados al sistema de verificación de antecedentes mediante huellas dactilares. Además, se abordarán los problemas relacionados con las demoras en los procesos administrativos, que afectan la contratación de personal capacitado en sectores clave como la educación, los centros de salud y el cuidado de ancianos. En este sentido, la comisión también propondrá mejoras en la coordinación entre las entidades gubernamentales involucradas y evaluará la infraestructura tecnológica del sistema”, expresó la senadora por el Distrito de Ponce.
Durante la vista, varios deponentes compartieron sus puntos de vista sobre las enmiendas a la ley. Rosa M. Figueroa Morales, administradora interina de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), expresó su apoyo a la Ley 300-1999, destacando su importancia en la atención a la población con problemas de salud mental y trastornos de adicción. Sin embargo, señaló que es fundamental investigar las dilataciones en el proceso administrativo que dificultan el acceso a los servicios y aumentan los tiempos de espera para las citas y la emisión de la Certificación de la Ley 300.
Por su parte, el doctor Víctor Ramos, secretario designado del Departamento de Salud, también mostró apoyo a la Resolución, pero sugirió algunas mejoras. Explicó que el proceso de expedición de certificados involucra varios pasos, incluidos la toma de huellas y el envío al FBI. A pesar de que el sistema de verificación funciona con eficiencia y el tiempo de respuesta es rápido, menos de 24 horas para los certificados tras la toma de huellas, la demanda genera listas de espera. Además, mencionó que el costo de $70 por solicitud genera insatisfacción, especialmente entre los grupos de bajos ingresos. Además, destacó los esfuerzos del Departamento de Salud para abrir nuevas oficinas en Fajardo y Ponce, con el fin de mejorar la accesibilidad, y sugirió la posibilidad de extender la validez de los certificados para ciertos profesionales.
Del mismo modo, el director ejecutivo interino de la Defensoría de las Personas con Impedimentos, Juan J. Troche Villeneuve, también expresó su apoyo a la medida, pero hizo algunas recomendaciones. “El sistema actual incluye un proceso de «self check» en registros públicos de ofensores sexuales, y sugirió que el Departamento de Salud aclarara si este método es confiable. A su vez, resaltó que los solicitantes deben consentir la toma de huellas dactilares, lo cual genera un costo adicional de $70, y sugirió que se evalúe la confiabilidad del proceso”, añadió.
Por otra parte, portavoces del Departamento de Seguridad Pública (DSP) expresaron su apoyo a la ley, destacando la importancia de continuar expidiendo el certificado bajo la Ley 300-1999, ya que la revisión del Registro Criminal Integrado (RCI) proporciona información valiosa sobre el historial criminal. Ademas, resaltaron que la gesta que realiza el Negocaido de la Policía de Puerto Rico aliviana la labor del Departamento de Salud, puesto que procesan todas aquellas solicitudes que no se trata de proveedor directo de los servicios dispuestos en la citada Ley 300. Aunque acalraron que el Departamento de Salud es el ente encargado de expedir la certificación que establece el estatuto, y en efecto, al día de hoy la expide. Sugirieron una posible solución a la incongruencia planteada, mediante enmienda al Artículo 4(B) a los fines de establecer con claridad las instancias en las que el Negociado expide la certificación o para que se elimine dicho inciso, manteniéndose el claro propósito del Articulo 6 de la Ley 300-1999. Además, mencionaron que la presencia de la Oficina de Coordinador de la Ley 300 en las trece áreas policiales es beneficiosa para la comunidad, pues ofrece un servicio accesible a nivel isla.
Por otro lado, el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres, expresó su preocupación sobre las dificultades que la implementación de la ley ha causado en su municipio. Hernández Torres explicó que antes de 2024, la Ley 300 no representaba una barrera para el reclutamiento de personal para programas como Ama de Llaves y Head Start. Sin embargo, con la entrada en vigor de la enmienda a la ley en 2015 y su implementación más reciente, se han generado obstáculos significativos en el reclutamiento de personal. Señaló que la traba burocrática ha ocasionado retrasos en la prestación de servicios, como los de atención a la tercera edad y niños en edad temprana. Además, cuestionó la aplicación de un sistema de verificación exclusivo con la compañía Biometric4All, así como la falta de disponibilidad de citas para los solicitantes de huellas dactilares, lo que ha dificultado el reclutamiento de personal para los programas municipales y privados. También sugirió que no debería ser necesario realizar una nueva toma de huellas digitales anualmente si la persona ya ha sido verificada previamente.
“En conclusión, los deponentes mostraron un apoyo general a los objetivos de la Resolución para sugerir cambios a la Ley 300-1999, pero varios de ellos señalaron dificultades prácticas en su implementación. La investigación busca encontrar soluciones para mejorar el sistema, reducir los costos y tiempos de espera, y simplificar los procesos administrativos. Se sugirió que se extienda la validez de los certificados para ciertos profesionales y que se revise el proceso de verificación de antecedentes, con el fin de hacer más eficiente el sistema y facilitar la contratación de personal para los sectores que atienden a poblaciones vulnerables. Esta investigación, impulsada por la Comisión de Vivienda y Bienestar Social, será clave para corregir las dificultades actuales y garantizar que la ley cumpla su propósito de proteger a las personas más necesitadas sin generar obstáculos innecesarios”, puntualizó Barlucea.
