Por Gabriela Y. Santiago Ramos.
En Puerto Rico, hablar de participación ciudadana suele evocar las urnas y los procesos electorales. Sin embargo, reducir el poder ciudadano al acto de votar es ignorar el potencial transformador de la acción colectiva. Cada vez más comunidades y organizaciones civiles en la isla demuestran que incidir en la política pública no depende únicamente de los partidos, sino de una ciudadanía informada y activa que exige ser escuchada.
La participación ciudadana contemporánea se manifiesta en múltiples formas: desde asambleas comunitarias hasta consultas públicas digitales. De hecho, tras el huracán María, numerosas iniciativas vecinales asumieron responsabilidades que el Estado no pudo atender, organizando brigadas de apoyo, generadores de energía compartidos y redes de distribución de alimentos. Estos ejemplos reflejan lo que la socióloga Frances Negrón-Muntaner describe como “autogestión democrática”, una práctica en la que la gente se convierte en agente directo del cambio social.
Asimismo, el auge de las plataformas digitales ha modificado la manera en que se ejerce la participación. Según un estudio del Centro de Periodismo Investigativo, movimientos como Queremos Sol o Madres Contra la Guerra han logrado presionar por mayor transparencia gubernamental mediante campañas coordinadas en redes sociales. Estas expresiones virtuales, lejos de ser meras tendencias pasajeras, se han convertido en espacios de deliberación pública que fortalecen la rendición de cuentas.
Sin embargo, el reto persiste: la participación debe trascender la denuncia para convertirse en propuesta. De poco sirve viralizar un reclamo si no se traduce en organización, planificación y diálogo sostenido con las autoridades. La educación cívica es clave. Como apunta la politóloga Marcia Rivera, fomentar la participación requiere “capacitar a la ciudadanía para comprender los procesos de política pública y los mecanismos reales de incidencia”. No se trata solo de opinar, sino de intervenir informadamente.
Puerto Rico enfrenta una encrucijada: puede continuar viendo la participación como un acto esporádico cada cuatro años, o puede apostar por una cultura democrática constante donde las decisiones públicas se construyan con la gente y no solo para la gente. Las crisis recientes han dejado claro que cuando la ciudadanía se organiza, propone y fiscaliza, el país avanza.
El llamado es claro: participar no es solo votar, sino involucrarse activamente. Ya sea desde una junta comunitaria, una red ambiental o un colectivo estudiantil, cada acción cuenta. La democracia no se fortalece con discursos, sino con ciudadanos que, día a día, deciden ser parte de la solución.
