El Comisionado del Negociado de la Policía, Joseph González Falcón, apoyó de forma enfática el Proyecto de la Cámara 406, para crear la “Ley de la Policía de Puerto Rico”, ya que le confiere la autonomía necesaria para ofrecer con agilidad los servicios de seguridad a la ciudadanía.
“Manifiesto mi total respaldo y apoyo a su aprobación, ya que representa un avance significativo en la gestión y administración de la seguridad pública en Puerto Rico. La separación del Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública (DSP) es el paso necesario para fortalecer la autonomía operativa, administrativa y presupuestaria de la Policía de Puerto Rico, permitiendo una respuesta más ágil y eficiente ante los retos de seguridad, criminalidad y el orden público en la isla”, manifestó González Falcón.
Sus expresiones fueran vertidas en vista pública conjunta de las comisiones de Gobierno y de Seguridad Pública presidida por los representantes Víctor Parés Otero y Félix Pacheco Burgos, respectivamente.
El actual Comisionado señaló, que tanto como director del Buró de Investigaciones Federales (FBI por sus siglas en inglés) en Puerto Rico y antes a cargo de la oficina que tenía enlace con el gobierno de México, “tenía la responsabilidad operacional, administrativa y presupuestaria y eso me permitía asegurarme que en los diferentes roles fuéramos agiles para atender la seguridad del lugar en donde estaba operando”.
González Falcón añadió que “de igual manera podía enfocarme en el personal, que tuvieran los recursos para hacer su trabajo, y eso impactaba en la moral de nuestro personal ya sea los uniformados como el empleado civil”.
El deponente opinó que las agencias de ley orden tienen que ser ágiles, “no podemos tener las manos amarradas en procesos burocráticos, debemos tener la visión que nuestro equipo de policías tenga las herramientas necesarias, sea un agente uniformado o uno encubierto o los que están en servicios técnicos y esa visión la da la posición de Superintendente para tomar decisiones estratégicas, siempre con el enfoque en nuestro personal”.
En cuanto al organigrama del cuerpo policiaco, explicó que estaría encabezado por la posición del Superintendente, con dos comisionados asociados, uno a cargo de la parte administrativa y uno del componente operacional para dar ser eficientes en las labores.
A preguntas de los legisladores, González Falcón señaló que este proyecto “no tendrá ningún impacto con la Reforma de la Policía y ya hemos tenido conversaciones con la Oficina del Monitor”.
En torno a los temas de la necesidad de más efectivos policiacos, señaló que los últimos 16 años, se han retirado 9,800 uniformados, un promedio de 600 al año, “sabemos que necesitamos más recursos y actualmente tenemos más de 500 cadetes en la Academia de la Policía que se van a estar graduando a finales de este año y principios del año próximo, así que estamos en el camino correcto para suplementar a nuestros policías que necesitan todo el apoyo que se merecen”.
Mientras que a preguntas del representante Pacheco Burgos, el deponente aseguró que el pago de horas extras “está garantizado con la prioridad que corresponde el pago de lo que nuestros policías han trabajado”.
En iguales términos se refirió en torno al tema del retiro de los agentes del orden público, “este y todo beneficio para nuestros policías es sumamente importante para nuestra administración y para la Gobernadora de Puerto Rico. Conversaremos con la Legislatura ya que todos estamos de acuerdo que es necesario para asegurar que nuestros policías tengan lo necesario en sueldo y cuando se retiren”.
En un punto aparte, González Falcón recomendó una enmienda para que la agencia pueda establecer procedimientos internos para la licitación y adquisición de bienes, obras y servicios que aseguren la transparencia y el uso adecuados de los fondos.
La legislación actual requiere que las agencias dirijan sus órdenes de compras a la Administración de Servicios Generales (ASG), pero exime a varias agencias de dicho trámite.
Por su parte la Lcda. Omara Arias Nieves del Departamento de Seguridad Pública (DSP) presentó la posición de Arthur Garffer, secretario de esta agencia que apoyó la medida, al señalar que “aunque reconocemos que la Ley 20, que creó el DSP ha logrado importantes avances en el ámbito de la seguridad de Puerto Rico entre sus componentes y con otras agencias gubernamentales, es importante aceptar que no es menos cierto que en lo que respecta al funcionamiento del Negociado de la Policía de Puerto Rico, éste ha enfrentado serios tropiezos desde su conversión de una entidad autónoma a un negociado adscrito a otra dependencia gubernamental”.
“Esta propuesta legislativa no solo reforzará el funcionamiento del Departamento de la Policía de Puerto Rico, sino que adelanta las operaciones del DSP y de los cinco negociados que permanecen adscritos al mismo, permitiéndoles reenfocar sus funciones como primeros respondedores y la integración de las distintas oficinas que manejan su administración”, señaló el memorial explicativo.
Mientras que el componente fiscal compuesto por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, avalaron la pieza ya que “contribuye a armonizar y modernizar el marco normativo aplicable a la Policía de Puerto Rico, al integrar en una sola ley disposiciones relacionadas con su estructura organizativa, escalas de rango, jornada laboral, programas de adiestramiento, entre otras responsabilidades.
“El proyecto también viabiliza la implementación ordenada de los protocolos requeridos bajo el Acuerdo para la Reforma Sostenible de la Policía de Puerto Rico. A través de la supervisión directa del nuevo Superintendente, se anticipa una mejor ejecución de controles de calidad, procesos estadísticos y programas de adiestramiento, conforme a los estándares federales, lo que contribuye a reducir riesgos de incumplimientos y posibles repercusiones financieras”, señaló el Lcdo. Luis Roberto Rivera Cruz en representación de AAFAF.
En su turno, la Lcda. Elba Cruz Rodríguez, asesora legislativa del Departamento de Justicia, sugirió una enmienda para incluir en el proyecto los programas para atender a los empleados víctimas de violencia doméstica en el desempeño de sus funciones o estén pasando por alguna situación que afecte su estabilidad emocional y por ende su aptitud para cumplir con sus responsabilidades.
