Empresarios por Puerto Rico (EPPR), organización sin fines de lucro que representa a líderes empresariales comprometidos con el desarrollo económico y social de la isla, expresó su firme oposición a la posible inclusión de Walgreens en la red de farmacias del Plan Vital, y advirtieron sobre “los riesgos contractuales, regulatorios y de política pública que esto podría generar”.
El presidente de EPPR, Elliot Pacheco Beauchamp, recordó que “En las vistas públicas de Transición Gubernamental, celebradas durante las primeras de semanas de diciembre 2024, tanto el secretario de Salud como la directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) confirmaron que la red actual de farmacias, compuesta por 943 farmacias, estratégicamente distribuidas en toda la isla, satisface adecuadamente las necesidades de los beneficiarios del Plan Vital.”
Pacheco Beauchamp agregó además que “No existe la documentación ni justificación requerida por contrato que establezca que la red de farmacias está mal atendida. Esta red ha sido diseñada bajo estrictos estándares locales y federales garantizando el acceso adecuado y continuo a los servicios de salud para los beneficiarios vulnerables del Plan Vital.”
El empresario compartió además las principales preocupaciones de EPPR ante la posible inclusión de Walgreens como farmacia proveedora dentro de la red del Plan Vital, entre las cuales se encuentran:
1. Violación de contratos vigentes: La entrada de Walgreens alteraría los términos contractuales entre ASES y el manejador de beneficios de farmacia (PBM), Abarca Health, lo que pone en riesgo la estabilidad de la red.
2. Impacto en la política pública: La red del Plan Vital fue diseñada para garantizar un acceso adecuado y sostenible, principios que podrían ser comprometidos si se añaden proveedores sin una justificación y documentación adecuada, según estipula el contrato vigente.
3. Historial de prácticas fraudulentas: Walgreens ha enfrentado múltiples acusaciones por fraude, incluyendo una multa en septiembre del 2024 de $106.8 millones por violaciones al False Claims Act (Ley de Reclamaciones Falsas) en el programa de Medicaid y Medicare. Este historial de fraude y abuso representa un riesgo significativo para la integridad del sistema de salud en Puerto Rico y la continuidad de fondos federales destinados a expirar en el 2027. Contratar con entidades fraudulentas o acusadas de fraude pone en riesgo y precariedad el programa de Medicaid.
EPPR, a través de su presidente, instó al Comité de Transición a “…rechazar y denunciar enérgicamente cualquier presión externa que busque distorsionar una red que cumple adecuadamente con las leyes y reglamentos tanto locales, como federales. Alterar esta estructura podría comprometer la renovación de los fondos federales que sostienen el sistema de salud y que están programados a expirar en 2027.”
“El historial de acusaciones de fraude a los programas de Medicaid y Medicare que han realizado las autoridades federales a Walgreens generan dudas sobre su compromiso con la salud pública. No podemos permitir que intereses y presiones externas pongan en riesgo los fondos federales de un sistema que ha demostrado ser adecuado, eficiente y sostenible. La política pública del gobierno debe centrarse en erradicar el fraude, utilizar y proteger los fondos federales, y promover una administración transparente”, señaló Elliot Pacheco, presidente de EPPR.
Finalmente, Pacheco Beauchamp sostuvo que “Empresarios por Puerto Rico (EPPR) reafirma su compromiso con el uso responsable de los recursos destinados al Plan Vital, así como con la integridad del sistema de salud de Puerto Rico. Hacemos un llamado al Gobierno a resistir las presiones externas e indebidas que buscan imponer decisiones apresuradas, violando los contratos vigentes y poniendo en grave riesgo la continuidad del sistema. Estas acciones, promovidas por actores externos, comprometen la estabilidad del sistema, y el acceso adecuado y sostenible a los servicios de salud que son financiados principalmente por fondos federales. Reiteramos la importancia de actuar con responsabilidad, transparencia y en defensa de los mejores intereses del pueblo puertorriqueño.”
