Por Diego E. Ortiz Castro
La crisis diaria que enfrenta Puerto Rico es bien conocida tanto por los puertorriqueños que viven en la isla como por los que residen en la diáspora. Todo comenzó en 1948, cuando se nombró a Luis Muñoz Marín como el primer gobernador electo democráticamente, decisión que resultó en la entrega del país y su pueblo a Estados Unidos. Desde entonces, han sucedido momentos históricos que agravaron la crisis económica, política y social actual. Un ejemplo puede ser el presidente estadounidense Bill Clinton la cual derogó de la Ley 936, que eximía corporaciones estadounidenses de pagar impuestos federales; también se ejemplifica con la instauración de la Ley PROMESA para manejar la crisis fiscal; y Ley de Cabotaje (“Jones Act”), la cual procede del 1920 y obliga a todo carguero a hacer una parada exclusiva en EE. UU. bajo bandera estadounidense antes de llegar a Puerto Rico, la cual impide un flujo directo de mercadeo/intercambio con otros países. Cuyo efecto minoriza el desarrollo económico y crea dependencia directa a EE.UU. Es importante tener en mente que nuestra isla es el puerto al mar atlántico, cuya importancia es imperativa para el acceso al caribe esto influye en los aspectos mencionados anteriormente añadiendo que Puerto Rico es un punto estratégico en aspectos de milicia. Dado que estas leyes fueron impuestas bajo la soberanía estadounidense, es evidente que la crisis puertorriqueña es sistemática y planificada. De igual forma, es importante enfatizar que la política económica de Estados Unidos es una de desigualdad, la cual se puede problematizar con el SNAP (programa de asistencia suplementaria de nutrición) vs. NAP (subvención en bloque), e incluso hay diferencias en la cantidad de fondos federales asignados por el congreso de Estados Unidos. Enfatizando el factor de que la cantidad de fondos asignados a Puerto Rico es menor que la misma establecida para los estados actuales en EE.UU. Como propulsores principales del colapso económico y político-democrático en Puerto Rico se identifican al gobierno federal de Estados Unidos, la Junta de Supervisión Fiscal, la jueza Taylor Swain y el bipartidismo político en la isla; ninguno tuvo la intención digna de servir al pueblo puertorriqueño, así perpetuando una tragedia nacional que lleva escenificándose desde mucho antes del 2005. Esta discusión no se limita a la politiquería del PNP o el PPD, sino que propone analizar el concepto de necropolítica en Puerto Rico cuya definición se establece por la sociología como: la subyugación de la vida al poder de la muerte. Lamentablemente, el sistema benefactor y opresivo genera histeria y shock para perpetuar así la corrupción. Por eso, insto a cuestionar, problematizar y transformar estos sistemas opresores para recuperar el control de nuestra sociedad y el futuro de nuestra querida isla del encanto.
