Por no entregar datos públicos sobre incentivos, exenciones y decretos otorgados a corporaciones relacionadas con la industria turística bajo el Código de Incentivos de Puerto Rico, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) demandó este martes al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
La periodista del CPI Damaris Suárez Lugo solicita específicamente, la información de 59 entidades de la industria del turismo que tenían decretos aprobados por la Oficina de Incentivos en 2024, y cualquier otra entidad cuyo incentivo, exención o decreto haya sido aprobado luego de 2024. Solicitó, para cada entidad, el nombre, tipo de actividad turística, ubicación, crédito concedido, los empleos nuevos generados, entre otros datos. Igualmente, requirió los documentos e información pública en los expedientes de las entidades beneficiarias y los informes anuales sometidos por la actividad exenta, así como los informes de procedimientos acordados (Agreed Upon Procedure) para cada compañía.
“Para poder fiscalizar de manera independiente las decisiones fiscales del Gobierno y el retorno de inversión que el país obtiene, la prensa necesita datos. En este caso, se trata de ingresos que el Gobierno decidió que no va a recibir, una actividad que se incentivó; pues hay que saber qué se logró con esa inversión”, comentó Suárez Lugo.
Mediante una carta, el Proyecto de Acceso a la Información de Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana (UIPR), que representa al CPI, solicitó al DDEC que divulgara la información en o antes del 29 de julio. La agencia se comprometió a responder el 5 de agosto, pero luego solicitó una prórroga adicional hasta el 19 de agosto, para “completar la gestión requerida” debido al “volumen de datos y la necesidad de analizarlos”.
Llegada la fecha límite, la agencia denegó la solicitud, refiriendo a la periodista a un enlace en la página web que ya ella tenía, pero que no contiene la información solicitada.
El DDEC no negó tener la información solicitada sobre incentivos gubernamentales vinculados a la industria de turismo, pero sostiene, invocando el Código de Incentivos, que no puede entregarla en el formato desagregado solicitado por la periodista del CPI. “Esta posición del DDEC no sólo es errada, sino que hace caso omiso tanto al Artículo 8 de la Ley de Transparencia Ley Núm. 141-2019, que exige que la información pública solicitada se entregará en el formato solicitado, como a su Cláusula de Interpretación, que mandata que toda lectura del estatuto sea interpretada en la forma más liberal y beneficiosa para la persona solicitante”, dice el recurso de mandamus presentado en el tribunal. En litigios anteriores entre el CPI y DDEC, el tribunal ha ordenado la divulgación de información pública de forma específica, desglosada y desagregada, incluso ante reclamos de confidencialidad ordenados por el Código de Incentivos.
“Lo que estamos pidiendo es información básica sobre el uso de fondos públicos en incentivos contributivos a la industria turística, información que debe estar disponible al país. No se trata de datos privados, sino de transparencia sobre quién recibe estos beneficios y en qué condiciones”, señaló Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.
En este caso, el CPI es representado legalmente por el abogado de la organización periodística, Carlos F. Ramos Hernández, además de Judith W. Berkan Barnett, Luis José Torres Asencio y Steven P. Lausell Recurt de la Clínica Legal de la UIPR.
