Por Centro de Periodismo Investigativo
Un grupo de organizaciones periodísticas y de la sociedad civil unió sus voces este martes en contra del Proyecto del Senado 63 (PS 63), que busca enmendar la Ley de Transparencia, y denunció que este desmantela el derecho constitucional de acceso a la información pública.
En una conferencia de prensa realizada en la Plaza de la Democracia, frente al Capitolio, portavoces de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), Sembrando Sentido, el Overseas Press Club (OPC) y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), repudiaron la intención del Senado de llevar la medida a votación sin un proceso de vistas públicas. Las entidades coincidieron en que la medida representa un nuevo retroceso en materia de acceso a la información pública, además de que restringe el derecho constitucional del pueblo a saber cómo opera su gobierno.
FACEBOOK LIVE
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1794243101226493
“El PS 63 es un proyecto innecesario que agrega más burocracia al acceso a la información pública. Hace más oneroso el proceso al ciudadano común al agregarle más requisitos [para solicitar información pública], limita el trabajo de los periodistas y le hace daño al pueblo, que no tendrá acceso a información a la que tiene derecho”, denunció la presidenta de la Asppro, Nydia Bauzá.
Además, el grupo planteó que en el texto del PS 63 no fue acogida ninguna de las recomendaciones presentadas por más de una decena de entidades de la sociedad civil que participaron en mayo de dos días de vistas públicas ciudadanas celebradas por el CAAPR. Todas las organizaciones rechazaron la medida y sus ponencias fueron enviadas a todos los senadores.
La presidenta del OPC, Gloria Ruiz Kuilan, coincidió en que el proyecto “es un duro golpe al acceso a la información pública”, tomando en cuenta que retrasa y debilita el derecho de los ciudadanos a fiscalizar el gobierno.
“La transparencia no es una concesión del Estado; es un derecho constitucional. Así lo reconoce el mismo Tribunal Supremo, lo confirman los organismos internacionales y lo exige una democracia madura y responsable”, manifestó.
La directora ejecutiva de Sembrando Sentido, Issel Masses, señaló que las enmiendas propuestas duplican los plazos de respuesta de las entidades gubernamentales, facilitan que la información pública pueda ser catalogada como confidencial y dejan desprotegida la privacidad del solicitante.
“Esta medida no fortalece la transparencia; lo que hace es desmantelarla. […] “En pocas palabras, aumenta la lentitud, la burocracia y la impunidad”, sostuvo Masses.
En declaraciones escritas, el director ejecutivo de Espacios Abiertos, Daniel Santamaria Ots, destacó que la Sección 4 del proyecto elimina la obligación de que las agencias entreguen la información en hojas de cálculo en Excel o archivos CSV, utilizados para procesos investigativos.
“Este cambio limita el acceso a datos procesables por computadora y obstaculiza la reutilización de la información pública para la investigación académica, la cobertura periodística, el análisis fiscal y la producción de conocimiento desde el tercer sector en perjuicio de su último beneficiario: el pueblo de Puerto Rico”, indicó.
El secretario ejecutivo de Unión de Periodistas, Artes Gráficas y Ramas Anexas (Upagra), Néstor Soto, se unió al rechazo indicando que las agencias públicas han utilizado la Ley de Transparencia para dilatar las gestiones de los periodistas en la búsqueda de información pública.
“En la medida que se crean más requisitos desalientan la búsqueda de información y obstaculizan el trabajo de periodistas, que son los que más pedidos hacen. Esto tiene el efecto de limitar el derecho del pueblo a estar informado de lo que hace su gobierno”, opinó Soto por escrito.
Retrocesos graves en transparencia
El PS 63 duplica los plazos de respuesta de las agencias, al extender de 20 a 40 días laborables el tiempo para atender solicitudes de información. Además, otorga a los jefes de agencia poder de decidir sobre la divulgación de datos, crea nuevas trabas burocráticas que facilitan el rechazo de solicitudes legítimas.
De aprobarse el PS 63, también se dificultará que organizaciones comunitarias obtengan la información necesaria sobre las obras, ordenanzas municipales y cualquier dato que les sirva para conocer y reaccionar de manera oportuna a las propuestas que se anuncian en sus pueblos o regiones. Asimismo, el proyecto impone barreras adicionales a ciudadanos sin acceso digital y propone sanciones simbólicas que no garantizan una transparencia efectiva.
“Aquí la información en manos del gobierno se presume pública. No se presume que deba ser escondida, de alguna manera dejada en unos archivos para que la ciudadanía no tenga acceso a ella. […] A mí, no me cabe duda de que no hay otro fin que no sea ocultar, esconder y que personas como ustedes, como nosotros y el resto de la ciudadanía se vean todavía más privadas de tener acceso a la información”, expuso Kevin Rivera, segundo vicepresidente del CAAPR.
Santamaria Ots señaló que la medida incrementa la carga administrativa sobre el Poder Judicial, ya que el Tribunal de San Juan tendría que procesar toda petición de información y atender un mayor volumen de recursos especiales por solicitudes no contestadas.
Por su parte, la directora editorial del Centro de Periodismo Investigativo, Wilma Maldonado Arrigoitía, se sumó a las declaraciones con un llamado a la gobernadora Jenniffer González a expresarse cuanto antes y comprometerse a no firmar el Proyecto del Senado 63.
“La controversia se resolvería si ella asumiera ese liderato”, dijo Maldonado.
Entre las entidades que se unieron al rechazo al PS 63 estuvieron Kilómetro Cero, la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda, Ayuda Legal Puerto Rico, Amnistía Internacional, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la Federación de Pescadores, María Fund, 9 Millones, Todas, Bonita Radio, la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacía (FURIA), el Resiliency Law Center, así como estudiantes y docentes de facultades de comunicaciones del país y representantes de otros medios de comunicación.
Llamado al Senado
Las entidades hicieron un llamado urgente a los senadores y senadoras a votar en contra del PS 63 y a proteger el derecho constitucional de acceso a la información.
“Nuestro llamado es a que se detenga la medida, que no se le dé paso”, planteó la presidenta de la Asppro, quien propuso que el proyecto se devuelva a comisión y se lleven a cabo vistas públicas.
“Rechazamos rotundamente este proyecto de ley porque representa un retroceso histórico, porque tira por la borda el derecho constitucional a saber, normaliza la dilación y abre las puertas a la censura institucionalizada”, agregó la presidenta de la OPC.
Las organizaciones reiteraron su compromiso con la defensa del derecho del pueblo a saber y con la construcción de un gobierno verdaderamente abierto y transparente.