La Cámara de Representantes se apresta a aprobar mañana una medida que designa una escuela en desuso por cada municipio para que sirva de refugio en caso de una emergencia, como el impacto de fenómenos atmosféricos, incluyendo huracanes, así como terremotos.
El Proyecto de la Cámara 32, de la autoría del presidente del cuerpo legislativo, Carlos ‘Johnny’ Méndez, requiere a los secretarios de los departamentos de la Vivienda y Educación evaluar las escuelas públicas identificadas en desuso mediante la Ley Núm. 124-2015, conocida como ‘Ley Especial de Identificación de Escuelas en Desuso’, a los fines de designar al menos una de estas escuelas por municipio para que sirva como refugio en caso de emergencia, al igual que designar al menos una escuela en desuso por zona, según la División de Zonas del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, para que sirva de refugio para familias que al menos uno de sus miembros requiera de atenciones médicas o de salud especiales.
“Reconociendo la vulnerabilidad de nuestra isla ante la amenaza ocasional de fenómenos atmosféricos y la actividad sísmica propia de nuestra ubicación geográfica, y cumpliendo con un interés público, es deber de esta Asamblea Legislativa promulgar legislación a los fines de que nuestros municipios, sus comunidades y las familias con miembros que tengan limitación de movilidad o requieran de cuidados médicos especiales, cuenten con refugios preparados para acoger a estos ciudadanos cuando estén en peligro, hayan perdido su vivienda o acceso a acogida entre sus familiares o personas cercanas durante un estado de emergencia”, expresó el líder legislativo en la Exposición de Motivos del proyecto.
“Condicionar estos planteles en desuso y tenerlos disponibles en caso de una emergencia no solo ofrecerá seguridad a los ciudadanos vulnerables, sino que el uso de estas instalaciones evitará que se interrumpa el periodo lectivo de nuestros estudiantes o su retorno a clases”, añadió el también representante por el Distrito #36 que comprende los municipios de Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Vieques y Culebra.
Para los miles de puertorriqueños y puertorriqueñas que tienen alguna discapacidad física, mental, médica, sensorial o cognitiva, las emergencias de la naturaleza como las experimentadas durante y posterior al paso del huracán María y los sismos ocurridos en el área sur de Puerto Rico a principios de enero de 2020, constituyen un reto aún mayor. Lo mismo sucede con las personas de edad avanzada y otros con necesidades médicas especiales. Proteger a esta población y proteger a sus familias cuando ocurre una catástrofe exige planificar con anticipación la provisión de acogida segura y servicios de salud de emergencia.
Los planteles que se podrían utilizar como refugio son aquellos que, de acuerdo a los parámetros de la Ley Núm. 124-2015, su titularidad pertenece al Departamento de Educación y las cuales ya han sido designadas como en desuso.
Las representantes Omayra Martínez y Tatiana Pérez se hicieron coautoras de la pieza legislativa.
