por: Dr. Edgar León
Durante la última década, el sistema central de gobierno de Puerto Rico se ha dedicado, con alarmante consistencia, a delegar sus responsabilidades mediante la subcontratación. Lo que en su momento pudo parecer una medida pragmática, se ha revelado como un costoso ejercicio de intermediación que solo añade burocracia, ineficiencia y, en última instancia, un servicio deficiente para los ciudadanos que dice servir. ¿Para qué necesitamos un gobierno central que se limita a ser un mero agente, inflando los costos y entorpeciendo la entrega de servicios esenciales?
Un sistema central de gobierno debería ser un facilitador, un ente que simplifica y agiliza la vida de sus ciudadanos. En Puerto Rico, lamentablemente, se ha convertido en un obstáculo, en una gigantesca agencia de empleo para los partidos políticos de turno, donde la eficiencia y el bienestar público a menudo quedan relegados a un segundo plano.
Mientras el resto del mundo avanza hacia la descentralización y la democratización de los servicios públicos, Puerto Rico parece anclado en un modelo obsoleto. Naciones enteras están reduciendo sustancialmente sus estructuras gubernamentales centrales, apostando por sistemas locales ágiles y eficientes. La tecnología y la inteligencia artificial se han convertido en pilares para consolidar información y optimizar la prestación de servicios directamente a los ciudadanos.
Es inaceptable que Puerto Rico mantenga un aparato gubernamental central sobredimensionado. Con cerca de 140 agencias, superamos en número a la mayoría de los estados de Norteamérica, a pesar de tener una población significativamente menor. Esta proliferación de entidades solo contribuye a la duplicidad de funciones, la ineficiencia y el despilfarro de recursos que bien podrían destinarse a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños.
Durante demasiado tiempo, se ha perpetuado la falsa creencia de que la función del gobierno es crear dependencia. Los resultados están a la vista: servicios esenciales en precario, agencias públicas en bancarrota y un gobierno central que ha demostrado una incapacidad manifiesta para administrarse. Ante este panorama desolador, la pregunta es inevitable: ¿para qué lo queremos?
Ha llegado el momento de un cambio radical. Cada alcalde debe tomar las riendas del futuro de su pueblo y emanciparse de la asfixiante tutela del sistema central. Es hora de que los municipios busquen activamente empresas que inviertan y generen empleos a nivel local. Es hora de transformar los residuos en energía, liberándose de costosas dependencias externas. Es hora de romper el monopolio de las comunicaciones y la internet, abriendo paso a la innovación y la conectividad para todos.
Es hora de rescatar nuestras escuelas públicas del yugo de la politiquería y convertirlas en verdaderos centros de aprendizaje, donde se fomente el pensamiento crítico y se prepare a las futuras generaciones para un mundo competitivo. Solo a través de la autonomía y la gestión local eficiente podremos sacar a nuestra isla del pozo de la ineficiencia y la falta de oportunidades en el que se encuentra sumida.
La descentralización no es una utopía, es una necesidad urgente. Es el camino hacia un Puerto Rico más próspero, eficiente y donde los ciudadanos sean los verdaderos beneficiarios de los servicios públicos. Es hora de que los alcaldes tomen la iniciativa y lideren esta transformación. El futuro de nuestra isla está en sus manos.
