Con alivio, pero también con determinación, la presidenta de la Asociación de Centros de Cuidado y Desarrollo de Niños (ASOCUIDA), Virmette Maldonado García, celebró la firma de la Orden Administrativa 2025-620 por parte del Secretario de Salud, Dr. Víctor Ramos Otero, que extiende a tres (3) años la vigencia de la certificación de antecedentes penales requerida por la Ley 300-1999, para empleados y proveedores de servicios a la niñez temprana.
Esta acción, afirmó Maldonado García, representa un gran paso para los centros de cuidado infantil en la Isla, pero advirtió que debe convertirse en una política pública permanente mediante legislación. En ese sentido, expresó el respaldo de ASOCUIDA al Proyecto del Senado 667, aprobado el pasado 23 de junio de 2025, que propone establecer por ley la vigencia a tres años del certificado, facilitar el trámite mediante oficinas regionales y mejorar la coordinación del sistema a cargo del Departamento de Salud.
“Esta extensión no solo nos ha dado un respiro. Es, en la práctica, una solución concreta a una de las trabas más frustrantes que enfrentamos al contratar y retener personal. Reclutar hoy día es cuesta arriba, y cuando una persona interesada se enfrenta a un proceso burocrático largo, costoso y poco claro, muchas veces se retira. Otros, al llegar el momento de renovar, simplemente optan por irse. Esto afecta la estabilidad de los equipos de trabajo y la continuidad de los servicios para los niños,” sostuvo Maldonado García.
Además del impacto en recursos humanos, la dirigente señaló que el proceso de renovación anual también retrasaba gestiones ante otras agencias gubernamentales, incluyendo licenciamiento, permisos y reembolsos, lo cual afecta la operación diaria de los centros. El cambio administrativo ya está generando efectos positivos.
“El estrés ha bajado tanto para los centros como para el propio personal de Salud. Hay menos retrasos, más continuidad y mayor estabilidad para todos. Pero sabemos bien que lo que se logra mediante una orden administrativa puede eliminarse con el cambio de administración. Por eso urge que se convierta en ley,” añadió.
ASOCUIDA también hizo un llamado a la gobernadora Jennifer González a respaldar esta política pública como parte de su compromiso con la desburocratización del gobierno y el acceso a servicios esenciales. Para la organización, esta orden administrativa atiende reclamos que llevan años repitiéndose desde el sector de cuido infantil. “Aunque se nos escuchaba año tras año, nunca hubo ejecución,” puntualizó.
“Sabemos que esta reforma, además de urgente, es posible. Ya se ha implementado con éxito a nivel federal y en múltiples estados. Ahora le corresponde a nuestra Asamblea Legislativa actuar con responsabilidad y darle permanencia a esta medida que protege tanto a la niñez como al personal que les atiende,” concluyó Maldonado García.
ASOCUIDA representa a alrededor de 500 centros de cuidado y desarrollo infantil en Puerto Rico, sirviendo como voz activa en los temas de política pública, capacitación y fortalecimiento institucional del sector.
